Categoría: <span>VHC</span>

El de Belén Vázquez Campillo es un caso extremo dentro de la situación de abandono sanitario en que se encuentran al menos 14.000 personas enfermas de hepatitis C presas en las cárceles españolas. Ella está cumpliendo condena precisamente en la UTE de Villabona, llamada “la cárcel de la esperanza” en la demagogia correccionalista esgrimida en tiempos de Zapatero por la “izquierda” de la partitocracia española, quizá para distinguirse superficialmente de la fracción derecha, con la que se ha alternado en el gobierno durante tantos años, compartiendo, además del negocio del poder, una política criminal y penitenciaria basada en el “populismo punitivo”, en el desarrollo de una “industria del control del delito” y en la exclusión material y formal de la condición de persona y neutralización física de pobres, migrantes, rebeldes y “enemigos”. Sin abandonar nunca esa estrategia de dominación, el partido del GAL y del FIES fomentó durante su anterior mandato “experiencias” como las “unidades terapeúticas y educativas” y los “módulos de respeto” donde se pretende implementar y justificar para el Estado y sus carceleros un “poder terapeútico” que atenta contra la dignidad de las personas sometidas a la “relación de sujección especial” penitenciaria en tanta o mayor medida que otras «experiencias», como el Régimen Especial de castigo o los FIES, de las que no es más que la otra cara de una misma moneda. Belén es ex toxicómana, portadora de anticuerpos del VIH, con las defensas extremadamente bajas; sufre un papiloma de kilo medio; está enferma de hepatitis C y de cirrosis muy avanzada. Después de salir dos veces en coma hepático al hospital de la calle y cuando estaba siendo preparada para la administración del “sovaldi”, único tratamiento que podría salvarle la vida, prescrito por los médicos de la seguridad social, se encuentra con que la administración autonómica asturiana se niega a sufragarlo, por corresponder legalmente el gasto a la administración carcelera, que no dice “esta boca es mía”, quedando Belén en peligro de muerte, sin tratamiento y sin ninguna perspectiva de poderlo recibir.

Belén Vázquez Campillo está presa en la Unidad Terapeútica Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona. Ex toxicómana y portadora de anticuerpos de VIH, con las defensas bajísimas y sin recibir ninguna medicación, sufre un papiloma que pesa quilo y medio… y además está enferma de hepatitis C y de cirrosis. Sus familiares denuncian una de esas situaciones terribles que no lo son menos porque se hayan hecho habituales desde que, con la justificación de la “crisis”, el régimen de dominación y explotación decidió una vez más hacer lo necesario para mantener las ganancias capitalistas, aún a costa de las más elementales condiciones de vida y de la dignidad de la gente de abajo. Habiendo sido trasladada dos veces en coma hepático al hospital de la calle y después del correspondiente diagnóstico, los médicos de la seguridad social decidieron empezar a prepararla para recibir el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, el llamado “sobaldi”, que, según parece, requiere otro previo. Pero, cuando llegó el momento de administrarle el tratamiento propiamente dicho, los médicos se toparon con el contencioso pendiente entre las administraciones sanitarias autonómicas y el ministerio del interior sobre quién debe hacerse cargo de su financiación para pacientes presos. La seguridad social asturiana se negó a ello y la administración carcelera ni siquiera se lo había planteado. De manera que ahora está Belén, con cirrosis avanzada, en peligro de muerte, sin tratamiento y sin posibilidades en perspectiva de que se lo den a corto plazo, y los responsables de garantizar sus “derechos” a la salud y a la vida jugando a pasarse la patata caliente por ver qué administración consigue ahorrar algo de dinero. Burócratas sin corazón y sin conciencia, no se sentirán siquiera avergonzados, mientras todos los poderes del «Estado de Derecho» y un hormiguero de «funcionarios» están actuando en relación con este asunto, pero ninguno para salvar la vida de Belén. Entre todos la están matando y ella sola se va a morir. ¿Quién será, entonces, el «responsable»? ¿Nadie? Su madre y el resto de su familia piden ayuda para conseguir que por quienes deben hacerlo se proporcione a Belén el único tratamiento que le puede salvar la vida. Y, si no, que la excarcelen, ya que es su condición de presa la que le impide acceder a los remedios que tan urgentemente necesita y que, legalmente, la administración penitenciaria, los jueces y el Estado están obligados a velar por su vida, por su integridad y su salud.

Más información en Tokata sobre el abandono de las personas presas enfermas de hepatitis C