Los enfermos mentales se siguen hacinando en los centros penitenciarios, donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.
De los 15.500 internos andaluces, alrededor de 1.250 padecen enfermedades mentales graves y otros 6.200 sufren trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. La prisión, por tanto, se convierte para estos enfermos en un sustitutivo inapropiado ante la falta de recursos asistenciales, evidenciando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.
La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención social y sanitaria y, menos aún, para facilitarles su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica que se deje que enfermos mentales se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según prioridades políticas, y a los políticos parece importarles muy poco estos enfermos. La Junta se comprometió mediante un Convenio a realizar una intervención eficaz y global; sin embargo, hasta ahora solo se ha realizado de forma puntual, con unos pocos y afortunados enfermos.
