Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Según http://www.afaprema.com/: «Esta semana estamos recibiendo varias quejas de familiares de presos que están siendo cacheados antes de entrar a los vis a vis familiares e íntimos, sin que se les dé más explicaciones que el hecho de que se trata de una medida que se toma de forma aleatoria. Hasta el momento, teníamos conocimiento de los cacheos realizados a familiares de presos de ETA, que el Tribunal Superior de Madrid respaldaba en una sentencia de marzo de 2011. Pero ¿se están ampliando estas medidas a familiares de presos de diferentes tipologías delictivas sin mayores explicaciones? De hecho, los controles se están llevando a cabo también con perros policía en las taquillas que los centros penitenciarios disponen para el uso de los familiares, donde estos guardan sus pertenencias personales antes de acceder al centro penitenciario. Otra de las denuncias, explicaba cómo el pasado sábado, en el Centro Penitenciario Madrid V Soto del Real, algunos familiares tuvieron que abrir dichas taquillas mientras varios guardias civiles revisaban las pertenencias de familiares y el hijo pequeño de una de ellas, en busca de droga, sin que los cuerpos de seguridad hallasen ninguna sustancia finalmente. ¿Es necesaria esta práctica?»

Ver: ¿Quién Entra Estas Ingentes Cantidades De Droga En Las Cárceles?

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La aproximadamente trigésima reforma del Código Penal de 1995 inicia su andadura como Anteproyecto en uno de los últimos Consejos de Ministros anteriores a las vacaciones de agosto. Y aún nos espera la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que ya se anticipa que va en la misma línea ideológica.

La línea político-criminal sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social.

Política criminal

Denunciamos las condiciones de encarcelamiento en la que se encuentran las mujeres presas en la  nueva macro-cárcel de Zaballa y, en particular, la grave situación que se da en las celdas especiales de aislamiento para mujeres en las que se aísla y vigila a aquellas con riego de suicidio, como presunta medida “preventiva” para evitar que se quiten la vida.

Ésta medida coercitiva sin embargo resulta contraproducente porque como vamos a relatar, las condiciones inhumanas de confinamiento en esas celdas de aislamiento, relatadas por las propias mujeres encerradas en ellas, no hacen sino agravar más el riesgo de empeorar su salud mental y por tanto de suicidio. Además se convierte a veces en una medida de aislamiento encubierta para apartar a mujeres con patologías mentales graves del resto de las presas.

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Este pasado 19 de Julio, Juan Carlos Santana, preso durante mucho tiempo en la prisión de Ponent y activo en la Campaña contra las torturas y malos tratos en las prisiones fue a declarar al Juzgado de Lleida. Lo hizo como denunciante, por una paliza que los carceleros le dieron el pasado 21 de Marzo del 2012. Esperamos que esta denuncia eche adelante y se celebre el juicio contra los torturadores.

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En la confluencia entre una sociología de la vigilancia, una sociología de las profesiones y una sociología de las resistencias infrapolíticas en medio autoritario, esta contribución propone una etnografía de la vigilancia humana y tecnológica en el establecimiento penitenciario para menores entendido como un territorio singular pero emblemático del control social. De esta suerte, la investigación empírica, original, ha permitido desencriptar no ya el funcionamiento de un panóptico omnisciente, sino el de un espacio penitenciario fragmentado, donde cada subespacio —pasillos de circulación, celda, unidad de vida, polo socioeducativo, polo médico—se halla sometido a una prueba de visibilidad y a unos envites específicos estructurados mediante negociaciones conflictivas tanto entre diferentes cuerpos profesionales (educadores,vigilantes, profesores, personal sanitario) como entre presos y profesionales. El análisis de las prácticas de vigilancia pone así de manifiesto la complejidad de la economía relacional en situación de reclusión y las modalidades negociadas pero asimétricas de la producción del orden.

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La cárcel mata

Según viene publicado en el diario El País, los recortes en el presupuesto de Justicia de varios Estados de la Unión han obligado a sus dirigentes a adoptar medidas de ajuste, algunas tan drásticas como la puesta en libertad de varios de los reclusos, para afrontar el descenso de fondos destinados a los centros penitenciarios. La prisión del condado de Lane, en Oregón, autorizó este mes la salida de la cárcel de 92 prisioneros, algunos de ellos condenados por asesinato. En Utah y Colorado están pendientes de aprobación sendas propuestas de ley que podrían poner en la calle a unos 847 delincuentes, para adaptarse a la reducción de sus partidas económicas.

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«Con el nacimiento de las reservas terapeúticas la institución penitenciaria española pone en juego su destino social. El nuevo formato de estigmatización busca redefinir operativamente los amigos, aquellas personas merecedoras de tratamiento, y los enemigos, las personas indignas de ayuda, de la institución penitenciaria. A través de una serie de alteraciones de la percepcion social de los destinatarios del castigo, muda la percepción social de la cárcel que a partir de ahora puede ser, al mismo tiempo, un espacio colectivo de rehabilitación social, un servicio educativo, una clínica para la reinserción laboral: la curación deviene sinónimo de castigo y viceversa.

Módulos de vergüenza

Iñaki Rivera Beiras aborda los siguientes temas: La cuestión carcelaria, la «Cárcel Real», políticas de criminalidad contemporánea, la demagogia punitiva y el fracaso del Sistema Penal, torturas y resistencias a la cárcel

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EL Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) sentenció el pasado 10 de julio que la denominada doctrina Parot viola los derechos humanos, al menos los de la recurrente Inés del Río Prada. Había sido condenada a más de 3.000 años de cárcel pero siguiendo las leyes penales vigentes en el momento en que cometió los delitos y la interpretación que durante décadas se usaba por los tribunales para calcular el máximo que cumpliría, su pena real, a efectos prácticos, no superaría los 20 años en prisión como resultado de descontar 10 años por «redención de penas por el trabajo». Para el profano en derecho resultará chocante que se condene a miles de años y que luego solo se cumpla un máximo, por ejemplo, de treinta como correspondía con el Código Penal de 1973. Pero resulta que en todos los países de nuestro ámbito de cultura existe un consenso general en que se establezca un límite por razones de humanidad y por dejar la posibilidad abierta de que el cumplimiento de la pena permita una evolución hacia la reinserción del penado. La cultura de los derechos humanos ha imprimido un poso de civilización en la reacción punitiva del Estado que permite conjugar justicia con una atención a dar oportunidades de recuperación al preso al que se debe considerar, pese a sus crímenes, como un ciudadano y no como un enemigo al que se debe eliminar (pena de muerte) o hacer inocuo (pena perpetua no revisable). Por eso hay límites absolutos de cumplimiento.

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