Pero si señalamos los artificios y las estratagemas que el Estado ha desplegado en esta operación no es para asumir y reivindicar el discurso que éste nos impone sobre la inocencia y la culpabilidad, sobre lo ilegal o lo legal, entre lo violento y no-violento o entre lo que nos dice que se puede hacer y lo que no. Todo lo contrario. Precisamente lo que han demostrado los responsables de la Operación Pandora es que están dispuestos a forzar todas estas categorías por tal de ganar lo que verdaderamente subyace a sus pomposos discursos sobre el crimen, el derecho y la legalidad: el conflicto social entre quien lucha contra el sistema establecido y quien lo defiende.
La mutación de la amenaza
La estrategia represiva evidencia que los Mossos d´Escuadra insisten en recurrir al concepto de terrorismo y a todos los engranajes jurídicos, penitenciarios y mediáticos asociados a él con el fin de golpear la disidencia política. A pesar de que en las notas de prensa el cuerpo policial autonómico y la consellería de interior han intentado remarcar que se han limitado a cumplir órdenes judiciales de Madrid, queda bastante claro que ha sido la misma Comisaría General de Información catalana –especialmente la Unidad de Análisis de Estrategias de Organizaciones (UCAE)–, la que ha estado a la vanguardia del proceso, esforzándose por crear artificialmente una organización-marco que dé vía libre a la carrera represiva contra el anarquismo en Cataluña. Recapitulemos:
A finales de octubre del 2012 se celebran las “Jornadas sobre inteligencia ante la radicalización”, durante las cuales Daniel Canals (sargento de la policía catalana y jefe de la UCAE) realiza una ponencia en la que señala el anarquismo “insurreccionalista” como amenaza terrorista potencial [1]. Canales mezcla superficialmente algunos tópicos de la sociología burguesa, una interpretación malintencionada de algunos autores del anarquismo post-industrial (Bonanno, Cavalieri, Bob Black) y cuatro textos anónimos que corrían por Internet hace 15 años para elaborar su particular “teoría “policial. Según Canals, del paradigma basado en organizaciones político-militares jerárquicas nutridas por militantes liberados que viven en clandestinidad se habría mutado a un modelo de terrorismo formado por “lobos solitarios” conectados a escala internacional a través de Internet y organizados horizontalmente en red (muchas veces sin que se conozcan entre ellos). Son –dice él– “terroristas a tiempo parcial” que hacen vida normal y que sólo de forma puntual realizan ataques, encontrándose totalmente diluídos en el cuerpo social. El único rasgo distintivo que diferencia a un “ciudadano” normal y uno de estos nuevos terroristas sería, por tanto, su radicalización ideológica, objeto de renovada importancia para el control social y policial.
Un año más tarde, Canals tendrá la oportunidad de valorizar y dar prestigio profesional a su delirio con la detención de los compañeros Francisco y Mónica por parte de la Policía Nacional española, en el curso de la investigación sobre el ataque a la iglesia del Pilar, llevada a cabo en colaboración con un Estado Chileno que había fracasado en condenarlos durante el fallido “Caso Bombas”. Será la UCAEO de los Mossos la que en el marco de este proceso enviará informes en la línea de la ponencia expuesta un año antes por Canals, introduciendo por primera vez el fantasma de la organización terrorista “FAI/FRI/GAC-Comando Mateo Morral “. De esta manera se mezcla calculadamente el nombre con el que se reivindicó la acción del Pilar (Comando Mateo Morral), la “marca” común que algunos otros grupos inconexos utilizan para reivindicar acciones (FAI-FRI) y las siglas de una coordinadora pública dedicada a la discusión y la propaganda (GAC) [2]. Nombres y siglas que han aparecido conjuntadas únicamente en los atestados policiales, y que tan sólo existen como unidad en las imaginativas mentes de los cretinos que habitan los despachos de los juzgados y las comisarías.
