Más información en Tokata sobre el abandono de las personas presas enfermas de hepatitis C
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El dia 18 de mayo se celebra el juicio contra los 3 jóvenes de Lleida, acusados de obstrucción continuada de la justicia y amenazas a un carcelero del centro penitenciario de Ponent. El golpe represivo es una respuesta a los gestos de solidaridad que surgieron des de la calle en Lleida con la campaña Cárcel=Tortura, protesta protagonizada por presas y presos de todo el estado. En concreto se les acusa de participar con el «grupo de apoyo a presxs en lluita de Ponent» y de asistir como audiencia pública a los juicios contra Juankar Santana Martin, el cual durante su estancia en el CP Ponent fue represaliado por su actitud combativa y rebelde. Les piden 4 años de cárcel mas 18.000€ de pena multa.
La inclusión en nuestro Código Penal de la prisión permanente revisable ha abierto el debate sobre la incongruencia de admitir, tras cuarenta años de democracia, una pena que en todo lo que se asemeje a la condena a cadena perpetua supondría la vuelta a un pasado muy lejano. En cuanto a la oportunidad de esta forma de castigo, debe reflejarse que la misma se contempla en varios países de nuestro entorno y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la considera ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos siempre que la misma venga acompañada de un adecuado sistema de revisión dirigida a su posible remisión, lo que se erige en el aspecto más controvertido de la nueva pena.
Una de las normativas europeas que la contempla es la de Alemania. El Código Penal Alemán, vigente desde 1871, estipula, en su artículo 46.1.2, que en el momento de la determinación de la pena a imponer, se deberá atender a los efectos y consecuencias que ésta puede acarrear al delincuente en relación a su reinserción en la sociedad. Para ello, el juez sentenciador valorará en cada caso concreto, qué motivos llevaron al condenado a la comisión del delito, qué consecuencias personales tendrá la pena impuesta y si realmente cumplirá el objetivo de la reinserción. A tal efecto, se detalla la actuación que deberá seguir el juez en cuanto a decantarse por una pena u otra. Esta actuación judicial inyecta seguridad jurídica a la persona sometida a un proceso penal, al no desatenderse las circunstancias concurrentes durante la comisión del hecho, siendo éstas las que definen la pena asignada.
Dicha posibilidad no va a admitirse en el ordenamiento punitivo español, el cual asignará la pena automáticamente en función del hecho cometido, por lo que nos encontraremos que un mismo hecho será retribuido o no con la pena de prisión perpetua revisable, en función del país de la Unión Europea que enjuicie el hecho punible.
Hablamos del fin de la huelga de hambre de Noelia Cotelo y de una reciente convocatoria en su apoyo, de las huelgas de hambre de presos mapuche y anarquistas en Chile y de las condenas por el cerco al parlamente de Catalunya en 2011. Entrevistamos a Xavi Corporales, recién salido del talego después de pagar un montón de años: hablamos de torturas y malos tratos, del régimen especial especial de castigo, de abandono sanitario y de las posibilidades de resistencia frente a ellos. Entrevistamos también a José Medina Lomas, otro compañero ex preso, sobre su larga lucha frente al abandono médico extremo que sufrió mientras pagaba más de 20 años de cárcel. Recordamos a Belén Vázquez Campillo, en peligro de muerte en la cárcel de Villabona al negársele tratamiento para la hepatitis y cirrosis avanzada que padece.
Noelia Cotelo Riveiro ha dejado huelga de hambre que ha mantenido durante 37 días, desde el 23 de marzo, en la cárcel de Brieva, por que se le permita disponer de sus efectos personales y de aseo y se deje de poner obstáculos insalvables a la realización de sus estudios, y en protesta por el régimen de castigo por aislamiento que sufre desde hace varios años y por las torturas y malos tratos que se practican en las cárceles y que ella misma ha sufrido varias veces. Ante la falta del menor cuidado médico y de la más mínima atención a sus reivindicaciones, el 12 de abril se autolesionó cortándose las venas de un brazo. Sin que su situación haya variado en absoluto, ha tomado la decisión de suspender provisionalmente el ayuno ante la perspectiva de los juicios a que tiene que enfrentarse a finales de mayo, arriesgando hasta 7 años de cárcel, para lo que necesita disponer de todas sus fuerzas físicas y mentales.
«Mujeres presas ayer y hoy», por Paz Francés Lecumberri
“Una condena compartida. Madres encarceladas con sus hijos/as”, por María José Gea
“Amor en Prisión. Relaciones de pareja de las mujeres encarceladas”, por Estíbaliz De Miguel
XI Jornadas de Estudios Penitenciarios. Salhaketa/UPNA
El lunes, 27 de abril, «apareció» muerto otro preso en la cárcel de Villabona, el vigésimo séptimo desde 2011, según cifras oficiales, el tercero en los últimos seis meses. Era Omar González López, un chavalote de la cuenca minera, langreano, con 29 años. Los carceleros dicen que le «encontraron» a primera hora de la mañana, durante el recuento de antes del desayuno, en la celda del módulo 7 donde le tenían encerrado, helado, sentado en una silla, y que junto al cadáver encontraron «diversos restos (papel de aluminio, un mechero…) que evidenciaban que el fallecido había consumido un chino«. Oficialmente, no se sabe nada sobre las causas de su muerte, la prensa servil transmite, como siempre, la versión de los carceleros, junto con las consabidas fórmulas tranquilizadoras encaminadas a justificar la indiferencia burocrática: «el interno no presentaba patología previa alguna, por lo que no se descarta que se trate de un nuevo caso de muerte por sobredosis de sustancias estupefacientes» a pesar de que, cómo no, «los controles para descubrir drogas en la prisión de Villabona se han incrementado en los últimos meses». «El informe realizado por los médicos forenses será determinante. Las investigaciones para esclarecer lo ocurrido corren a cargo de la Brigada Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Gijón. A la espera de conocer los resultados de la autopsia, los agentes interrogaron durante el día de ayer a los funcionarios y a los internos que compartían pasillo con la víctima».
