Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Que mediante el presente comunicado vamos a denunciar públicamente la dejadez de la Administración Penitenciaria en lo referente a la aplicación de nuestro DERECHO, pues desde hace una semana el teléfono general (dicen que en toda la cárcel), se ha estropeado y lejos de preocuparse de arreglarlo en el menor espacio de tiempo, a pesar de hacer una semana, no parece tener mucha prisa en solucionarnos el problema (como ellxs tienen móvil y los chusqueles también), esperemos que las denuncias y las quejas de los pocos que no tienen miedo a que les quiten los BARBITURICOS (PASTILLAS PARA DROGARSE) hagan su efecto.
A los que valoramos hablar con la familia más que drogarse de TRANSILIUM y BORRACHAS… nos preocupa este estado de aborregamiento generalizado; ¡¡ni pastores ni rebaño!! ¡¡COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA YA!! ¡¡Y colorín colorado este Comunicado se ha acabado!!
FRANCISCO MAYA FERNÁNDEZ
C.P. MADRID VII, a 14/02/2016
Cumplir dieciocho años suele ser motivo de celebración para la mayoría de los adolescentes, deseosos de conquistar la parcela de derechos reconocidos que despliega ante ellos la mayoría de edad. Sin embargo, si tu padre murió cuando eras niño y tu madre apenas puede cubrir sus propias necesidades básicas; si tuviste que pasar cinco meses en una ciudad fronteriza antes de poder cruzar a España en los bajos de un camión; si una vez en España pasaste de un centro de acogida para menores extranjeros a un centro para menores infractores… cumplir dieciocho años es el detonador para volver a la casilla de salida.
Éste es el caso de X., que apenas unos días después de cumplir la mayoría de edad dentro del centro de menores de Sograndio (Asturias) recibió una visita en sus instalaciones de la policía judicial, un traductor y un abogado de oficio para transmitirle la orden de expulsión.
Copiamos el texto de una octavilla que se está repartiendo y se puede descargar en Barcelona Indymedia:
Hacemos una llamada a la solidaridad con nuestras compañeras Mónica y Francisco, la semana del 29 de Febrero al 6 de Marzo, para informar y visibilizar su situación!
NO NOS PODRÁN PARAR
Los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016 se celebrará en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio contra los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar. Ambas, hace más de dos años que están en prisión preventiva a espera de juicio.
Las acusaciones que pesan sobre ellas son tres estragos, conspiración y pertenencia a organización criminal con fines terroristas, por las cuales la fiscalía pide una condena de 44 años de prisión para cada una.
Su detención, fue la primera de una serie de operativos antiterroristas en Cataluña, Madrid y Palencia, operativos conocidos con el nombre de Operación Pandora y Piñata que suman más de 40 personas imputadas para formar parte de esta presunta organización “terrorista”.
¿Pero qué es esta organización?
Las siglas de la coordinadora de grupos anarquistas GAC son las que han tomado las operaciones policiales para construir esta imaginaría organización.
¿Pero que es concretamente GAC?
Es un proyecto de coordinación, a nivel estatal, de grupos anarquistas, cuya intencionalidad es contribuir a crear un movimiento anarquista fuerte y cohesionado. Una coordinación basada en los principios de solidaridad, apoyo mutuo y acción directa. Que ha realizado campañas públicas en apoyo a las presas anarquistas, que durante el 2013 publicaron un libro denominado «Contra la Democracia”, donde se realiza un análisis de diferentes estructuras políticas acompañado de propuestas, realizadas bajo el prisma de la libertad individual y el anti autoritarismo, etc.
