El pasado 18 de marzo había programado un vuelo con salida Madrid (Barajas) a las 18 horas con destino Dakar, operado por Iberia. En este vuelo comercial se iba a llevar a cabo la expulsión –contra su voluntad– de un ciudadano de origen senegalés Elhadji N. F., conocido como Bocart. Como en otros vuelos de deportación, esta persona estaba custodiada por la Policía Nacional que, amparada por el Protocolo de deportación, está encargada de ejecutar la deportación, empleando la fuerza que estime necesaria.
No sólo el sistema de deportaciones es ilegítimo sino que, además, en esta ocasión nos encontramos con una persona con fuertes lazos sociales. Llegó a España en 2010 y actualmente mantiene una relación sentimental con una persona de origen español. Bocart, se encuentra a la espera de una resolución para regularizar su situación administra, a través de la figura del arraigo. Por otro lado, al encontrarse en situación irregular (falta administrativa) la autoridad gubernamental le había impuesto la medida de ir a firmar cada 15 días. El pasado 16 de marzo, cuando estaba cumpliendo escrupulosamente con este control administrativo, sin mediar palabra, fue retenido por la policía para proceder a su expulsión, sin acceso a una asistencia jurídica adecuada.
La escena de violencia policial contra Bocart derivó en una respuesta de solidaridad inusitada entre los pasajeros del avión ante la ilegitima deportación. La actuación policial supuso una presunta mala praxis que pudo poner en riesgo la seguridad del pasaje. Siendo lamentable cualquier tipo de daño personal, nos encontramos con una respuesta de desobediencia civil ante un uso efectivo de la violencia por parte de la policía, que se ha saldado con la detención de 10 pasajeros, todos ellos de origen senegalés. Lamentablemente, la historia de las deportaciones está plagada de malos tratos policiales que pasan desapercibidos y sin ninguna respuesta de solidaridad. Uno de los casos más lamentables fue la muerte de Osamuyi, precisamente en un vuelo comercial de Iberia, en el año 2007, cuando estaba siendo deportado contra su voluntad por la policía. Su muerte, lejos de derivar en una condena dio lugar a la aprobación del protocolo que ampara las prácticas policiales.
Los vuelos de deportación (ya sean comerciales o vuelos fletados ad hoc) son un sucio negocio por el que las compañías áreas se embolsan cantidades millonarias. Ahora mismo se está negociando un contrato con Air Europa valorado en más de 11 millones de euros. Pero, además, los vuelos necesariamente han de ser conectados con todo un macabro mecanismo de deportación que pasa por: redadas, ingresos en CIE o deportaciones exprés (en menos de 72hs), en las cuales se hace desaparecer a las personas de un día para otro, como se pretendía hacer con Bocart.
En el libro de reciente publicación, “Paremos los Vuelos: las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa” se recoge un análisis del perverso y millonario negocio de los vuelos de deportación y se hace una llamada a acciones de resistencia pacífica como el boicot a Air Europa y al conjunto de aerolíneas que se están lucrando con el negocio de las fronteras. Desde la Campaña estatal por el cierre de los CIEs insistimos en el fin inmediato de los vuelos de deportación.