El concepto del nuevo terrorismo anarquista y del complejo “GAC/FAI/FRI” ha sido difundido socialmente por los medios de comunicación de masas y su propaganda, redactada por subperiodistas cercanos a los entornos policiales y siempre dispuestos a cacarear palabra por palabra cualquier estupidez que salga de las oficinas de prensa de la policía. Sin saber nunca dónde termina la criminalización policial y donde empieza la mediática, el acoso en forma de seguimientos y presiones sobre compañeras libertarias va combinándose con la publicación periódica de artículos alarmantes sobre el terrorismo anarquista, hasta que el día 16 de diciembre todo este proceso culmina en el estallido de la Operación Pandora y los hechos que todas conocemos: macro-despliegue policial, asaltos nocturnos, múltiples registros, saqueos de locales y domicilios, 11 detenciones, 7 compañeras encarceladas durante más de un mes… Las elucubraciones teóricas sintetizadas en los laboratorios de Egara [3] se materializan en efectos muy concretos y palpables para las vidas de siete compañeras, de sus entornos cercanos, y de más allá. De nuevo el espectro siniestro de “la lucha contra el terrorismo” recorre barrios y pueblos de madrugada con un mensaje de fuerza cargado por la razón de Estado: si te mueves, sea lo que sea lo que hagas, te puede tocar a tí.
Es precisamente este espectro particular la herramienta que ha posibilitado la cacería del anarquista protagonizada por los Mossos. Es el dispositivo que el Estado español lleva utilizando más de 30 años intensiva y extensivamente contra sus enemigos, creando situaciones de auténtico apartheid político para grandes sectores de la población rodeado de un consenso político y social silencioso que le ha permitido mantenerse disponible y operativo hasta nuestros días. Es el dispositivo antiterrorista.
Un fenómeno complejo
En uno de los incontables procesos contra el independentismo vasco que terminará con varias jóvenes encarceladas y dispersadas durante años por su militancia política, la otra gran protagonista de la tragicomedia Pandora, el juez Javier Bermúdez, cita la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el año 2002 [4]:
“[…] El terrorismo no es, ni puede ser, un fenomeno estático sino que se amplía y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal democrático en la respuesta obligada a este fenómeno complejo debe ir ampliando también el espacio penal de los comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas […] una organización terrorista que persigue fines pseudopolíticos intentará alcanzarlos no sólo mediante actos terroristas, sino también a través de actuaciones que en sí mismas consideradas no podrían ser calificadas como actos terroristas (movilizaciones populares no violentas, actos de propaganda política no violenta, concienciación popular de la importancia de los fines etc.).”
Aquí ya es explícita la tendencia expansiva a poner cualquier actividad política en el saco de los “comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas”. Esta tendencia supone un punto de ruptura con la propia definición histórica del delito de terrorismo, que a pesar de haber sido siempre un concepto ambiguo generador de inseguridad jurídica, originariamente partía de un hecho «violento» inicial.
De este modo, la batería de medidas represivas excepcionales que el concepto de terrorismo permite a todos los niveles (detención incomunicada, indefensión legal, aislamiento, dispersión, disparo de las penas…), son aplicables a todo tipo de conductas políticas, a menudo castigando relaciones personales de amistad y compañerismo (a partir de las cuales se crean organizaciones ilícitas), o argumentando criterios puramente ideológicos.
A pesar de que en la práctica todo esto significa poner en suspenso las libertades de asociación y expresión que teóricamente dan sustancia a una democracia liberal, escindiendo el ordenamiento jurídico en un Derecho ordinario para los ciudadanos y un Derecho especial para los enemigos, el antiterrorismo no es un lastre antiguo que impida al sistema democrático desarrollarse de forma correcta y natural. Es su producto genuino. Tal y como lo conocemos fue diseñado e implementado en los años 70 por las modernas democracias capitalistas europeas, concebido para neutralizar los movimientos revolucionarios de la época y sus expresiones más combativas. Con la derrota de aquellos movimientos y la victoria de la contraofensiva neoliberal, que encontró en la financiarización una válvula de escape provisional a los graves problemas sistémicos que se daban a escala global, el esquema de “la lucha contra el terrorismo” no sólo permaneció sino que fue desarrollándose en todas partes según las condiciones y las necesidades específicas de cada Estado.