En las cárceles de Córdoba, en Argentina, según la Agencia Para La Libertad:
Antes de conceder una libertad, ya sea condicional, asistida u otras, los jueces de ejecución penal te obligan a pasar por una pericia psicológica que consiste en varios test. Si las personas privadas de su libertad, cinco, diez, quince, veinte años, se muestran ansiosas el día de recuperar su libertad (porque esa pericia no se hace antes, sino que se hace el mismo día), el juez recomienda que te quedes seis meses más para que se te pase la ansiedad (otra condena). Muy mal les va a quienes no agachan la cabeza y contestan sí señor, muy tranquilamente. Y mucho peor les va a las personas que no aman a quienes los mantienen cautivos, a los que los maltratan y torturan diariamente. Los jueces de ejecución exigen que las personas desarrollen bien el síndrome de Estocolmo, que se enamoren de sus verdugos.
A quienes no se adaptaron al régimen denigrante al que son sometidas.
A quienes se quejan por no tener atención médica, por no tener acceso a la educación, una mejor alimentación, o simplemente diez minutos más en el patio.
A quienes reclaman por el fin de la requisa vejatoria.
A las personas que reclaman una mínima mejora a las monedas que el servicio penitenciario les da por salarios.
A las que destierran en cárceles lejanas de su familia y de sus afectos, si se quejan el estado les muestra que todavía les puede ir peor, para eso están los calabozos y pabellones de máxima seguridad, adonde el aislamiento es total.
Muy mal les va a quienes no agachan la cabeza y contestan sí señor, muy tranquilamente.
A quienes no quieren renunciar a sus derechos.
Los jueces de ejecución exigen que las personas desarrollen bien el síndrome de Estocolmo, que se enamoren de sus verdugos.
El poder judicial pretende que las personas se acostumbren a las injusticias. Que las naturalicen.
Estos señores que administran justicia, procuran que cuando la gente llegue a su despacho, no protesten por las condiciones paupérrimas en las que viven, pero si lo hacen, ellos desmienten de manera categórica la situación.
Entonces me pregunto, ¿quien tiene el problema psicológico?
¿No serán los jueces que no quieren enfrentarse a los conflictos negando su existencia? Esto sería una negación.
Aunque sospecho que el grave problema no es ese, y que ellos son bien conscientes de lo que hacen. Lamentablemente.
Albert Woodfox, que pasó más de 43 años en confinamiento solitario, más que cualquier persona en Estados Unidos, ha sido liberado de prisión en Louisiana. Woodfox salió en libertad el viernes después de realizar una declaración de que no impugnará los cargos de homicidio culposo y hurto agravado de un guardia de prisión hace más de cuarenta años. Antes del acuerdo del viernes, su condena había sido revocada tres veces. Woodfox y el difunto compañero del grupo “Los tres de Angola”, Herman Wallace, fueron acusados en 1972 de apuñalar al guardia de prisión Brent Miller. Siempre se declararon inocentes y afirmaron que fueron acusados por su intento de denunciar las terribles condiciones en la cárcel al organizar el partido de las Panteras Negras en prisión. Herman Wallace fue liberado en 2013 y pocos días después murió de cáncer.
Nos cuenta la gente del Grupo Pro Presxs de Madrid:
Este domingo nos hemos acercado a la prisión de Estremera para visibilizar la dejadez a la que están sometidas las personas presas enfermas, en este, y en el resto de los centros de exterminio repartidos por el estado, llamados eufemísticamente, cárceles. Durante tres horas hemos estado panfleteando la guía informativa que se curraron lxs compañerxs del Tokata, de Valencia, y que hemos maquetado, para hacérsela llegar a las personas presas, a las familias y a lxs amigxs y grupos de apoyo a presxs, con el fín de facilitar que lxs presxs puedan acceder a los mismos tratamientos que se están dando en la calle.
