Según www.prensalibre.com, que se hace eco de un «estudio regional penitenciario»: «El hacinamiento convirtió las cárceles de Centroamérica en “bodegas humanas”, un fenómeno generado por los enfoques represivos del ataque a la delincuencia y ahora, para mitigar la crisis, los gobiernos hacen millonarias inversiones destinadas a ampliar esa obsoleta infraestructura. Según ese estudio, “La situación del sistema penitenciario de la región es el reflejo de la falta de justicia y de garantías para el debido proceso y el cumplimiento de los derechos humanos para los privados de libertad” y “Las cárceles son focos de violaciones a los derechos humanos y si las cárceles han colapsado en términos de hacinamiento, no pueden esperarse buenos resultados”.
Una población total de 92 mil 565 internos, según los registros oficiales, tiene colapsadas las 114 cárceles del Istmo, donde predominan las condiciones de insalubridad, la deficiente asistencia jurídica, la ineficiente atención médico hospitalaria, psicológica y alimenticia, entre otras falencias.
“Los Estados se quedaron a reprimir delitos en lugar de prevenirlos. El hacinamiento es impresionante e impide la resocialización en esos recintos convertidos en bodegas humanas”, declaró el criminólogo Omar Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador.
En Costa Rica, país con menor hacinamiento carcelario, la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, calificó los centros penitenciarios costarricenses como “depósitos de personas”.
El panorama carcelario, según Flores, es “más preocupante” en el Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador y Honduras— donde con la “remilitarización” de la seguridad se reprimen los delitos con encarcelamientos masivos.
La infraestructura carcelaria de la región fue construida mayoritariamente en el siglo XX con capacidad para albergar a unos 45 mil internos, pero la realidad ha desbordado ampliamente las previsiones, debido al aumento de capturas.
Motines
La superpoblación es generadora de constantes reyertas, fugas, motines, incendios y otras situaciones que suelen tener desenlaces trágicos.
En tal sentido, Honduras, tiene el récord de la región: entre el 2011 y 2012, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos registró la muerte de 419 presos, de los cuales 362 perecieron en un incendio en el penal de Comayagua, el 14 de febrero del 2012.
El más elevado índice de hacinamiento lo tiene El Salvador con 26 mil 614 presos en instalaciones que tienen capacidad para ocho mil 490, lo cual representa una superpoblación de más del 200%.
Guatemala cuenta con 16 mil 239 presos en espacios diseñados para seis mil 742; le sigue Panamá con 14 mil 990 en cárceles para siete mil 342; Honduras alberga 12 mil 614 en un espacio para ocho 243.
Los países de menor hacinamiento son Nicaragua con ocho mil 614 reclusos en cárceles para cinco mil 100 y Costa Rica con 13 mil 492 en recintos para nueve mil 796.
El estado de los presidios de la región es calificado por el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos, Adam Blackwell, como “una desgracia contra el ser humano”.
Mientras Costa Rica destina a las cárceles unos US$197 millones, los presupuestos del resto de los países del Istmo son más exiguos: Guatemala invierte US$66.6 millones, Panamá US$34.5 millones, El Salvador US$32 millones, Honduras US$18.5 millones y Nicaragua US$10.7 millones.
Mora judicial
La lentitud con que operan los rebasados tribunales para depurar procesos y emitir sentencias también contribuye al hacinamiento.
En mora judicial, Panamá lidera la región con el 63% de los 14 mil 990 presos aún sin condena, seguido por Honduras (60%), Guatemala (48.8%), El Salvador (24.2%) y Costa Rica (23%).
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