Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Quiero empezar mi historia reciente, el dia 16 de febrero y por consecuencia de no tomar azúcar, tuve varios mareos, fui llevado a la enfermería, allí me hicieron los controles normales, también de azúcar del cual di 39, la médica de guardia ordenó que me llevaran al hospital.

Mi sorpresa fue el despliegue tan grande, para llevar al hospital a un pobre enfermo por no tomar alimento.

Debo decir ante todo, que la huelga de hambre la inicié el 23 de enero y que el motivo, es la gran injusticia hecha conmigo, no quiero compasión sólo justeza.

Me vuelvo a referir a lo arriba expuesto, los componentes del cuerpo policial eran diez mossos de los cuerpos especiales, también habían unos ocho de los normales, en total dieciocho mossos para un pobre enfermo. Ahora me pregunto si soy un terrorista por sentirme ANARQUISTA, porque odio la violencia pero también odio el abuso de poder porque todos formamos parte de este planeta y nos consideramos seres humanos.

Por lo dicho quiero hacer hincapié, si el gobierno catalán se puede permitir un gasto tan enorme, dada la situación existente, para llevar al hospital un pobre enfermo. Cuál es la psicosis, que las medidas innecesarias sean tomadas por gente incompetente.

Tengo mucha tristeza en mi corazón, tanta gente pasándolo mal, por decisiones inadecuadas.

Empezaré diciendo que yo soy un pobre infeliz, que de común acuerdo entre la administración penitenciaria y la política, queriendo dar un escarmiento, también con la participación de los jueces y en concreto el sr.Gimeno, me condenaron a diecinueve años de prisión. Quizás en aquel momento la política vivía unos momentos delicados y para ello usaron el método de la contradefensa, para ello usaron las cabezas de turco, o sea la gente con más condena, y las condujo al mismo módulo provocaron una situación de maltrato, y usaron a un soldado, falto de iniciativa propia, como el sr.Tallón sub-director de la prisión, yo digo lo que pienso, porque después de investigar durante años he llegado a esa conclusión, el motín lo provocó la Generalitat. Si tú ves a un compañero sangrando mucha gente lo más lógico es que reaccione y luego un señor con tal cargo no tenga la suficiente psicología, para calmar la situación, con unas simples palabras: que va a investigar lo ocurrido. Y ahí hubiera resuelto el problema.

Ahora yo os digo, que no hice nada malo, sólo salvar un funcionario de que lo machacaran.

Qué puedo hacer yo, la única manera de luchar, es como lo hizo GANDHI, luchó por la libertad de su pueblo, yo lucho por mi libertad, y si para ello, tengo que ir de donde vine, iré, porque así será.

Antes de nada, quiero agradecer eternamente a todas las personas buenas su apoyo, pero también quiero recordar, que el individualismo, conlleva a nada.

Yo creo en la verdadera libertad, y eso sólo lo puede dar la ANARQUÍA.

José Antúnez Becerra

Fuente: barcelona.indymedia.org

José Antúnez

¿Qué diferencias hay entre la prisión permanente revisable y una cadena perpetua?

Los expertos en historia de la prisión sabemos que, en la práctica, 30 ó 40 años de prisión son casi imposibles de cumplir, la muerte del reo sobreviene antes, entre otras cosas porque el propio régimen prisional deteriora la salud física y psíquica de una forma letal. Quienes defienden ese tipo de pena, por más que puedan hacerlo en algunos casos desde el inmenso dolor de la víctima de un crimen atroz, han de ser conscientes de que lo que piden ni es humano ni es civilizado, su desproporción obedece al más puro instinto de venganza, ese que desde hace ya algunos siglos se ha considerado incompatible con una organización social civilizada.

¿Qué nos dice ahora el PP, qué nos descubre después de más de dos siglos de proyecto ilustrado?

El resumen del contenido formal que el PP –en solitario– ha querido darle a ese enunciado en su propuesta de nuevo Código Penal. Lo resumo aquí:

Se denomina «prisión permanente revisable». Es una pena grave y una pena privativa de libertad. Podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad: asesinatos especialmente graves, que son ahora definidos en el artículo 140 del Código Penal (asesinato de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad, o discapacidad física o mental); asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal; asesinatos reiterados (dos o más personas) o cometidos en serie; homicidio del Rey o del Príncipe; del Jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado que se halle en España; y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Dar muerte a un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes con propósito de destruir total o parcialmente dicho grupo; agredir sexualmente o producirle lesiones de determinado tipo a un miembro de dicho grupo con los fines antedichos; causar la muerte de una persona incurriendo en un delito de lesa humanidad.

Estamos en una época de regresión en materia de políticas penales porque en los partidos conservadores y de izquierda socialdemócrata se impone la pulsión autoritaria y la tentación del populismo punitivo

Duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena:

De 25 a 35 años de cárcel ininterrumpida. Después, revisión de oficio cada 2 años. También revisión cuando el penado lo solicite, pero ha de pasar 1 año para solicitarla de nuevo después de una desestimación.

El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable cuando se cumplan una serie de requisitos, entre los que está que el tribunal pueda fundar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

¿Pero qué es la prisión permanente revisable?

La noción de “prisión permanente revisable es escandalosamente eufemística. Estamos ante un eufemismo bien conocido por los penalistas en Europa y en la propia historia de España. En Francia la “cadena perpetua” se denomina formalmente “Reclusión criminal a perpetuidad” (art. 131.1 del CP). Para Rajoy en este momento esta iniciativa, aunque denostada por un sector cualificado de la opinión, es un mero ejercicio de cálculo en términos de rentabilidad política

En la práctica se prevé una duración del período de seguridad –cárcel ininterrumpida– de 18 años y a partir de ahí el juez puede decidir una reducción de 5 años por buena conducta o la libertad del reo por enfermedad terminal. En Alemania también se contempla como revisable a partir de 15 años de estancia ininterrumpida en prisión (art. 57 de la Parte General). La Sentencia 21.1977 dictada por el Tribunal Constitucional alemán ya enmendó la plana a quienes –como ahora en España- querían imponer la posibilidad de penas de hasta 30 y 40 años, por ser contrarias a la dignidad humana.

