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Los sindicatos de carceleros CSIF y ACAIP se alarman ante las muestras de solidadidad con los amotinados represaliados de Quatre Camins y dan la voz de alarma a Serveis Penitenciaris, que pide que se extremen las medidas de seguridad los propios funcionarios y la vigilancia de determinados grupos de presos.

El primer día declararon la totalidad de los acusados, que negaron el maltrato a los presos. El subdirector médico de Quatre Camins, Xavier Martínez, admitió “cierta contundencia” y “uso de la fuerza” contra los presos que se resistían. Martínez admitió también la posesión de la defensa de goma, pero negó que la utilizara. Aún así, el subdirector médico admitió que “dos o tres” presos llegaron con heridas “leves” después de asegurar no recordar ninguna agresión y dudar sobre si se obligó a  los internos a desnudarse. Durante el interrogatorio, Martínez acabó confesando que ascendían a diecinueve los presos heridos y que “se ayudaba a andar más rápido los presos que no querían andar” sin especificar en que consistía esa ayuda. En general, los funcionarios -la mayoría de los cuales no respondió las preguntas de la acusación- negaron haber visto agresiones a presos durante el traslado, pero plantearon incoherencias y contradicciones en sus declaraciones, como por ejemplo hablar sobre los traslados tras haber negado haberlos presenciado.

El juicio por torturas  ha proseguido  con la declaración como testigos de tres presos que fueron agredidos tras el motin. Los tres testigos han asegurado al magistrado de la Audiencia de Barcelona que el exsubdirector médico de Quatre Camins, Xavier M.R., les agredió como represalia tras la insurrección, cuando fueron trasladados a la sala de ingresos de la prisión. Estos testigos contradicen la versión del exsubdirector médico, Xavier Martínez Redondo, que cuya firma quedó estampada en un informe en el que quedó constancia del estado en el que fueron trasladados los reclusos. Sin embargo, Martínez Redondo aseguró que se vio obligado a firmar el documento por el director de la cárcel y que no se hace responsable de su contenido.

El subdirector médico −acusado de golpear a ocho reclusos con una porra de goma− se negó a contestar las preguntas de las acusaciones particulares y la popular, y aseguró que él no agredió a nadie. Pese a ello, acabó admitiendo que 19 de los reclusos sufrían lesiones en el momento del traslado y reconoció «una cierta contundencia en las acciones contra los presos» de los funcionarios. «Si un preso venía por el pasillo y no quería caminar, se le ayudaba para que caminara rápido», añadió, sin especificar cómo se realizaba dicha «ayuda».