A modo de recordatorio, y antes de comenzar la campaña, pudimos observar que la estrategia de las plataformas de afectados estaría fundamentalmente encaminada a presionar al gobierno central y demás administraciones para que reconozcan en la práctica el derecho a la salud de todas las personas afectadas. Sus medios serían la actividad legal, jurídica y administrativa, la apelación directa a las instituciones, partidos políticos, sindicatos y asociaciones y la “visibilización” del problema ante la “opinión pública”, a través de su denuncia, debate y difusión en los “medios de comunicación” y de las movilizaciones dentro del marco legal vigente. Su objetivo final, que se integren sus demandas en la legislación y en los planes ejecutivos del Estado. Eso se ve claramente cuando piden a los partidos que se comprometan a asumir en sus programas electorales una serie de puntos en relación directa con sus reivindicaciones o cuando presentan, como podría hacerlo la “oposición” parlamentaria, un plan estratégico alternativo que podría servir de base a una negociación con el Gobierno. Se plantean pues un programa de “movilización social” estrictamente “democrática”, a desarrollar dentro de una composición de lugar eminentemente ciudadanista.
Entrevistamos a Patricia Simón, periodista que ha escrito un artículo de investigación sobre los abusos que sufren los niños presos en la cárcel de menores de Sograndio (Asturias). Hablamos también sobre el SABRI, programa de control y modificación de la conducta utilizado en centros de menores. Y leemos una carta que llega desde dentro contando la situación de Javi Guerrero Carvajal desde su llegada a Puerto 3.
Nos llega desde dentro la carta de un compañero que describe las tensiones a las que está sometido Javier Guerrero por los carceleros de El Puerto
¿Cómo estáis?, os escribo esta carta para así que todo el mundo sepa cómo es la situación de Javier Guerrero Carvajal (Gaviota) desde que salió de su huelga –que todos conocéis– de 133 días, ya que él no ha querido que se siguieran publicando sus cosas por dar un voto de confianza o de buena fe a todo lo que se le dijo, no quiere decir que se olvide de todos nosotros, de lo malo que les pasa a sus compañeros en prisiones, de denunciar los abusos y las irregularidades dentro de los muros, pero también lo han defraudado muchas personas que decían entenderlo y que estarían con él a las buenas y a las malas, pero cuando salió de permiso se vio bastante agobiado, y el que lo conoce sabe que dice lo que piensa aunque sea sin intención de ofender, son muchos años encerrado y distanciado del mundo normal, ha pedido a esa persona que le disculpe 20.000 veces porque no quiere seguir distanciado, pero esa persona (de un colectivo) no lo entiende y por eso me ha contado su situación y el porqué está mal, no encuentra su hueco y está muy cansado de todo esto y lo único que pide, es que hay que entender y comprender a todas esas personas que llevan años encerrados y que no hay que dejarlos en el olvido, que los colectivos de ayuda a los presos, cuando los compas tienen problemas, ayudan y etc., pero luego salen de Galicia y caen en el olvido, que a los amigos no hay que dejarlos de lado es lo que él dice, ya que él no lo haría.
Aunque debe entenderse que nuestra legislación asimila la prisión preventiva a la prisión por condena, en la práctica, no sucede así y es difícil que en los casos en los que se dan enfermedades muy graves o con padecimientos incurables, se sustituya esta medida de privación de libertad temporal hasta que exista una resolución firme que establezca la pena a cumplir.
El primer problema que nos encontramos los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, es la determinación de la competencia objetiva, ya que, aunque con la norma en la mano, nosotros la tengamos clara, tanto el juzgado de Instrucción que esté conociendo del caso, como el de Vigilancia Penitenciaria, se pasan la “bola” de uno a otro, en multitud de ocasiones, de manera que es difícil hacer valer los derechos fundamentales inherentes a la persona enferma privada de libertad.
Legalmente, los fines que se persiguen para la adopción de tal medida privativa de libertad son asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.
Sin embargo, y por sentido común, es impensable que una persona aquejada de varias enfermedades tan graves como la Hepatitis C, el sida, un cáncer terminal, o enfermedades mentales severas pueda pensar en cometer nuevos delitos o fugarse, cuando su estado de salud le impide en ocasiones moverse o está sometido a un estricto tratamiento, que le obliga a tomar una determinada medicación que tiene que ser suministrada con cierta habitualidad, lo que viene a ser completamente incompatible con un riesgo de fuga.