La detención de dos funcionarios de prisiones por tráfico de drogas en el interior del Centro Penitenciario de Córdoba no es más que una demostración de lo que los familiares de internos y nosotros como Asociación venimos denunciando desde hace años: el enorme descontrol de una Administración Pública, como es la Prisión, y que ella misma se define como una pieza ineludible de la política de seguridad de un país y también de la política de intervención social.
Es de extrañar que sea la Guardia Civil quien iniciara la operación y descubriera los hechos, en lugar de la propia Institución Penitenciaria, que cuenta con medios, recursos públicos y cuerpos, como la Dirección, Seguridad o la Inspección Penitenciaria, para evitar actuaciones delictivas como ésta.
Lamentamos noticias de este corte, que aumentan la desconfianza de quienes vemos fisuras en toda la estructura penitenciaria, en su funcionalidad y su servicio a la sociedad, por lo que la visión positiva de la Subdelegación de Gobierno en Córdoba frente a lo acontecido, nos llama profundamente la atención.
Sería interesante que como sociedad nos preguntáramos cómo se puede sentir una persona presa que se sabe controlada por otra que trafica con droga, o cómo se sienten sus familiares, la injusticia de verse sometido a una pena de privación de libertad por haber cometido un delito contra la salud pública, pero bajo la vigilancia y supervisión de una persona después detenida, igualmente, por tráfico de drogas.
Desde nuestra Asociación pedimos a los funcionarios que sean ellos mismos los que denuncien, que estén vigilantes a que ningún compañero incurra en hechos ilícitos a fin de velar por los derechos de las personas privadas de libertad y para evitar que el cuerpo de funcionarios de prisiones en su generalidad se vea perjudicado por el comportamiento ilegal y delictivo de algunos.
Este tipo de hechos no hace sino constatar que el modelo penitenciario está agotado y que debe ser revisado en su globalidad, ya que no cumple con el principio constitucional establecido en el artículo 25.2, en el que se establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social.
Córdoba, 16 de marzo de 2011
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