¿Hay algo parecido en Europa?

El PP es consciente de que su eventual clientela electoral así lo ha percibido: ¡Por fin el PP se ha atrevido a reinstaurar la cadena perpetua en España!

Lo más parecido a este Código Penal del PP es Italia en cuanto al período de seguridad antes de la revisión –en Italia a los 26 años– e Inglaterra y Gales en cuanto a que la idea de revisión en la práctica significa indeterminación, pudiendo estar el reo encarcelado de por vida. Esto último es lo que de facto acaba de llegar a la codificación penal española de la mano del PP: una reclusión de tiempo indefinido hasta el límite de la muerte. Cuando los políticos echan mano de los eufemismos son conscientes de que la gente –sobre todo su gente- es capaz de aprehender y disculpar el doble sentido del lenguaje. Para Rajoy en este momento esta iniciativa, aunque denostada por un sector cualificado de la opinión, es un mero ejercicio de cálculo en términos de rentabilidad política, a sabiendas de que su resonante simbolismo político y cultural opera en el umbral de las reacciones más primarias, las que se alimentan de los peores instintos de venganza y violencia punitiva contra los criminales más infames.

Evidentemente, el castigo penal no es una mera formalidad legal, va más allá, se adentra en lo que llamamos “cultura punitiva”. Por eso, en la práctica, “prisión permanente revisable” no significa otra cosa que “cadena perpetua”. El PP es consciente de que su eventual clientela electoral así lo ha percibido: ¡Por fin el PP se ha atrevido a reinstaurar la cadena perpetua en España! Ojo porque lo que suele ocurrir con las pulsiones autoritarias –como la que lleva a reclamar mano dura contra la delincuencia– es que difícilmente se agota en sí misma, normalmente va a más, y acabarán pidiendo la pena de muerte.

¿Se han dado situaciones parecidas a lo largo de la historia?

Artículo 25. 2 de la Constitución: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

Esto, lamentablemente, no es nuevo. Llueve sobre mojado. Indica muchas cosas y nada halagüeñas para quienes desde el penalismo siempre han creído en el mensaje civilizador que arranca con la Ilustración: la pena privativa de libertad iba a sustituir a las penas atroces, porque eran incivilizadas y el Estado no podía caer al bajo nivel de los crímenes atroces y salvajes. Entre las penas crueles que el penalismo liberal ha ido rechazando desde finales del siglo XVIII estaban las penas corporales y después la pena de muerte y las cadenas perpetuas. La pena de cadena perpetua fue abolida por un dictador –Primo de Rivera en 1928–, pero la posibilidad de sufrir una condena de larga duración persistió y tomó forma durante el franquismo como pena de 30 años. La Constitución del 78, con la oposición de la derecha menos centrada, introduce el principio resocializador, lo que en la práctica hace inviable cualquier idea de perpetuidad. En cambio, todo el mundo sabe que en España es legalmente posible que un preso permanezca en prisión más de 30 años, hasta 40, lo que para cualquier experto en Penitenciarismo significa “hasta la frontera de la muerte”. Desde hace tiempo hablamos de que en España, por la puerta de atrás y a veces con alevosía –caso de la finiquitada “doctrina Parot”- existe de facto la cadena perpetua, más aún desde que en noviembre de 2003 un gobierno de José Mª Aznar con mayoría absoluta consiguió aprobar la llamada “Ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro de las penas”.

lEl principio resocializador del mandato constitucional fue dilapidado por Aznar en 2003 y nadie del PSOE quiso reinstaurarlo. De aquellos polvos, estos lodos. Rajoy culmina la obra, agravándola: con esta medida se pulveriza el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 de la CE) y se entra de lleno en el terrible campo de las penas inhumanas, crueles y degradantes (art. 10 de la CE). Es inconstitucional de todas todas.

¿Puede salir una norma de estas características en España, teniendo en cuenta el artículo 25.2 de la Constitución y la garantía de la reinserción?

Acabo de decirlo. Son naturalezas incompatibles, la aludida ley de Aznar sobre el cumplimiento íntegro de las penas de 30 y 40 años ya choca frontalmente con el art. 25.2 como han dejado claro los catedráticos de DP que han firmado el manifiesto en que califican la prisión permanente revisable de “injustificable cadena perpetua”. (Manifiesto firmado por 47 catedráticos de Derecho Penal de 33 Universidades Públicas españolas).

En su opinión, ¿a qué se debe que se recupere una medida tan restrictiva como la prisión permanente revisable en estos momentos?

La pena de cadena perpetua fue abolida por un dictador –Primo de Rivera en 1928–, pero la posibilidad de sufrir una condena de larga duración persistió

El PP consiguió a lo largo del año 2011 un inmenso poder cuando la crisis arreciaba y se ponía en marcha un ciclo de protestas de gran envergadura. Se sintió tentado a dar un giro autoritario al marco normativo en materia de orden público y represión. Aunque ha titubeado al final, por criterios tal vez cortoplacistas –los retos electorales y la convulsión que en ese sentido ha provocado la irrupción de Podemos y posiblemente también Ciudadanos– le ha hecho decidirse por una renovación y un endurecimiento del arsenal normativo en materia de control y castigo con la Ley de Seguridad Privada, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código Penal, sin perder de vista otros cambios en la codificación penal militar.

¿Desde hace años no se había abordado una reforma del Código Penal con una revisión tan dura de penas? ¿Es la ley más restrictiva desde el franquismo?