Pero también se habla de la comparecencia, el martes, ante la «Comisión Mixta sobre el Problema de las Drogas», en el congreso de los diputados, del secretario general carcelero Ángel Yuste, cuya dimisión piden demagógicamente IU, PSOE y Foro Asturias, no porque mueran los presos en las cárceles, sino por no haber impulsado supuestamente la UTE (Unidad Terapeútica Educativa) de Villabona, buque insignia de la demagogia regeneracionista esgrimida por el partido del GAL durante su anterior mandato, que no suponía ningún avance para las personas presas, sino una pérdida de dignidad y de derechos casi tan importante como el régimen especial de castigo y los FIES, en relación con los cuales no es más que la otra cara de la misma moneda, y tampoco ha impedido en ningún momento que la droga, legal o ilegal, corriera «como Pedro por su casa» por Villabona como por el resto de las cárceles, igual que ahora, ni que se contabilizaran regularmente las correspondientes muertes por sobredosis, igual que ahora.
Todo sigue su camino, los presos mueren, como siempre, en circunstancias nunca suficientemente aclaradas; las constructoras, las empresas de seguridad, las que explotan el trabajo esclavo de los presos, etc., así como los diversos tipos de «funcionarios», medran en el «negocio del control social del delito»; los traficantes, con uniforme o de paisano explotan sus mercados cautivos, en las cárceles como en la calle; la policía interroga a todo el mundo, pero rara vez acusa más que a los desgraciados; los juzgados generan toneladas de papeleo; la administación se justifica; los políticos y funcionarios arribistas luchan entre ellos por las migajas del poder… sin que a ninguno le importe si las personas presas mueren o viven, aunque tampoco utilizar sus cadáveres como arma arrojadiza en sus enfrentamientos retóricos. ¿Por qué no exigen, si les importan tanto las personas presas, que se proporcione medicación adecuada a las personas que están a punto de morir sin ella en la misma UTE de Villabona, mientras las administraciones litigan por ahorrarse el gasto? Todo es «normal», todo sigue el camino trazado, los buitres de siempre siguen yendo a lo suyo y nuestra gente sigue muriendo dentro de sus máquinas asesinas. Quisiéramos que la familia y amistades de Omar sepan que compartimos su dolor y su rabia. ¡Prisión demolición!
Belén Vázquez Campillo está presa en la Unidad Terapeútica Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona. Ex toxicómana y portadora de anticuerpos de VIH, con las defensas bajísimas y sin recibir ninguna medicación, sufre un papiloma que pesa quilo y medio… y además está enferma de hepatitis C y de cirrosis. Sus familiares denuncian una de esas situaciones terribles que no lo son menos porque se hayan hecho habituales desde que, con la justificación de la “crisis”, el régimen de dominación y explotación decidió una vez más hacer lo necesario para mantener las ganancias capitalistas, aún a costa de las más elementales condiciones de vida y de la dignidad de la gente de abajo. Habiendo sido trasladada dos veces en coma hepático al hospital de la calle y después del correspondiente diagnóstico, los médicos de la seguridad social decidieron empezar a prepararla para recibir el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, el llamado “sobaldi”, que, según parece, requiere otro previo. Pero, cuando llegó el momento de administrarle el tratamiento propiamente dicho, los médicos se toparon con el contencioso pendiente entre las administraciones sanitarias autonómicas y el ministerio del interior sobre quién debe hacerse cargo de su financiación para pacientes presos. La seguridad social asturiana se negó a ello y la administración carcelera ni siquiera se lo había planteado. De manera que ahora está Belén, con cirrosis avanzada, en peligro de muerte, sin tratamiento y sin posibilidades en perspectiva de que se lo den a corto plazo, y los responsables de garantizar sus “derechos” a la salud y a la vida jugando a pasarse la patata caliente por ver qué administración consigue ahorrar algo de dinero. Burócratas sin corazón y sin conciencia, no se sentirán siquiera avergonzados, mientras todos los poderes del «Estado de Derecho» y un hormiguero de «funcionarios» están actuando en relación con este asunto, pero ninguno para salvar la vida de Belén. Entre todos la están matando y ella sola se va a morir. ¿Quién será, entonces, el «responsable»? ¿Nadie? Su madre y el resto de su familia piden ayuda para conseguir que por quienes deben hacerlo se proporcione a Belén el único tratamiento que le puede salvar la vida. Y, si no, que la excarcelen, ya que es su condición de presa la que le impide acceder a los remedios que tan urgentemente necesita y que, legalmente, la administración penitenciaria, los jueces y el Estado están obligados a velar por su vida, por su integridad y su salud.
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