Ya son bastantes meses seguidos en los que la cuestión de la represión ocupa alguna o varias páginas en esta publicación. No es casualidad ni tampoco es que tengamos una especial predilección por estos temas, sino que desde hace ya tiempo estamos observando y sufriendo una escalada represiva hacia el anarquismo y hacia los movimientos sociales en general. No se trata sólo de cambios en la legislación (la modificación del Código Penal, la Ley mordaza, etc.) sino también de las estrategias policiales y judiciales que se están aplicando: detenciones a domicilio días o semanas después de los hechos, prisión preventiva sin justificación alguna, pactos con la fiscalía para aceptar condenas a cambio de no entrar en prisión, etc. La criminalización de toda disidencia y el señalamiento del nuevo enemigo interno, el supuesto terrorismo anarquista (www.todoporhacer.org/operaciones-antiterroristas-anarquismo), avanzan de la mano a golpe de porra, calabozo, multas y, cada vez más a menudo, prisión. Por eso hemos decidido recopilar en estas páginas algunos de los casos represivos más recientes, con el fin de difundir su situación actual y, sobre todo, de llamar a continuar la solidaridad con todos ellos.
Categoría: <span>Presxs «políticxs»</span>
La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad sin fianza para tres de las cinco personas que seguían hasta ahora en prisión provisional, detenidas en el marco de la Operación Piñata, el pasado 31 de marzo. Según ha explicado a Diagonal Daniel Amelang, uno de los abogados que representan a los acusados de la Operación Piñata, están ahora a la espera de que la Audiencia se pronuncie sobre la libertad de las otras dos personas que aún siguen en prisión preventiva.
“La Audiencia ha considerado que la prisión preventiva era una medida desproporcionada”, explica Amelang. “De momento mantienen los cargos contra ellos, pero han visto que es innecesario que estén ahora en prisión”, concluye. Se espera que al menos estas tres personas a las que la Audiencia ha confirmado la libertad sin fianza salgan a lo largo de esta tarde de los distintos centros penitenciarios a los que fueron dispersadas el 18 de mayo.
A través de un auto de la Audiencia Nacional nos hemos enterado de la orden, firmada por el juez Eloy Velasco y solicitada por la Brigada de Información de la Policía Nacional, de bloquear y embargar las cuentas solidarias que se abrieron en los días siguientes de las detenciones. Un nuevo capítulo en esta farsa del Estado español contra el movimiento anarquista, que en este caso quiere ahogar los gestos de solidaridad sobre todo materiales y económicos, pero también afectivos, con los entornos represaliados.
Como bien sabemos, la represión, en este caso el paquete de punición y amedrantamiento conocido como “antiterrorismo” (que abarca un espectro cada vez más amplio y no dejará de crecer) que conlleva el castigo clásico y físico con el encierro, el aislamiento, la incomunicación y la tortura, se complementa —y en esto el Estado español se encuentra a la vanguardia— con el castigo a los entornos de los presos con su dispersión y sus limitaciones de contacto con el exterior.
A esto se suman el envío de mensajes (esporádicos y subliminales algunas veces, constantes y explícitos otras): no existen entornos y amistades sino “entramados”; no existen compañeros y compañeras sino cómplices. ¿Qué busca el poder y la represión con esto? Desgastar y debilitar a los presos y presas y a sus ámbitos afectivos y políticos. Conseguir que todo el peso de la ley y la represión los aplaste.
Se adjunta modelo de texto y se propone como fechas de envío en común Lunes 25, Martes 26 y Miércoles 27 de Mayo. Si se quiere mandar cartas o emails, por el fin de la dispersión y la libertad de los anarquistas presos, se adjunta la dirección postal y el correo electrónico.
Fax (0034) 913354052
Secretario General de Instituciones Penitenciarias:
Ángel Yuste Castillejo
Dirección postal C/ Alcalá, 38-40, 28014 Madrid
Teléfono (0034) 913354700
Fax (0034) 913354052
sgip@dgip.mir.es
Porque entendemos la dispersión como un castigo directo a los familiares, amigos y compañeros de las personas presas, como un intento de aislar más aún al preso acabando con el último resquicio de arraigo que podría mantener permaneciendo en la comunidad donde residía como un intento de trabar el apoyo y la solidaridad hacia ellos, ni nos vamos a quedar callados, ni vamos a dejar de solidarizarnos, ni van a conseguir aislarlos porque nunca les dejaremos solos.