El fulgurante proceso de sofisticación de las tecnologías de la información y la comunicación han catalizado este desarrollo represivo, sobreequipando a los Estados democráticos hasta un punto con el que los regímenes totalitarios fascistas de entreguerras nunca hubieran podido ni siquiera soñar. Por un lado, los aparatos estatales han sido los usuarios privilegiados de cada nuevo juguete de control social tecnológico. Por otra, la población cada vez es más dependiente de tecnologías que producen grandes volúmenes de información monitorizable por los gobiernos y las corporaciones.
En ausencia de unos movimientos revolucionarios fuertes y a la ofensiva, los Estados han ido anticipándose de forma inteligente a las inevitables y previsibles tensiones que estaban por venir, radicalizando los diversos aspectos del dispositivo antiterrorista y extendiéndose a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los últimos reajustes en la política antiterrorista, preparados desde hace tiempo pero introducidos precipitadamente justo después de los últimos atentados salafistas en Paris, son sólo la enésima vuelta de tuerca de este engranaje. [5]
Romper el cerco
La idea del “terrorismo anarquista”, del mismo modo que la idea de los “300 violentos de siempre” [6] y los alborotadores profesionales que se infiltran en movilizaciones o celebraciones de victorias futbolísticas –ideas con las que no han dejado de bombardearnos desde el reavivamiento de la conflictividad social y las luchas–, no tiene una dimensión únicamente jurídica. Tiene una función social. Tiene la función de construir el Enemigo Interno necesario para agrupar toda expresión o disidencia política considerada como irrecuperable y aislarla del resto de la sociedad.
Es un discurso que busca vacíar de contenido político estas expresiones, desconectarlas de sus causas y razones sociales, y situarlas en el terreno de los «delitos comunes» motivados por las desviadas inclinaciones psicológicas que algunos individuos sienten por la “violencia”. La narrativa del Poder sabe bien cómo cargar este discurso con los detalles y las explicaciones más morbosas y efectistas: los bomberos que de día salvan vidas y de noche las ponen en peligro, los criminales extranjeros que se desplazan por todo el mundo cargados de odio y de bombas, los estudiantes que se apartaron del buen camino y llevaron sus inquietudes sociales a los extremos fanáticos, las “novias de” que se vieron arrastradas por amor a los planes maléficos de sus hombres, o directamente las mujeres frías, astutas, violentas, fascinantes y odiosas en tanto que totalmente desviadas del rol que les corresponde.
El intento de fijar una nueva organización terrorista anarquista no obedece solamente a la intención de meter en la cárcel a unos cuantos individuos. Forma parte de un proyecto más amplio para establecer una estructura que en el futuro posibilite más operaciones y que funcione para la disuasión o eliminación de cualquier expresión de disidencia combativa. Junto con la nueva Ley Mordaza, las modificaciones en el código penal, la creación de bases de datos europeas de sospechosos políticos (UCPI) o el desarrollo privilegiado de las unidades antidisturbios, el dispositivo antiterrorista forma parte del nuevo conjunto de herramientas represivas que se aplicarán sobre los sectores sociales que en la fase actual se nieguen a ser reacomodados por la resignación y la falsa ilusión de la regeneración y del “cambio”. Entre la asimilación institucional y la pura y simple violencia represiva, los movimientos que se empeñen en confrontar a la continuidad del sistema un proyecto rupturista de revolución social, tendrán que encontrar la forma de romper el cerco con el que el Estado buscará aislarlos y asfixiarlos.