Ahora pasa algo parecido: el PP no es más punitivista que Franco, pero esta idea que acaba de llevar al Código Penal significa un grave y peligroso retroceso

No es del todo válido hacer comparaciones con el franquismo, las respeto pero no me parecen acertadas (quizás porque soy historiador). Aquello era una dictadura que nació de un golpe de estado y terminó su andadura dictando sentencias de muerte. Simplemente hay que constatar que la democracia es, lamentablemente, compatible con visiones retrógradas y peligrosas con respecto al curso de lo que Norbert Elias llamó proceso de civilización. Un ejemplo entre muchos: recuerdo que, aunque la pena de muerte había quedado abolida en la Constitución del 78, como se mantenía en el ámbito de la jurisdicción militar, en 1985 el PSOE de Narcís Serra aprobó un Código Penal Militar que contemplaba la pena de muerte en más supuestos aún que lo que había contemplado el franquismo. ¿Era el PSOE de 1985 franquista? No. Era peligrosamente incoherente, porque –cuidado– las incoherencias de los gobernantes democráticos pueden ser muy peligrosas para sus representados. Ahora pasa algo parecido: el PP no es más punitivista que Franco, pero esta idea que acaba de llevar al Código Penal significa un grave y peligroso retroceso, en algunos términos el Código Penal del PP podría ser tildado de pre-Ilustración, y junto con otras iniciativas que ha adoptado –como la Ley de Seguridad Ciudadana- abraza una concepción penológica –la del “derecho penal del enemigo”- que chirría con el garantismo penal y nos trae muy malos recuerdos a los europeos. Espero que, además de los organismos internacionales que ya lo han hecho, la propia Unión Europea plante cara a esta deriva autoritaria del PP, pero no podemos ser muy optimistas tal y como van las cosas allende los Pirineos.

En Francia se pensaba tras los atentados de Charlie Hebdo en aplicar la pena de muerte y en España se aprueba a las pocas semanas esta prisión permanente. ¿Estamos viviendo una época de represión carcelaria o de amenazas? ¿Es efectivo aumentar las penas para reducir los delitos desd eun punto de vista histórico?

Acabo de introducir la respuesta. Estamos en una época de regresión en materia de políticas penales porque en los partidos conservadores y de izquierda socialdemócrata se impone la pulsión autoritaria y la tentación del populismo punitivo. No es menester ser ni radicalmente garantista ni un experto penalista para saber que tanta petición de mano dura no tiene sentido objetivo cuando la criminalidad no aumenta. ¿Por qué este endurecimiento? Más que a los expertos en Derecho Penal –y eso que los hay muy conservadores– la pregunta habría que dirigirla a todo ese entramado politológico de asesores demoscópicos y fundaciones o think tank ligados a las grandes formaciones políticas y a no pocos medios de comunicación con gran poder de influencia sociocultural. Ahí, en esa difusa red de poderes, está el epicentro virtual de todo este terremoto punitivista que estamos sufriendo desde que comenzó el siglo XXI.

Pedro Oliver Olmo es doctor en historia y profesor titular de Historia Contemporánea en la UCLM es una de las personas que mejor conoce la historia de las prisiones. Es el coordinador del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas.

Fuente: www.elcrisoldeciudadreal.es

Política criminal

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Ayer, sábado, 21 de febrero, informaba Conxi:

«Hoy hemos tenido vis a vis con Jose, se le ve muy delgado, con la piel arrugada, en vez de un hombre de su edad, aparenta un anciano de 80 años.

La fuerza que tiene es muy grande, la mente se le ve lúcida, lo que sí un poco impaciente al hablar y sus movimientos algo lentos, no en vano ya son 30 días de ayuno y esta huelga de hambre le esta pasando factura. Hoy no le habían hecho ningún control.

Ha llegado muy impaciente, para ver a su niña, su Aitana, esa pequeñaja que le da valor, la única alegría y algo de aliento. Le ha traído unos flanes, con un tubo de leche condensada, con sus platos y cubiertos de plástico, para hacerle una fiesta a su ojito derecho, siempre le trae zumos, patatas, palomitas… pero hoy era algo que no se lo había hecho nunca y cual ha sido nuestro estupor que ha dicho «esto especial es para Aitana, por si es el ultimo día que estamos juntos» y se lo ha preparado con todo el cariño y delicadeza del mundo.

En varias ocasiones ha referido cosas como de despedida, lamento tener que escribir esto, pero de no hacerlo no estaría haciendo honor a la verdad y no tendría sentido poneros al corriente del estado de José Antúnez Becerra.»

Después, nos cuenta que Antúnez intenta responder a todas las cartas que recibe, pero que no hay que confíar en el correo carcelario porque pasa por muchas manos hostiles. Y continúa:

«Ha recordado a mucha gente, ha referido pasajes de su vida, ha dado algunas instrucciones… todo muy distinto a los vis a vises que hemos hecho desde 2007, incluso ha dejado caer que dejaría de tomar agua, toda persona que aprecie a José Antúnez, os dolerá leer esto, como nos ha dolido oírlo y ahora plasmarlo en esta pantalla, pero es así, así lo ha dicho y así os lo cuento, colorín colorado esta historia aún no ha acabado, solo el tiempo, la ley y José Antúnez Becerra tienen el final por escribir.

Como dice Jose, las palabras son muy fáciles de decir, pero no tiene forma de expresar lo que siente por todxs nosotrxs, que jamás hubiera pensado lo que tanta gente hace por él, él que es un pobre diablillo, no puede definir lo que siente con tantas y tantas muestra de cariño… Esto no hay día que no lo diga, se siente en deuda con todxs las personas buenas, con todxs aquellos que sufren torturas, los que son desahuciados, los que se quedan sin trabajo, los maltratos de otras personas… se siente solidario con todxs que sufren, así lo dice, así os lo digo, así lo tenéis que sentir, porque es para todxs vosotros GRACIAS, GRACIAS.

GRACIAS en nombre de José Antúnez Becerra.

A JOSÉ ANTÚNEZ BECERRA LO QUEREMOS VIVO, SANO Y CON TODXS NOSOTRXS.»

José Antúnez

AXUN final

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A partir  de hoy, domingo, 22 de febrero, a las 10 de la mañana, se ha iniciado en la entrada principal del hospital de Pontevedra, donde está ingresado Javier Guerrero Carvajal, en su 72º día de huelga de hambre, un ayuno colectivo en solidaridad con él y con todas las personas presas en lucha. Ahí estará la gente hasta las 10 del noche, como dicen en un mensaje firmado «CACT-Grupo Galiza Sur y Solidarias» que hemos recibido, «con un puesto de información, con pancartas y demás ayunando una de nosotras por día, a lo largo de la semana (no sabemos exactamente hasta cuándo, depende de nuestras capacidades y de la disponibilidad que tengamos)». Mañana, 23 de febrero, harán lo mismo frente a los juzgados de A Parda, y así sucesivamente, mientras puedan, en todos los lugares de la ciudad significativos en relación con las luchas de las personas presas.