¡Abajo los muros de las prisiones!
Modelo de texto
[picar en imagen para descargar]
Junto con la publicación hemos recibido el siguiente mensaje:
Con esta recopilación de textos pretendemos ir informando de lo que ha estado sucediendo desde el día de las detenciones que se produjeron por esta operación y la entrada en prisión de 5 compañeros. Alejándolo de las malversaciones de los medios de comunicación, aportando una visión política que nos ayude a entender el porqué de la represión e intentando infundir ánimo, templanza y aliento ante la coyuntura en la que nos encontramos.
La idea es ir sacando mas números cada poco tiempo. Así que como cada número tendremos poco tiempo para moverlo hasta que salga el siguiente, y por que sabemos que entre todxs podemos llegar bastante mas lejos, os animamos a que imprimáis ejemplares para repartir en centros sociales, universidades, institutos, la calle, bibliotecas… allá donde consideréis que puede ser útil.
Y que de igual manera lo difundáis por redes sociales, facebook, twitter… todo lo que podáis. Así como mandarlo por emails a vuestras listas de correo, colgarlo en paginas o donde se os ocurra.
Más información sobre los presos de la «operación piñata»:
Fuente: www.naiz.eus
«Primero se llevaron a los comunistas, pero a mi no me importó porque yo no lo era; enseguida se llevaron a unos obreros, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era, después detuvieron a los sindicalistas, pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista; luego apresaron a unos curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó; ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde.»
Bertolt Brech
Etxerat elkartea quiere realizar una lectura de urgencia ante la gravísima decisión adoptada esta tarde por el Tribunal Supremo español en lo referido a la refundición de las penas.
− La medida nos afecta directamente. 56 presos que tienen por detrás a 56 familias son las perjudicadas por esta última vuelta de tuerca. El estado ha apostado por mantener en prisión a 56 personas que tienen cumplidas sus condenas en virtud al Acuerdo Marco Europeo. Por encima de Europa, por encima de su legalidad, por encima de todo, han decidido mantenerlos en la cárcel. A pesar de que saben que esta medida es ilegal. La venganza sigue siendo la base de su política penitenciaria.
− Después de conocer la decisión del Tribunal Supremo, el operativo contra abogados vascos desarrollado ayer cobra aún más sentido. Sabían que iban a cometer un atropello, una aberración jurídica contra el derecho, contra Europa y contra sus leyes y, por eso, primero, han detenido a los abogados. Para que nadie pueda denunciarlo. En esta jugada maquiavélica, sabían que sin abogados los problemas para denunciar esta ilegalidad se multiplicarían. Estamos desnudos. ¿Cómo interpretar, cómo definir o cómo recurrir este escándalo jurídico? ¿Dónde están nuestros derechos civiles?
− La historia se repite. El daño es irreparable, como ya ocurriera con la famosa doctrina. Mientras el caso pase de Tribunal en Tribunal hasta llegar a Europa pasarán años. Años en los cuales los presos seguirán cumpliendo una condena que ya han cumplido. Años en los que estarán secuestrados.
La redada que realizó el lunes la Guardia Civil con el visto bueno del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra los abogados de presos de ETA , sorprendió a los dirigentes nacionalistas vascos y de otras formaciones políticas. Sin pronunciarse oficialmente por falta de datos, algunos vieron en la decisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, unos tintes electoralistas impropios del camino de la paz y la convivencia democrática que viene recorriendo la sociedad vasca desde hace cinco años. “Es como si a la vista de las encuestas hubieran dicho: contra ETA vivíamos mejor y estuvieran buscando réditos electorales”, dijo a cuartopoder.es un alto dirigente del PNV que prefiere preservar su identidad. La redada se saldó con la detención de 12 abogados y cuatro personas vinculadas al colectivo de apoyo a los presos etarras. Entre los detenidos está Amaia Izko, la letrada que en defensa de la etarra Inés del Río recurrió la ‘doctrina Parot’ ante el Tribunal Europeo de Justicia y obtuvo la anulación de aquella reforma penal retroactiva para impedir la salida de los presos tras redimir toda la condena. El arresto de Izko y sus compañeras fue calificado de “venganza pura y dura” por el dirigente de Sortu Pernando Barrena.