Ulrike Meinhof, una de estas mujeres insumisas y públicamente vilipendiadas de las que hablábamos antes [7], escribió: “La legalidad es una cuestión de poder”. Esto no sólo significa que las leyes se hacen y se aplican a la medida de los poderosos, sino que su capacidad para ejercerlas dependerá de la resistencia con la que se encuentren. Una ley que se topa con la desobediencia sistemática de la población que debería legitimarla, es una ley insostenible.
La impresionante oleada de solidaridad salida de la caja de Pandora ha sido una expresión de esta fuerza, la única capaz de tumbar la legalidad con la que quieren amordazarnos. Querían un rebaño conmocionado, sentado frente al televisor donde el Estado mostraba ante todos a los jefes de los enemigos públicos, y se han encontrado con unas calles llenas de gente determinada a desobedecer la consigna mediática de apartarse de los terroristas.
Con las manifestaciones, las acciones de todo tipo, las aportaciones económicas, y todas las demás muestras de apoyo, la solidaridad no sólo ha desafiado unas leyes que amenazan cualquier mínima muestra de apoyo a las personas castigadas, también ha levantado un mensaje claro en medio del bombardeo ideológico antiterrorista: Lo que realmente debería motivar preguntas e investigaciones no es por qué alguna gente ataca a este sistema criminal, sino por qué alguna gente todavía lo defiende. La lucha revolucionaria es legítima aunque sea declarada ilegal, y quien tiene que dar explicaciones no es quien se rebela contra una vida de miserias, sino quien nos la impone.
¡Solidaridad con todas las encausadas y perseguidas por luchar!
¡Libertad inmediata para Mónica, Francisco y todas las demás luchadoras presas!
NOTAS
[2] Los Grupos Anarquistas Coordinados se presentaron públicamente hace unos dos años con un comunicado en Internet (http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/21244) y una dirección de contacto, invitando a otros colectivos en formar parte de la coordinadora y elaborando a partir de entonces propaganda y un libro (http://www.traficantes.net/libros/contra-la-democracia) cuya tenencia y distribución es considerado por la policía como un indicio de delito terrorista.
[3] Complejo Central Egara: cuartel general de los Mosssos d´Escuadra (http://ca.wikipedia.org/wiki/Complex_Central_Egara).
[4] STS nº 546/2002 de 20 de marzo.
[5] Águeda, P. (2015). Catálogo de nuevos terroristas Según la reforma penal del PP y el PSOE (http://www.eldiario.es/politica/Catalogo-terroristas-reforma-PP-PSOE_0_3).
[6] Díaz-Toig, L., y Balanzà, A. (31 de marzo de 2012). «Radiografía de la ‘guerrilla urbana’. Quiénes son, cómo se organizan, cómo actúan y qué medios tienen los radicales que siembran el caos?» (http://www.ara.cat/especials/vagageneral29m/Radiografia-guerrilla-urbana).
[7] Durante los años 70 la participación activa de mujeres alemanas en la guerrilla urbana desencadenó una rabia y una consternación especial en la reacción mediática y represiva. La ruptura del ideal normativo de mujer pasiva, obediente, compasiva, etc. generó una demonización específica sobre ellas, como refleja la siguiente editorial del 2 de febrero del 77 en el diario Die Welt: “[las mujeres terroristas] no sólo están en guerra contra el enemigo de clase sino también contra su propia naturaleza interna. Esto hace que aún sean más desesperadas y violentas; hace que sean horrorosamente duras de corazón y despiadadas”. Esta descripción de la bruja terrorista contra-natura se ha ido alternando con el perfil de la mujer que generalmente hace tareas logísticas o de apoyo alejadas de la primera línea, muchas veces por amor a compañeros o familiares masculinos, imagen que proyecta sobre la «actividad terrorista» la división del trabajo establecida por la construcción dicotómica de los roles de género. La demonización de las mujeres ha sido una constante en la “lucha contra el terrorismo” practicada por los Estados, demostrando el arraigo de las estructuras patriarcales que hacen inconcebible el compromiso político activo y consciente de las mujeres con una práctica “violenta”.
