La sección segunda de la Audiencia de Castellón ha ordenado reabrir la causa por las supuestas torturas y maltrato sufridos por un preso de la cárcel de Albocàsser (Castellón).
El interno, de origen magrebí, presentó una denuncia el 8 de mayo de 2011 en la que explicaba que había sufrido malos tratos y vejación, abuso de poder y torturas.
El denunciante tildaba a los trabajadores del centro penitenciario de «asesinos» y afirmaba tener el cuerpo lleno de callos de los golpes recibidos.
El 17 de diciembre del pasado año, A.P.R., actualmente interno en A Lama, presentó denuncia contra varios funcionarios de la cárcel de Teixeiro por torturas y falta de asistencia médica adecuada. La violencia de la agresión de la que fue víctima le provocó una hemorragia interna, la fractura de dos arcos costales y la rotura del bazo, que tuvo, de ser extirpado.
Se denomina macro cárcel al conjunto de construcciones carcelarias que arquitectónicamente se empiezan a desarrollar a finales de la década de los 70 en el Estado Español –bajo la denominación de cárcel de máxima seguridad o centro pe- nitenciario de Régimen Cerrado– y cuyos orígenes se remontan a Alemania y Estados Unidos. La idea partió del entonces Ministro del Interior Martín Villa tras venir de la República Federal Alemana, que a su vez había copiado por así decirlo el modelo estadounidense. La prisión modelo a la que se in- tentaba asemejar el modelo español era la cárcel de Stammheim “la cárcel trataba de cubrir un espectro amplio, desde el preso considerado común o social hasta el considerado terrorista y también su reciclaje o inutilización del individuo, para reducirle a niveles cuasi vegetales de pasividad y despersonalización” 1.
Supongo que cuando los políticos y el Cuerpo Jurídico, con la Judicatura a la cabeza, hablan de rehabilitación, en realidad no es más que un eufemismo de “reinversión de capital”, ya que en la actualidad, las cárceles no son más que meros negocios con mano de obra esclava.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a dos años de prisión a un jefe de servicio del centro penitenciario de El Acebuche, acusado de abusar sexualmente de dos internos. En la sentencia del magistrado Luis Miguel Columna se considera probado que durante el mes de julio de 2008 el procesado ordenó «sin motivo aparente» una serie de «cacheos con desnudo integral» a varios presos. Estos cacheos los realizó «personal y directamente sin utilizar guantes» el funcionario de prisiones, y durante los mismos tocó con «ánimo libidinoso» el pene y los testículos de uno de los internos que los toleró al creer «que era la forma ordinaria de realización del cacheo».
El día de la última huelga general, 14 de noviembre de 2011, la policía detuvo a Anfonso Fernández Ortega (Alfon), un chico de veinte años, los jueces lo pusieron en prisión provisional y el director de la prisión de Soto del Real, en Ciudad Real, le impuso un régimen penitenciario especial.
Derecho penal y #AlfonLibertad
Se le acusa de tenencia de sustancias o aparatos explosivos. En la foto de la Policía Nacional publicada ¡a título personal! por la Delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, se ven unos aerosoles de graffiti, unas botellas con algún líquido supongo que inflamable, ¿mechas? y un petardo. Tipificar como un delito con pena de cuatro a ocho años de cárcel la tenencia de materiales para hacer un cóctel molotov como si se tratara de dinamita, goma 2 o semejantes se evidencia como una desproporción clara.
La evolución del Código Penal desde 1995 ha sido en la línea de endurecimiento: más delitos, más penas. L a sociedad ha tomado caminos vindicativos y sólo ve la cárcel como solución al delito. Y se equivocan: más delitos y más penas, no se traduce en más seguridad, sino, sólo, en más presos. Al final, la coartada política es el cuidado y el respeto a la víctima; y en la realidad, se la maltrata y desoye. Y, con ello, algo más grave, se queda sin saber la verdad de lo ocurrido, ni es reparada en muchas ocasiones y, en cambio, es maltratada institucionalmente a lo largo del proceso penal.
Seis años después de que la inventara el Estado español -paradójicamente en un momento en que su gobierno conocía que se avecinaba un alto el fuego de ETA y que iba a aflorar un proceso de negociación con meses de recorrido-, en marzo llega la hora decisiva para la «doctrina Parot». La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará el día 20 si ratifica la sentencia de julio que no solo declaró ilegal la extensión de la condena a Inés del Río, sino que tumbó toda esa doctrina que ha sido aplicada a casi un centenar de presos en estos años. Y con ello, Estrasburgo puede marcar un punto de inflexión en la política penitenciaria estatal. Pero Didier Rouget, que dirige la demanda de la presa tafallesa en colaboración con Amaia Izko, saben que no será fácil. Sobre todo porque, consciente de su debilidad argumental tras el fallo unánime de julio, el Estado español ha decidido jugar esta partida a grande y cuestionar la jerarquía de la decisión europea, argumentando que no tiene competencias sobre el caso, para lo que puede contar con el apoyo de otros estados reticentes al pronunciamiento del Tribunal Europeo. Así están las cosas a 80 días vista de esa cita que marcará, para bien o para mal, este 2013.
