NOTA DE PRENSA
Abdul vino a España hace 20 años, –cuando tenía 19–. Entró en nuestro país con toda la documentación en regla. Vino ilusionado y lleno de esperanza, en búsqueda de una vida digna, un futuro para él y su familia. Con mucho esfuerzo, aprendió nuestro idioma, nuestras costumbres, trabajó en el campo, se insertó en nuestra sociedad y, de esta manera, consiguió la tarjeta de residencia permanente.
Cometió un error y entró en prisión. Pagó hasta el último día de su condena, incluida la correspondiente por responsabilidad civil. Rehace su vida, forma una familia y encuentra trabajo a jornada completa en una empresa de inserción laboral en donde están muy satisfechos con él y desempeña ocupaciones de responsabilidad. La reinserción es uno de los pilares de nuestro sistema penal y hay numerosas instituciones en nuestro país dedicadas a esta tarea.
El caso es que, por tener antecedentes, al salir de prisión se le cancela la residencia permanente y se decreta la expulsión del territorio español. Todo esto es instado por la policía de Zaragoza y acordado por la Subdelegación de Gobierno en Zaragoza. Dicha expulsión se ejecuta sin previo aviso y de forma súbita un año después, deteniéndole en su lugar de trabajo y trasladándole a comisaría. En 48 horas, sin asistencia letrada al detenido y sin poder despedirse de su familia, Abdul es expulsado a Marruecos.




