Según el Centro de Documentación Contra la Tortura, en lo que va de año han muerto en los talegos del Estado español 37 personas, la última, J.R.P., de 53 años, fue hallado muerto [ver noticia] en una celda de la prisión de Tenerife II, hacia el 20 de septiembre.
Categoría: <span>Sin categoría</span>
Los palestinos presos en cárceles israelíes, han niciado hoy, 26 de septiembre,una huelga de hambre para exigir mejores condiciones en las cárceles y protestar contra la escalada de «procedimientos arbitrarios» por parte de los funcionarios de prisiones israelíes. Un portavoz anunció que familiares de los prisioneros se congregarán hoy frente a las oficinas de la Cruz Roja en la ciudad cisjordana de Hebrón.
Según fuentes oficiales palestinas, Israel mantiene presos a cerca de 7.000 palestinos en 22 cárceles y centros penitenciarios y de interrogación. De los 4.847 palestinos que han sido sentenciados, 792 cumplen cadena perpetua. Más de 800 presos están a la espera de ser juzgados, 164 permanecen encerrados en centros de investigación de los servicios de inteligencia israelíes y alrededor de 200 se encuentran en situación de «detención administrativa», un procedimiento que permite retener a los sospechosos por un periodo renovable de seis meses sin imputarles ningún cargo. 103 palestinos han muerto dentro de prisiones israelíes debido a negligencia médica, tortura y abusos por parte de los carceleros.
España sigue siendo muy fiel a sus antiguas y rancias tradiciones. Una de las más cínicas es la que celebra el mundo penitenciario a propósito de la Virgen de la Merced, patrona de la Institución. Cada año, desde el represivo y vil franquismo, las cárceles españolas han venido celebrando fiestas alrededor del 24 de septiembre. Queso y jamón como extras para los presos, misa de obispo y boato de las autoridades, discursos de capellanes, alcaides, gobernadores, diputados y otros sobre la reinserción y la pena. Una pena, la verdad.
J. A. Fernández Gómez lleva desde el 20 de Septiembre en huelga de hambre exigiendo su libertad. Él tiene la libertad total a pulso para el 10 de diciembre de 2011. Deben abonarle 5 años de prisión provisional de acuerdo a la sentencia de Tribunal Constitucional 57/2008 de 28 de abril y está a la espera de que le apliquen el art. 76 de código penal (triple de la mayor). Si hubiesen aplicado esto debería estar en la calle desde mediados de 2008, por lo que está cumpliendo de más.
Se pide que se envíen faxes a la Audiencia Provincial de Murcia, sección 2ª (fax: 968 22 91 38) pidiendo la aplicación del artículo 76 del código Penal y el abono de tiempo de prisión provisional según la sentencia del tribunal constitucional 57/2008 de 28 de abril (texto propuesto).
Para enviar faxes Aquí (recuerda que tienes que confirmar envío desde la cuenta de mail)
Más de dos meses llevan en huelga de hambre indios mapuches presos en distintas cárceles chilenas -han ido sumándose unos tras otros hasta la cifra actual de 35 prisioneros- acusados de incendiar predios agrícolas y atentar contra un fiscal como protesta para reivindicar terrenos que consideran suyos por derechos ancestrales. Todos ellos están encarcelados bajo la Ley Antiterrorista originada en la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Hoy se presentará ante el Congreso un proyecto de ley con el objetivo de evitar someter a presos como estos a juicios militares, como se hacía hasta ahora. Es una ley que establece que “los civiles y menores de edad sólo serán juzgados por tribunales civiles». Sin embargo, el proyecto de ley no prevé eliminar el incendio contra la propiedad privada como acto terrorista, un punto clave en el caso de los presos en huelga de hambre.
A Daniel Ramírez se le siguen negando un derecho básico como es el acceso a la sanidad en igualdad de condiciones.
Le ha sido negada en repetidas ocasiones la salida al especialista médico (traumatólogo) para un correcto diagnóstico y para que se le preste el debido tratamiento de las dolencias que sufre en el tendón de Aquiles que le está causando fuertes dolores, perdida de movilidad y pérdida de masa muscular.
Daniel, si antes del día uno de octubre, no tiene cita médica confirmada y certificada -pues ya ha sido engañado en anterires ocasiones- iniciará una huelga de hambre.
Por eso se pide que se envie el siguiente texto: escrito queja Daniel Ramírez Córdoba a las siguientes direcciones
Fax JVP nº 1 Puerto de Santa María Cádiz: 956 20 37 44
Defensor pueblo andaluz: mail defensor@defensor-and.es
fax 954 214 497
Y que se envien textos de protesta o se llame a la SGIP: Tel.: 913354951 Fax: 913354052
Y al Centro Penitenciario: Tel. 956476840
Laureano Ortega Ortega, preso político vasco militante de los GRAPO, ha sufrido esta mañana un infarto de miocardio. Se encuentra grave pero estable en el hospital de Cádiz.
Denuncia de la muerte en Valdemoro:
“(…) resulta que hace más o menos dos semanas a dos celdas de la mía murió un chaval conocido mío (Mario Lobato Muñoz se llamaba) por una «sobredosis de matadona y benzodiacepinas» que le produjo un paro cardiaco fulminante. No nos enteramos nadie hasta el recuento de las 8:30 P.m. La verdad que este “suceso” me ha afectado bastante (y todabía me afecta) y no he tenido la cabeza para nada, ya que estas situaciones no por cotidianas te dejan indiferente y más si encima le ocurrió a alguien que conoces, con el cual has hablado/tratado… En fin (…) para mi es un asesinato más, porque la administración sabía del estado de salud de Mario, tenía V.H.C. y V.I.H. ¿por qué le seguían dando Metadona mezclada con un montón de benzodiacepinas? ¿por qué no le soltaron a la calle? ¿por qué , por qué, por qué?… ¡qué mierda más grande! pero el caso que toda esta cadena de “negligencias” le ha costado la vida al chaval.»
Entrevista con Miguel Montes Neiro, en prisión desde 1976, actualmente preso en C. P. Jaén
A raíz de una investigación sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros en España, Italia, Portugal y Grecia durante los últimos 10 años, llevada a cabo por el Observatorio del Sistema Penal de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona; Migreurop y el propio OSPDH denuncian las dificultades para acceder a datos e información referida a personas internadas en estos Centros.