En otro comunicado, nos dicen que un grupo de personas han decidido compartir una de las formas de lucha de las personas presas, «visibilizarla y sacarla a la calle, fuera de los muros que encierran, marginan y aíslan todo lo que sucede dentro de las prisiones». Quieren solidarizarse con las decenas de personas que en las cárceles del Estado participan activamente en la denuncia de la vulneración de derechos y de los malos tratos y torturas, en campañas como Cárcel=Tortura o en la soledad de las celdas de castigo, con acciones como envío de denuncias y escritos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria o al Tribunal de Estrasburgo, ayunos, autolesiones, paros, huelgas de hambre o de patio y otros recursos utilizados para denunciar lo que sucede dentro de las cárceles, y frente a las que no se hacen esperar la represión y el castigo, consecuencias de no quedarse callados: partes de conducta injustificados, dispersión y traslados de cárcel, corte de comunicaciones, alargamiento de condenas, torturas y palizas…

Entre las muchas personas presas que conocen esta cara de la cárcel, recuerdan a Javier Guerrero Carvajal, en huelga de hambre desde el 12 de diciembre, y a otros compañeros, como Emilio Sánchez del Peso y Xurxo Castro Cervantes, trasladados recientemente por su activismo en defensa de los derechos de las personas presas,  o a Reinaldo Gómez Guijarro, recluido injustificadamente en el módulo de aislamiento de A Lama, acosado, amenazado y torturado psicológicamente. Así pues, como dicen en su comunicado:

«Hoy hemos decidido compartir, de una forma simbólica, su lucha, sus formas, sus estrategias, y tratar así de visibilizar lo que de otro modo queda en la penumbra de la exclusión.

En Las cárceles de todo el estado se tortura. EN A LAMA SE TORTURA. Esta situación no puede seguir así. Día a día, las injusticias se suceden una tras otra, con total impunidad y silencio. Nosotrxs no nos vamos a callar. ¡Y tú?

BASTA DE TORTURAS Y MALOS TRATOS EN LAS CÁRCELES.

BASTA DE IMPUNIDAD.

¡¡¡¡¡SI TOCAN A UNX, NOS TOCAN A TODXS!!!!!»

Contacto: noestansolxs@gmail.com

Actividad en la calle

Hablamos de las huelgas de hambre de Javier Guerrero, que lleva ya 71 días, y de José Antúnez Becerra, que lleva 30 días. El ex preso político José Balmón nos comenta de primera mano las huelgas de hambre del colectivo de presos del PCE (r) GRAPO en los años 80 y 90 y las maniobras del Estado para neutralizarlas, incluida la alimentación forzosa.

Más información en Tokata sobre la huelga de hambre de Javier Guerrero

Más información en Tokata sobre la lucha de José Antúnez

Entrevista completa con José Balmón sobre las huelgas de hambre de los presos del GRAPO en los 80 y 90

José Antúnez Radio: Tokata Y Fuga

Desde el colectivo centrosdemenores.es se difundieron hace unos días unas imágenes donde se mostraba el maltrato y abuso que sufrían menores de edad internos en el centro de menores “Tierras de Oria” de Almería. En un primer momento provocó una lluvia de declaraciones contradictorias por parte de la administración, primero negando los hechos y después reconociéndolos por el propio director.

La organización Centrosdemenores.es solicita a la Junta de Andalucía su pronunciamiento acerca de la investigación que se abrió el pasado 9 de febrero de 2015, al centro de menores «Tierras de Oria» de Almería, puesto que a día de hoy no existe una versión oficial de dicha investigación.

Hasta el momento la Junta de Andalucía máxima responsable en la atención a la infancia y el funcionamiento de estos centros, no se ha pronunciado al respecto ni ha tomado ninguna medida sobre dicha investigación, contribuyendo a silenciar este tipo de abuso a menores.

Las imágenes, en un primer momento las negaron, posteriormente las reconocieron, y no solo eso, reconocieron que un episodio era de 2011 y otro de 2014, es decir, que a lo largo del tiempo han seguido realizando estas malas prácticas y no se tratan de «hechos aislados», como en un principio nos querían dar a entender.

El «protocolo de sujeción mecánica» que es como ellos lo llaman, no se llevó a cabo según procedimiento marcado. Según médicos especializados en la materia, las correas de sujeción del tórax pueden producir compresión sobre él mismo, llegando a producir un fallo respiratorio. De ahí la necesidad de una supervisión continua, algo que no ocurrió, tal y como muestran las imágenes de los jóvenes llorando y suplicando agua. Aun cumpliéndose el protocolo, consideramos estas prácticas intolerables y más cuando se aplican a menores de edad.

Creemos que en la atención a la infancia con dificultades o problemas de socialización, deben primar los derechos fundamentales de cualquier persona y no permitir la utilización de métodos de tortura como la sujeción y el aislamiento que carecen de toda base pedagógica y educativa para estos menores.

No se pueden justificar este tipo de acciones por quienes deben velar por los derechos del menor. Su deber es acabar con estas prácticas y proteger a la infancia en riesgo social.

Este centro de menores y la empresa privada que lo gestiona, GINSO, acumula varias quejas y denuncias por el trato que reciben las personas allí internadas, pero tanto la empresa como su director siguen en este centro, y la Junta de Andalucía, al no tomar cartas en el asunto, permite que se sigan cometiendo estos abusos. Además, intentar desviar la atención, buscando sólo a los responsables del video y no las gravísimas imágenes que contienen, nos demuestran la indiferencia y falta de responsabilidad que mantiene la administración en estos casos.

