Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Los presos políticos vascos de la prisión de Puerto III están realizando movilizaciones para denunciar que los presos de esa misma cárcel Xabier Garcia Gaztelu e Ibai Beobide se encuentran en aislamiento y para que sean trasladados a módulo. Para ello los presos políticos vascos de la prisión de Puerto III rechazan la bandeja de la comida todos los viernes. Y la semana pasada los dos presos que se encuentran en aislamiento realizaron ayunos el lunes y el viernes.

El nuevo director de la prisión ha comunicado a los presos que Garcia y Beobide saldŕan de aislamiento, pero no les a concretado cuando será.

Por otra parte, los presos de Puerto III están teniendo problemas con la asistencia médica. Por falta de médicos, tienen problemas para poder realizar las consultas con el médico.

Nota de ETXERAT

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Las denuncias de malos tratos realizadas por varios internos de la cárcel de A Lama llevaron el pasado 8 de mayo al diputado Carlos Aymerich Cano a presentar ante la Mesa del Parlamento Gallego, para su respuesta por escrito, una pergunta a la Junta de Galiza relativa al serio deterioro de los derechos que se vive en este centro penitenciario.

En la pregunta se citan tres casos: el de Juan José N.R., trasladado a la enfermaria después de haber sido víctima de duros malos tratos por varios funcionarios de centro; el de Roberto F.P., a quien se suprimió arbitrariamente la medicación pautada -lo que provocó la pérdida de 20 kgs. de peso- y se encerró después en una celda de confinamiento solitario; y el de Roi A.B., víctima de una dura agresión por parte de varios funcionarios del centro y también encerrado después en confinamiento solitario sin atención médica.

El diputado pregunta a la Xunta si va a instar al gobierno español al esclarecimiento de los graves hechos denunciados por internos de la prisión y qué medidas piensa promover al ejecutivo gallego para asegurar el respecto de los derechos humanos en las cárceles gallegas.

VER: Pregunta diputado de BNG a la Xunta por malos tratos en A Lama

VER: Comunicado Sobre El Grave Deteriodo De Los Derechos Fundamentales En La Prisión De A Lama: Denuncias De Torturas y Maltrato

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

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Más de diez mujeres, acompañadas de sus familiares, marcharon desnudas desde la Torre Colpatria al Palacio de Justicia. Entre gritos, reclamaron los derechos de sus seres queridos. La mujer que organizó la marcha de esposas y madres de presos que desfilaron desnudas el viernes, desde la Torre Colpatria hasta el Ministerio de Justicia, se llama María Piedrahíta. Tiene 57 años, los senos caídos, las piernas gruesas y una voz aguda con la que gritó durante más de una hora: “¡Abajo los muros de las prisiones, hay que pelear por los derechos en las cárceles!”. Aunque esperaba alrededor de 30 mujeres en la marcha, sólo 11 se atrevieron a quitarse sus pantalones y camisas por los más de 95 mil presos que hoy hacen parte de la población carcelaria del país. Sin embargo, la protesta cobró relevancia una vez se unieron más de 50 familiares, con pancartas y camisas, que exigían el trato humano dentro de los centros penitenciarios.

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A pesar del discurso oficial, comunicado por varios representantes de la Seguridad del Estado, a través de la rueda de prensa, en el que dicen que aquí no pasa nada, podemos escuchar otras voces que nos afirman lo contrario

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Existen realidades cuya obviedad parece disculpar su definición sin repararse en que las evidencias son a menudo recipientes que cada sujeto rellena como le apetece. De esa forma, cuando se habla sobre ellas se comparten sus significantes pero no sus significados Si pensamos en la tortura, en efecto, ¿quién reconocería ignorancia o dudas respecto de su sentido? Muy pocos, si acaso alguno, en nuestra sociedad que, dicho sea de paso y por plantar un dato inquietante, la prohibiera hace 250 años (de dónde tanta memoria colectiva de un hecho tan antiguo); con lo que ya decimos algo de ella: su condición de realidad arraigada en nuestra cultura.

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Mientras recortan cada vez más el presupuesto de la sanidad, la educación y los servicios sociales, lo que supone desmantelar los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más a consecuencia de la crisis), el gobierno aumenta los recursos destinados al internamiento forzoso de menores. Incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público. Empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de media más de 5.000 euros al mes por cada menor con plaza concertada con las Comunidades Autónomas.

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