Macrocárcel En Zabaia: Basurero Humano En Paraje Natural Alavés

Tras cinco años de oposición a la construcción de la nueva Macro-cárcel en territorio alavés, el Ministerio de Interior del Gobierno español no solo la ha construido, sino que lo ha hecho saltándose a la torera toda la legislación alavesa en materia de protección medioambiental y en contra de la voluntad de la mayoría de la sociedad alavesa a la que ni siguiera ha consultado.

Lo ha hecho construyendo lo que será un auténtico vertedero de personas hacinadas en minúsculas celdas para dos personas, gastándose más de 100 millones de euros en su construcción y convirtiendo a Álava en el territorio con mayor índice de personas presas por habitante, cuando nuestro territorio es uno de los que registra menores índices oficiales de criminalidad y una de las tasas más bajas de personas penadas por habitante.

Lo ha hecho con nuestro dinero y nos saldrá muy caro mantenerla anualmente. Costará más de 15 mil euros anuales por plaza lo que representa más de 15 millones anuales de euros que han de costearse con dinero público y no nos olvidemos de que ese gasto no va destinado a las personas presas, sino que va destinado a alimentar un negocio del que se benefician empresas privadas que suministran y abastecen las cárceles, nuevos funcionarios del estado, etcétera.

Lo están haciendo con el beneplácito de un poder judicial supeditado a decisiones políticas sin precedentes, puesto que es la primera vez que un Tribunal Supremo considera legítima una decisión del Consejo de Ministros de no exigir  la evaluación de impacto ambiental a la construcción de una infraestructura de estas características. Lo están haciendo por iniciativa de los partidos políticos hegemónicos y con la complicidad de empresas mediáticas que se comportan como mera correa de transmisión de intereses contrarios y ajenos a los intereses generales de la ciudadanía.

No solo desde la Diputación Foral de Álava, desde el Gobierno Vasco o desde el propio Parlamento Vasco que aprobó una proposición no de Ley pronunciándose en contra de la construcción de Macro-cárceles, sino también desde los  sindicatos mayoritarios se han venido denunciando las irregularidades en la contratación y la precariedad con la que la administración está haciendo trabajar a los operarios que construyen la nueva Macro-cárcel en Iruña de Oca. También han denunciado el hecho de que se han importando trabajadores en precario de fuera de Álava, cuando (desde el Ministerio de Interior,) la propia Directora General de Prisiones manifestó que la construcción de la cárcel supondría la creación de puestos de trabajo en el municipio y en la provincia, tratando así, mediante mentiras, de convencer a la sociedad de la bondad de este proyecto.

No podemos olvidar que Álava cuenta con menos de 500 personas penadas y lo que necesita no son dos Macro-cárceles para más de 2.000 reos. Necesita servicios específicos y de pequeño tamaño, medidas penales distintas a la reclusión, apoyo a la red institucional y asociativa de servicios sociales que trabajamos en el acompañamiento y promoción social de las personas presas como forma más eficaz de evitar el recurso al delito ante la ineficacia de la cárcel para estas funciones.

Por todo ello consideramos que la Diputación Foral de Álava tiene la obligación de recurrir al Tribunal Constitucional la desafortunada decisión del Tribunal Supremo hasta agotar si hiciera falta en instancias europeas la vía judicial para demostrar la ilegalidad e imposición de este proyecto contra derecho.

Salhaketa

Dossier contra la Macrocárcel de Zabaia

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