Enfermos Mentales En Prisión. Los Olvidados De La Sociedad

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Los enfermos mentales se siguen hacinando en los centros penitenciarios, donde malviven con la doble condena de estar enfermos e indefensos en un lugar que no les corresponde y que no está preparado para albergarlos.

De los 15.500 internos andaluces, alrededor de 1.250 padecen enfermedades mentales graves y otros 6.200 sufren trastornos mentales y de la personalidad. La mayoría de ellos se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos, y su paso por tan duro ambiente agrava sus patologías en casi todos los casos. La prisión, por tanto, se convierte para estos enfermos en un sustitutivo inapropiado ante la falta de recursos asistenciales, evidenciando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia.

La Junta de Andalucía no está actuando para prestarles la adecuada atención social y sanitaria y, menos aún, para facilitarles su integración en la sociedad. La escasez de recursos no justifica que se deje que enfermos mentales se pudran en prisión. Los recursos se distribuyen según prioridades políticas, y a los políticos parece importarles muy poco estos enfermos. La Junta se comprometió mediante un Convenio a realizar una intervención eficaz y global; sin embargo, hasta ahora solo se ha realizado de forma puntual, con unos pocos y afortunados enfermos.

La administración penitenciaria -Ministerio del Interior-, por su parte, reduce por segundo año consecutivo su presupuesto de gasto sanitario y medicamentos en prisiones en un 7,83%.

Los servicios sanitarios de cada centro penitenciario atienden a entre 1.500 y 1.800 personas, por lo que resulta obvio que, a falta de un seguimiento psiquiátrico o psicológico, la asistencia apenas llega a la prescripción farmacológica, que, por otra parte, se ha visto mermada en los presupuestos.

La coordinación existente entre ambas administraciones, servicios médicos de las prisiones y el Programa de Salud Mental del Servicio Andaluz de Salud sigue siendo muy escasa fuera de la voluntariedad de algunos profesionales. La coordinación con los servicios sociales es nula, por lo que al salir de las prisiones ordinarias estas personas quedan abandonadas a su suerte; si no disponen de acogida y medios pueden encontrarse, literalmente, tirados en la calle.

Los recursos socio-sanitarios específicos en Andalucía para las personas enfermas de las prisiones ordinarias, tales como la rehabilitación para la recuperación de habilidades sociales y de inserción social y laboral en régimen ambulatorio, programas residenciales, programas ocupacional-laborales o programas de ocio y tiempo libre, o no están previstos o su previsión es tan escasa que resulta anecdótica.

Se incumple así el convenio del año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación de estas personas y su derivación a recursos comunitarios adecuados. Hoy en día, estos recursos siguen sin crearse ni reflejarse en las previsiones presupuestarias.

A pesar de todo ello, en el Día Internacional de la Salud Mental(10 de octubre), la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales intentará vender lo mucho que se desvive por este colectivo y lo prioritario que es para su administración.

APDHA

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