Las detenciones se practicaron cuarenta y ocho horas después de la gran manifestación celebrada el sábado en Bilbao contra la dispersión de los presos de ETA y, como si los abogados no fueran gente ley ni probada obediencia a los mandatos judiciales, se realizó con las características propagandísticas propias de una captura de terroristas. Los letrados fueron sacados de sus despachos y domicilios en Bilbao, Guipúzcoa y Pamplona. También de un hotel en Madrid, hasta donde se habían desplazado las letradas Izko, Eukene Jáuregui y Haizea Ziluaga para intervenir en el juicio contra los 35 miembros de la dirección del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que iba a comenzar el lunes en las dependencias de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).
La vista oral adquirió tintes de sainete bufo. “Señorías, las asistencias jurídicas no pueden asistir por haber sido detenidas”, comunicó el letrado Iñigo Iruín. Los magistrados se miraron sorprendidos. Los 19 procesados que iban a ser defendidos por las tres abogadas detenidas rechazaron el cambio de letrado. El fiscal emitió su parecer y la sala suspendió la vista “hasta que se aclare la situación procesal de las detenidas”.
El Ministerio del Interior emitió una nota diciendo que los abogados tenían cuentas pendientes con Hacienda. En concreto, no liquidaron el IVA de un montante de 1,3 millones de euros que recibieron en 2012 y 2013 por su asistencia jurídica a los presos de ETA. Eso sin contar que en el registro que practicó la Guardia Civil en la sede del sindicato LAB en Bilbao, a cuyo gabinete jurídico pertenecen algunos arrestados, se incautó de unos 90.000 euros, supuestamente para ayudar a los presos. Comoquiera que los impagos fiscales no son delito en tanto no superen la cantidad de 125.000 euros y, por tanto, los deudores no pueden ser detenidos, Interior les acusa de supuesta “integración en banda terrorista”. Todos ellos y cuatro supuestos tesoreros de los fondos de ayuda a los presos, que funciona con el nombre de Sostengu, tras la ilegalización de las Gestoras pro Amnistía y la suspensión de Herrira, se dedicaban, según Interior, a mantener la cohesión del colectivo de presos de ETA y realizaban giras periódicas por distintos centros penitenciarios.
Interior les acusa de anteponer el interés “político” de la organización terrorista al individual de los propios reclusos. Sus emolumentos no declarados a Hacienda eran sufragados por Herrira, organización de ayuda a los presos, creada tras la renuncia definitiva de ETA al terrorismo, pero considerada un “tentáculo de ETA”. Tras su desarticulación en 2013, las pesquisas policiales y la documentación incautada facilitaron la detención en 2014 de los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en prisión desde entonces. Las investigaciones policiales también relacionan al senador de Bildu Iñaki Goioaga con ese “tentáculo” de la organización terrorista que estaría en contra de la disolución. Con las detenciones del lunes, bautizadas por la Guardia Civil como ‘operación Mate’, el departamento de Fernández Díaz consideró “desarticulado el entramado financiero que sustentaba económicamente al colectivo de abogados”. Éstos, a su vez, pidieron la ayuda y el pronunciamiento de sus respectivos Colegios profesionales.
Más allá de la actividad delictiva que al amparo de las leyes especiales contra el terrorismo se pueda imputar a los detenidos, la primera lectura del PNV no ha sido positiva, por entender que el Gobierno apela a la dureza para obtener réditos electorales. Con su opción moviliza y radicaliza a sectores de la izquierda abertzale, Bildu y Amaiur, al tiempo que alimenta el victimismo contra el Estado. Esa vía nutriente entre los extremos arreciará esta misma semana con la discusión parlamentaria de los nuevos preceptos contra el terrorismo que el PP se dispone a introducir en el proyecto de Código Penal vía enmiendas para esquivar los informes del Poder Judicial.