En los últimos años, ha habido decenas de denuncias por malos tratos y abuso de quienes son responsables de la gestión de estos centros. Hay más de 15 casos de niños y niñas muertos bajo la tutela de la administración en centros de gestión privada. Ya en 2011, el menor Ramón Barrios, murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta, gestionado por la empresa Ginso.
La privatización en la atención a la infancia, convirtiéndola en un negocio muy rentable, tiene como consecuencia que primen los intereses económicos a los intereses pedagógicos y educativos sobre estos menores.

Y por último en referencia al comunicado publicado por UGT y CCOO, no nos merece ninguna credibilidad, ya que ha sido escrito por quienes trabajan en ese centro y son empleados de la empresa Ginso.

Consideramos injusta e indignante la situación de maltrato y vulneración de derechos que sufren las personas que viven internas en el centro Tierras de Oria, en Almería, y queremos mostrar, mediante la adhesión a este comunicado, nuestro apoyo y solidaridad con estas personas y con todas aquellas que sufren de forma sistemática abusos de poder. Nos adherimos a la petición de:

1. Exigir a la Junta de Andalucía su pronunciamiento ante la investigación abierta al centro Tierras de Oria.

2. El cese de la gestión de centros de menores por la empresa Ginso, y en particular del director del centro Manuel Madrid Savedra, ya que dicha empresa acumula infinitas quejas de malos tratos.

3. El cese inmediato de las vejaciones y malos tratos que reciben las personas que se encuentran allí internadas.

4. El cierre de todos estos centros que no son sino cárceles para menores

5. La dimisión de los representantes de CCOO y UGT por no mostrar objetividad ante los hechos acontecidos e intentar favorecer al centro.

BASTA DE AGRESIONES A MENORES EN CENTROS DE INTERNAMIENTO

ENCERRANDO NO SE EDUCA

www.centrosdemenores.es

Petición de firmas para que cese la dirección del Torres de Oria

Cárceles para niños

Polvos blancos en las prisiones ¡Alerta mediática!

Hoy los falsimedios gallegos [y los del resto del Estado] recogen en sus páginas principales la noticia de que en el CP de A Lama (Pontevedra) han recibido un  sobre, con remite de Vitoria y dirigido al director del penal, que contenía un polvo blanco.

Los sensacionalistas titulares de las primeras páginas de esos mentirosos profesionales hablan de ¡¡Antrax!!, ¡¡Alerta Biológica!! ¡¡Descontaminan A Lama!! Mas aún, el hecho de venir con remite de Euskadi les da pie para largar  sobre la relación de estas misivas con el hecho de que en estas prisiones están encerrados miembros de «organizaciones terroristas».

Si bien, después, en las páginas interiores, no les queda otra que reconocer que en las cárceles de Brians (Barcelona) y Madrid VI (Aranjuez) se habían recibido tambien sobres con esa sutancia blanquecina y remite de Vitoria y que dichos polvos carecían de riesgo biológico o químico.

El curioso caso de A Lama es que, siendo  la tercera misiva recibida en las cárceles españolas y sabiéndose que las otras dos no contenían nada peligroso, se diga en los falsimedios que se actuará conforme a los criterios de riesgo biológico, para después remarcar que hasta cuatro elementos de esta cárcel manipularon el sobre en cuestión, pues aunque la carta iba dirigida al director (que estaba ausente), pasó por las manos de los subdirectores de seguridad  y de tratamiento, de la secretaria de dirección y de un «empleado público» (sic), que después fueron asistidos en las propias instalaciones médicas del penal y sometidos a medidas de descontaminación por agentes de la Guardia Civil especializados en amenazas NRBQ (Nuclear, radiáctiva, Biológica y Química), aunque fueron dados de alta a primeras horas de la tarde tras un breve período de cuarentena.

Lo más curioso de todo esto es que tiene que pasar algo que afecte a los carceleros para que una noticia sobre A Lama ocupe un espacio en la primera página de estos diarios, y justo en el momento en que uno de sus presos represaliados, Javi Guerrero, se encuentra postrado en una cama del Hospital Provincial de Pontevedra en huelga de hambre indefinida, luchando por sus derechos y por los de todas las personas secuestradas por los gobiernos de este Estado.

¡¡Pobrecitos torturadores!!

En este aspecto recogemos las palabras de Enrique Mosquera, delegado de ACAIP (sindicato fascista) en A Lama, que dijo estresado, «hay una preocupación brutal en el centro, una alarma generalizada y esperemos que sea la tontería de un descerebrado, que no sea nada más». Además, dicho sindicato tramitó un escrito «solicitando el cese de determinados directivos por la nefasta gestión» de esta crisis ¿Qué crisis?

Tancredo Tantonto para Abordaxe

Traducido del galego

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Sin olvidar a las que faltan, la excarcelación de compañeras presas es siempre una buena noticia y un motivo de celebración. Pero esta alegría no debería diluir el grave significado político de esta última operación represiva, intuido desde un principio y ahora confirmado a partir del levantamiento del secreto de sumario. Operación que nunca ha tenido como objetivo principal averiguar quién ha realizado x acción, sino utilizar algunos hechos como pretexto para construir una organización terrorista inexistente que posibilitara perseguir a todo un entorno y su actividad política. Libros, actas de asambleas, escritos, reuniones, anotaciones en agendas… estos son los indicios centrales del proceso, adobados con algún cartucho de cámping-gas oportunamente descontextualizado.

Pero si señalamos los artificios y las estratagemas que el Estado ha desplegado en esta operación no es para asumir y reivindicar el discurso que éste nos impone sobre la inocencia y la culpabilidad, sobre lo ilegal o lo legal, entre lo violento y no-violento o entre lo que nos dice que se puede hacer y lo que no. Todo lo contrario. Precisamente lo que han demostrado los responsables de la Operación Pandora es que están dispuestos a forzar todas estas categorías por tal de ganar lo que verdaderamente subyace a sus pomposos discursos sobre el crimen, el derecho y la legalidad: el conflicto social entre quien lucha contra el sistema establecido y quien lo defiende.

