Hablamos con Cristina, que nos explica los sucesos de octubre en Altsasu, a consecuencia de los cuales se ha acusado de «terrorismo» a once personas de las que siete están ahora mismo encarceladas, todo por una pelea de bar causada por la provocación de unos guardias civiles borrachos. Nos dice algo sobre la situación de los presos y detenidos y de cómo se está organizando la solidaridad. Nuestra compañera Vane nos cuenta la situación de abandono en que se encuentran algunos presos en las cárceles del Puerto de Santa María, alejados de sus familiares y amigos por la dispersión carcelaria. Nos da también una buena noticia sobre José Antúnez. Una compañera del colectivo de apoyo a mujeres presas, bolleras y trans «Revuelta en la Galera» nos da algunos detalles sobre su perspectiva del poder punitivo, de la resistencia frente a él y de la doble condena que sufren las mujeres presas.
Entre los presentes se hallaban miembros de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como Ariel Cejas Meliare, numerosos militantes de la Red de Cooperativas y Organizaciones Sociales en Contexto de Encierro, Eva Aspreslla del Centro de Estudios Legales y Sociales, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Elvira Meza de familiares bonaerenses, Andrea Casamento de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, Claudia Cesaroni del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), Carlos Casal de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional y Luis Tagliapietra, abogado (recibido en el CUD) que trajo una misiva de los compañeros del Centro Universitario Devoto. Las intervenciones de familiares y organismos se extendieron a lo largo de toda la jornada a través de un megáfono. Roberto Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó que: “es la primera vez que espontáneamente este colectivo de familiares, organismos de derechos humanos y exdetenidos se convoca en función de una aberración jurídica que se está llevando a cabo en el Senado de la Nación. Todo este paquete de reformas es regresivo e inconstitucional, va contra los principios básicos de nuestro sistema jurídico como es la presunción de inocencia, el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito. Las reglas ahora cambian, la libertad mientras dura el proceso será la excepción y la prisión preventiva será regla. Esto produce que las personas que están detenidas cumplan toda la pena y no importará si estudia o trabaja, total va a ser todo lo mismo. Lo que va a provocar es un colapso en el sistema penitenciario junto a la ley de flagrancias. Vamos a ver la cárcel explotando de gente sin condena”.






UN NEGOCIO PARA LOS RICOS, UN SUPLICIO PARA LOS POBRES