La mutación de la amenaza

La estrategia represiva evidencia que los Mossos d´Escuadra insisten en recurrir al concepto de terrorismo y a todos los engranajes jurídicos, penitenciarios y mediáticos asociados a él con el fin de golpear la disidencia política. A pesar de que en las notas de prensa el cuerpo policial autonómico y la consellería de interior han intentado remarcar que se han limitado a cumplir órdenes judiciales de Madrid, queda bastante claro que ha sido la misma Comisaría General de Información catalana  –especialmente la Unidad de Análisis de Estrategias de Organizaciones (UCAE)–, la que ha estado a la vanguardia del proceso, esforzándose por crear artificialmente una organización-marco que dé vía libre a la carrera represiva contra el anarquismo en Cataluña. Recapitulemos:

A finales de octubre del 2012 se celebran las “Jornadas sobre inteligencia ante la radicalización”, durante las cuales Daniel Canals (sargento de la policía catalana y jefe de la UCAE) realiza una ponencia en la que señala el anarquismo “insurreccionalista” como amenaza terrorista potencial [1]. Canales mezcla superficialmente algunos tópicos de la sociología burguesa, una interpretación malintencionada de algunos autores del anarquismo post-industrial (Bonanno, Cavalieri, Bob Black) y cuatro textos anónimos que corrían por Internet hace 15 años para elaborar su particular “teoría “policial. Según Canals, del paradigma basado en organizaciones político-militares jerárquicas nutridas por militantes liberados que viven en clandestinidad se habría mutado a un modelo de terrorismo formado por “lobos solitarios” conectados a escala internacional a través de Internet y organizados horizontalmente en red (muchas veces sin que se conozcan entre ellos). Son –dice él– “terroristas a tiempo parcial” que hacen vida normal y que sólo de forma puntual realizan ataques, encontrándose totalmente diluídos en el cuerpo social. El único rasgo distintivo que diferencia a un “ciudadano” normal y uno de estos nuevos terroristas sería, por tanto, su radicalización ideológica, objeto de renovada importancia para el control social y policial.

Un año más tarde, Canals tendrá la oportunidad de valorizar y dar prestigio profesional a su delirio con la detención de los compañeros Francisco y Mónica por parte de la Policía Nacional española, en el curso de la investigación sobre el ataque a la iglesia del Pilar, llevada a cabo en colaboración con un Estado Chileno que había fracasado en condenarlos durante el fallido “Caso Bombas”. Será la UCAEO de los Mossos la que en el marco de este proceso enviará informes en la línea de la ponencia expuesta un año antes por Canals, introduciendo por primera vez el fantasma de la organización terrorista “FAI/FRI/GAC-Comando Mateo Morral “. De esta manera se mezcla calculadamente el nombre con el que se reivindicó la acción del Pilar (Comando Mateo Morral), la “marca” común que algunos otros grupos inconexos utilizan para reivindicar acciones (FAI-FRI) y las siglas de una coordinadora pública dedicada a la discusión y la propaganda (GAC) [2]. Nombres y siglas que han aparecido conjuntadas únicamente en los atestados policiales, y que tan sólo existen como unidad en las imaginativas mentes de los cretinos que habitan los despachos de los juzgados y las comisarías.

El concepto del nuevo terrorismo anarquista y del complejo “GAC/FAI/FRI” ha sido difundido socialmente por los medios de comunicación de masas y su propaganda, redactada por subperiodistas cercanos a los entornos policiales y siempre dispuestos a cacarear palabra por palabra cualquier estupidez que salga de las oficinas de prensa de la policía. Sin saber nunca dónde termina la criminalización policial y donde empieza la mediática, el acoso en forma de seguimientos y presiones sobre compañeras libertarias va combinándose con la publicación periódica de artículos alarmantes sobre el terrorismo anarquista, hasta que el día 16 de diciembre todo este proceso culmina en el estallido de la Operación Pandora y los hechos que todas conocemos: macro-despliegue policial, asaltos nocturnos, múltiples registros, saqueos de locales y domicilios, 11 detenciones, 7 compañeras encarceladas durante más de un mes… Las elucubraciones teóricas sintetizadas en los laboratorios de Egara [3]  se materializan en efectos muy concretos y palpables para las vidas de siete compañeras, de sus entornos cercanos, y de más allá. De nuevo el espectro siniestro de “la lucha contra el terrorismo” recorre barrios y pueblos de madrugada con un mensaje de fuerza cargado por la razón de Estado: si te mueves, sea lo que sea lo que hagas, te puede tocar a tí.

Es precisamente este espectro particular la herramienta que ha posibilitado la cacería del anarquista protagonizada por los Mossos. Es el dispositivo que el Estado español lleva utilizando más de 30 años intensiva y extensivamente contra sus enemigos, creando situaciones de auténtico apartheid político para grandes sectores de la población rodeado de un consenso político y social silencioso que le ha permitido mantenerse disponible y operativo hasta nuestros días. Es el dispositivo antiterrorista.

Un fenómeno complejo

En uno de los incontables procesos contra el independentismo vasco que terminará con varias jóvenes encarceladas y dispersadas durante años por su militancia política, la otra gran protagonista de la tragicomedia Pandora, el juez Javier Bermúdez, cita la siguiente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el año 2002 [4]:

“[…] El terrorismo no es, ni puede ser, un fenomeno estático sino que se amplía y diversifica de manera paulatina y constante, en un amplio abanico de actividades, por lo que el legislador penal democrático en la respuesta obligada a este fenómeno complejo debe ir ampliando también el espacio penal de los comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas […] una organización terrorista que persigue fines pseudopolíticos intentará alcanzarlos no sólo mediante actos terroristas, sino también a través de actuaciones que en sí mismas consideradas no podrían ser calificadas como actos terroristas (movilizaciones populares no violentas, actos de propaganda política no violenta, concienciación popular de la importancia de los fines etc.).”

Aquí ya es explícita la tendencia expansiva a poner cualquier actividad política en el saco de los “comportamientos que objetivamente deben ser considerados terroristas”. Esta tendencia supone un punto de ruptura con la propia definición histórica del delito de terrorismo, que a pesar de haber sido siempre un concepto ambiguo generador de inseguridad jurídica, originariamente partía de un hecho «violento» inicial.

De este modo, la batería de medidas represivas excepcionales que el concepto de terrorismo permite a todos los niveles (detención incomunicada, indefensión legal, aislamiento, dispersión, disparo de las penas…), son aplicables a todo tipo de conductas políticas, a menudo castigando relaciones personales de amistad y compañerismo (a partir de las cuales se crean organizaciones ilícitas), o argumentando criterios puramente ideológicos.

A pesar de que en la práctica todo esto significa poner en suspenso las libertades de asociación y expresión que teóricamente dan sustancia a una democracia liberal, escindiendo el ordenamiento jurídico en un Derecho ordinario para los ciudadanos y un Derecho especial para los enemigos, el antiterrorismo no es un lastre antiguo que impida al sistema democrático desarrollarse de forma correcta y natural. Es su producto genuino. Tal y como lo conocemos fue diseñado e implementado en los años 70 por las modernas democracias capitalistas europeas, concebido para neutralizar los movimientos revolucionarios de la época y sus expresiones más combativas. Con la derrota de aquellos movimientos y la victoria de la contraofensiva neoliberal, que encontró en la financiarización una válvula de escape provisional a los graves problemas sistémicos que se daban a escala global, el esquema de “la lucha contra el terrorismo” no sólo permaneció sino que fue desarrollándose en todas partes según las condiciones y las necesidades específicas de cada Estado.

El fulgurante proceso de sofisticación de las tecnologías de la información y la comunicación han catalizado este desarrollo represivo, sobreequipando a los Estados democráticos hasta un punto con el que los regímenes totalitarios fascistas de entreguerras nunca hubieran podido ni siquiera soñar. Por un lado, los aparatos estatales han sido los usuarios privilegiados de cada nuevo juguete de control social tecnológico. Por otra, la población cada vez es más dependiente de tecnologías que producen grandes volúmenes de información monitorizable por los gobiernos y las corporaciones.

En ausencia de unos movimientos revolucionarios fuertes y a la ofensiva, los Estados han ido anticipándose de forma inteligente a las inevitables y previsibles tensiones que estaban por venir, radicalizando los diversos aspectos del dispositivo antiterrorista y extendiéndose a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Los últimos reajustes en la política antiterrorista, preparados desde hace tiempo pero introducidos precipitadamente justo después de los últimos atentados salafistas en Paris, son sólo la enésima vuelta de tuerca de este engranaje. [5]

Romper el cerco

La idea del “terrorismo anarquista”, del mismo modo que la idea de los “300 violentos de siempre” [6] y los alborotadores profesionales que se infiltran en movilizaciones o celebraciones de victorias futbolísticas –ideas con las que no han dejado de bombardearnos desde el reavivamiento de la conflictividad social y las luchas–, no tiene una dimensión únicamente jurídica. Tiene una función social. Tiene la función de construir el Enemigo Interno necesario para agrupar toda expresión o disidencia política considerada como irrecuperable y aislarla del resto de la sociedad.

Es un discurso que busca vacíar de contenido político estas expresiones, desconectarlas de sus causas y razones sociales, y situarlas en el terreno de los «delitos comunes» motivados por las desviadas inclinaciones psicológicas que algunos individuos sienten por la “violencia”. La narrativa del Poder sabe bien cómo cargar este discurso con los detalles y las explicaciones más morbosas y efectistas: los bomberos que de día salvan vidas y de noche las ponen en peligro, los criminales extranjeros que se desplazan por todo el mundo cargados de odio y de bombas, los estudiantes que se apartaron del buen camino y llevaron sus inquietudes sociales a los extremos fanáticos, las “novias de” que se vieron arrastradas por amor a los planes maléficos de sus hombres, o directamente las mujeres frías, astutas, violentas, fascinantes y odiosas en tanto que totalmente desviadas del rol que les corresponde.

El intento de fijar una nueva organización terrorista anarquista no obedece solamente a la intención de meter en la cárcel a unos cuantos individuos. Forma parte de un proyecto más amplio para establecer una estructura que en el futuro posibilite más operaciones y que funcione para la disuasión o eliminación de cualquier expresión de disidencia combativa. Junto con la nueva Ley Mordaza, las modificaciones en el código penal, la creación de bases de datos europeas de sospechosos políticos (UCPI) o el desarrollo privilegiado de las unidades antidisturbios, el dispositivo antiterrorista forma parte del nuevo conjunto de herramientas represivas que se aplicarán sobre los sectores sociales que en la fase actual se nieguen a ser reacomodados por la resignación y la falsa ilusión de la regeneración y del “cambio”. Entre la asimilación institucional y la pura y simple violencia represiva, los movimientos que se empeñen en confrontar a la continuidad del sistema un proyecto rupturista de revolución social, tendrán que encontrar la forma de romper el cerco con el que el Estado buscará aislarlos y asfixiarlos.

Ulrike Meinhof, una de estas mujeres insumisas y públicamente vilipendiadas de las que hablábamos antes [7], escribió: “La legalidad es una cuestión de poder”. Esto no sólo significa que las leyes se hacen y se aplican a la medida de los poderosos, sino que su capacidad para ejercerlas dependerá de la resistencia con la que se encuentren. Una ley que se topa con la desobediencia sistemática de la población que debería legitimarla, es una ley insostenible.

La impresionante oleada de solidaridad salida de la caja de Pandora ha sido una expresión de esta fuerza, la única capaz de tumbar la legalidad con la que quieren amordazarnos. Querían un rebaño conmocionado, sentado frente al televisor donde el Estado mostraba ante todos a los jefes de los enemigos públicos, y se han encontrado con unas calles llenas de gente determinada a desobedecer la consigna mediática de apartarse de los terroristas.

Con las manifestaciones, las acciones de todo tipo, las aportaciones económicas, y todas las demás muestras de apoyo, la solidaridad no sólo ha desafiado unas leyes que amenazan cualquier mínima muestra de apoyo a las personas castigadas, también ha levantado un mensaje claro en medio del bombardeo ideológico antiterrorista: Lo que realmente debería motivar preguntas e investigaciones no es por qué alguna gente ataca a este sistema criminal, sino por qué alguna gente todavía lo defiende. La lucha revolucionaria es legítima aunque sea declarada ilegal, y quien tiene que dar explicaciones no es quien se rebela contra una vida de miserias, sino quien nos la impone.

¡Solidaridad con todas las encausadas y perseguidas por luchar!

¡Libertad inmediata para Mónica, Francisco y todas las demás luchadoras presas!

NOTAS

[1] La ponencia quedó recogida en el artículo “La mutación de la amenaza. Las nuevas formas de extremismo violento “publicado en la Revista Catalana de Seguridad Pública. (http://www.raco.cat/index.php/RCSP/article/view/264171 )

[2] Los Grupos Anarquistas Coordinados se presentaron públicamente hace unos dos años con un comunicado en Internet (http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/21244) y una dirección de contacto, invitando a otros colectivos en formar parte de la coordinadora y elaborando a partir de entonces propaganda y un libro (http://www.traficantes.net/libros/contra-la-democracia) cuya tenencia y distribución es considerado por la policía como un indicio de delito terrorista.

[3] Complejo Central Egara: cuartel general de los Mosssos d´Escuadra (http://ca.wikipedia.org/wiki/Complex_Central_Egara).

[4] STS nº 546/2002 de 20 de marzo.

[5] Águeda, P. (2015). Catálogo de nuevos terroristas Según la reforma penal del PP y el PSOE (http://www.eldiario.es/politica/Catalogo-terroristas-reforma-PP-PSOE_0_3).

[6] Díaz-Toig, L., y Balanzà, A. (31 de marzo de 2012). «Radiografía de la ‘guerrilla urbana’. Quiénes son, cómo se organizan, cómo actúan y qué medios tienen los radicales que siembran el caos?» (http://www.ara.cat/especials/vagageneral29m/Radiografia-guerrilla-urbana).

[7] Durante los años 70 la participación activa de mujeres alemanas en la guerrilla urbana desencadenó una rabia y una consternación especial en la reacción mediática y represiva. La ruptura del ideal normativo de mujer pasiva, obediente, compasiva, etc. generó una demonización específica sobre ellas, como refleja la siguiente editorial del 2 de febrero del 77 en el diario Die Welt: “[las mujeres terroristas] no sólo están en guerra contra el enemigo de clase sino también contra su propia naturaleza interna. Esto hace que aún sean más desesperadas y violentas; hace que sean horrorosamente duras de corazón y despiadadas”. Esta descripción de la bruja terrorista contra-natura se ha ido alternando con el perfil de la mujer que generalmente hace tareas logísticas o de apoyo alejadas de la primera línea, muchas veces por amor a compañeros o familiares masculinos, imagen que proyecta sobre la «actividad terrorista» la división del trabajo establecida por la construcción dicotómica de los roles de género. La demonización de las mujeres ha sido una constante en la “lucha contra el terrorismo” practicada por los Estados, demostrando el arraigo de las estructuras patriarcales que hacen inconcebible el compromiso político activo y consciente de las mujeres con una práctica “violenta”.

Elissa. Grup llibertari de Sant Andreu

Política criminal

La libertad de José Antúnez Becerra puede suplicarse humanitariamente pero tambien debe exigirse por la violación del derecho.

Presentamos un ejemplo de instancia dirigida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que salió con el nº 840440AC7800. Este Juzgado de Vigilancia posee la facultad de aplicar la ley en su jurisdiccion. Seria de gran interes mandar FAX como la muestra o perecido.

Que el Juzgado de Vigilancia reciba de la sociedad civil el conocimiento real de una gigantesca estafa a toda la sociedad española desde 1977 sin duda puede beneficiar a Antúnez como víctima direccionada en el espectro historico nacional por el mantenimiento real y concreto del franquismo en la actualidad.

Gracias.

Ex Presos Sociales COPEL

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QUEJA INFORMATIVA

José Antúnez Becerra, bajo la jurisdicción de ese Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, es el último preso del franquismo.

El artículo segundo e) y f) de la Ley de Amnistía (46/77), amnistió todos los delitos y faltas cometidos por funcionarios y agentes del orden público de la dictadura militar. Por esa consecuencia quedaron libres de responsabilidad masivamente todos los asesinos, secuestradores y torturadores del estado impostor. Realmente esos crímenes fueron condonados de derecho pero no de hecho. Por este crimen masivo y desconsiderado está secuestrado el preso Antúnez Becerra.

Los crímenes del franquismo viven imprescriptibles en José Antúnez Becerra por el terrorismo de estado franquista actualizado. Los primeros encargados de aplicar Ley 46/77 fueron los jueces franquistas, que al ser juez y parte eran los interesados tendenciosos para no declararse culpables de sus propios crímenes contra las víctimas individuales.

El terrorismo de estado franquista destruyó a la familia de José Antúnez Becerra porque la extrema pobreza económica e intelectual de la misma hizo imposible cualquier defensa ante el estado abusón que creaba la falsa seguridad con las personas más débiles.

José Antúnez Becerra fue secuestrado en reformatorios y carcelariamente por un régimen sin garantías de imparcialidad, siempre torturado y desnutrido para impulsar la falsa alarma social con sus víctimas, alentado por los periodistas voceros del franquismo sociológico que acataban la censura y la anulación de las libertades públicas y los derechos humanos, aplastando ese conjunto viciado por el crimen la proporción y la equidad.

Los crímenes del franquismo viven en José Antúnez Becerra y así se lo hago saber. Esta verdad es indestructible mientras no se subsane. Los jueces borbónicos están en clara rebeldía del derecho desde 1077.

Vengo a SOLICITAR la aplicación de la Ley 46/77 a José Antúnez becerra para que se cumpla en esta parte la escabrosa reconciliación nacional como premisa de la paz social.

JUZGADO DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

FAX 935548741 BARCELONA

José Antúnez