Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Una familia de Palma de Mallorca ha denunciado públicamente y ante las autoridades la oscuridad y extrañeza de las circunstancias en las que, el pasado 2 de agosto, apareció muerto en la cárcel de Palma de Mallorca uno de su miembros, Francisco Belmonte Ferrer, de 52 años de edad, que llevaba allí preso tres años, de una condena de doce. Según el médico forense, el resultado de la autopsia, ocultado a la familia hasta el último momento, como de costumbre, es que la muerte fue debida a una sobredosis de drogas. Pero la familia denuncia que en el informe forense no se describen los golpes, heridas y contusiones en gran cantidad que advirtieron en el cadáver cuando lograron verlo en el tanatorio. Aseguran que tienen pruebas de que Francisco no murió accidentalmente. Explican que les había contado que había recibido amenazas de muerte por parte de un funcionario de la cárcel. El viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas, se concentraron, junto a allegados y gente solidaria fente a la cárcel de Palma, como se puede ver en la fotografía de arriba. Y convocan otra concentración en el mismo lugar, para el sábado, 24 de septiembre, de 15:30 a 21:00 y también para el domingo, en el mismo horario: «Queremos saber la verdad. Estamos destrozados, con el dolor de ver cómo le han quitado la vida. Él estaba allí para cumplir condena pero no para que lo maten que es lo que han hecho con él. Queremos reclamar responsabilidades al centro penitenciario, a los custodios de mi hermano; ellos tenían que velar por él y no lo han hecho en ningún caso.» Declaraban en una entrevista publicada el 13 de septiembre en el diario digital Crónica Balear, de la que reproducimos a continuación la mayor parte.
“Mi hermano no ha muerto en la cárcel de Palma, a mi hermano lo han matado allí dentro”
¿En qué situación se encontraba tu hermano?
Llevaba tres años en prisión y tiene una condena de doce años en total. Había estado ocho meses en el módulo terapéutico pero discutió con alguien allí y lo derivaron al módulo catorce. En ese empezaron todos los problemas. Cuando se le pasa allí, ya no se le hacen visitas médicas ni nada. Incluso él mismo pidió el traslado para irse de Palma porque no se sentía seguro, estaba amenazado de muerte y no le hicieron caso. Han vulnerado sus derechos
La autopsia indica una “sobredosis”, ¿cuál era la relación de tu hermano con la droga?
Ha pasado treinta años de su vida enganchado. Esa es la verdad. Los últimos diez años consiguió mantenerse limpio y estuvo trabajando; le iba muy bien pero sufrió una recaída y delinquió para volver a consumir. Cometió algunos robos, se le juntaron varias condenas y le cayeron los doce años que estaba cumpliendo.
¿Os había contado que recibía amenazas en la prisión?
Sí. Decía que de un funcionario. Se lo dijo a mi hermano y a mi sobrino, incluso el domingo antes de morir se lo dijo de nuevo a mi hermano y también a mi madre. Les contó que le habían metido en un cuartito y que lo desvistieron, iban a pegarle pero él les dijo que no sería la primera vez que denunciaba a un funcionario por darle una paliza y le dejaron en paz.
¿Le había ocurrido ya en otra ocasión?
Hace ya años en la misma cárcel, en Palma, denunció a dos funcionarios por romperle la boca. Tiene la sentencia condenatoria.
¿Cómo os enterasteis de su muerte?
Siempre hemos mantenido visitas y comunicación con él, el último contacto fue poco antes del domingo 2 de agosto, el día que apareció muerto. Mi madre llegó al centro penitenciario a ingresarle el peculio y le dijeron que no podía ser, que esperase un momento. Acto seguido entró la policía judicial. Salió el director y otra persona y ni siquiera hablaron bien de mi hermano, fue un trato muy feo en aquel momento tan delicado. Nadie de la prisión nos ha informado de nada ni nos ha tratado en condiciones; exceptuando el cura, que es una buena persona.
¿Cuándo empiezan las sospechas?
No nos cuadraba nada. Fue todo tan repentino y tan extraño. En el tanatorio cuando vimos su cuerpo y su cara llena de golpes y moretones nos quedamos sin palabras. No podía ser. Nos dimos cuenta de que nos habían mentido. Alguien oculta la verdad. Algo le ocurrió aquella noche. Estaba lleno de golpes.
¿Qué decía el informe de la autopsia?
Eso es lo fuerte. La forense se puso en contacto con nuestra abogada y le explicó que se fue de vacaciones sin entregar el informe a principios de agosto cuando fue descubierto el cadáver. Nos entregaron la autopsia ayer 12 de septiembre. No entendemos cómo ha podido ocurrir eso. Según el documento que nos han dado murió por insuficiencia respiratoria, ingesta masiva de drogas e infarto. Estamos a la espera de la analítica de tóxicos. Yo sé que lo fácil es pensar en un toxicómano y en su adicción a las drogas pero no se describen los golpes que vimos. Fue una sobredosis, sí, pero no fue una sobredosis por su mano, lo mataron de esa forma.
En ese momento decidís pedir una segunda autopsia y denunciar el caso en la Policía Nacional…
Es que los golpes eran evidentes, lo eran tanto que hasta los agentes nos dijeron que habíamos hecho bien, que podía haber indicios de homicidio. Estoy segura de que mi hermano ya no consumía, pesaba noventa quilos, estaba en forma y tenía 400 euros ahorrados en su peculio; todo el mundo sabe que alguien enganchado dentro no tiene ni un duro y puede vender hasta su ropa para consumir. Mi hermano lo tenía todo, su dinero, su ropa de marca, su peso y su buen estado físico.
¿Qué creéis vosotros que pasó allí?
Creo que entró en su celda a las ocho y media de la tarde y que por la noche recibió una brutal paliza. Creo que cuando vieron que se les había ido de las manos, le metieron la sobredosis. Hay demasiadas cosas que no se han tenido en cuenta, las amenazas que recibió, algunas heridas que presenta compatibles con las pistolas táser de los funcionarios, la declaración de un preso que cuenta que le oyó quejarse de madrugada, una teórica visita a la enfermería en ese momento..; hay demasiadas cuestiones sin respuesta.
Si se hubiera cumplido la ley, ni siquiera tendría que haber entrado, pero le han tenido cuarenta y ocho días sin cuidados ni tratamiento, tirado en un patio, abandonado a su dolor, sin paliativos, sin alimentación adecuada, teniéndose que cambiar él mismo la bolsa de evacuación, sufriendo malos tratos y abusos.
Mientras las autoridades «competentes», carceleras, judiciales, gubernativas, en lugar de acelerar su excarcelación, urgente por su gravísimo estado y obligatoria según la ley, preocupados por su peligrosidad ─la de alguien a quien los médicos consideran un enfermo terminal y que no ha cometido nunca ningún delito violento─, en lugar de preocuparse por su dignidad y por sus derechos humanos, retrasaban su liberación todo lo que podían, aplicando unos mecanismos legales totalmente contradictorios con el humanitarismo ideológico de las leyes, pergeñados para neutralizar los aspectos garantistas de las mismas y potenciar los destructivos, al socaire del populismo punitivo y de la fascistización de los procedimientos de dominio pareja con el desarrollo capitalista desbocado.
«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». O esto es lo que dice el artículo 15 de la constitución española de 1978, todavía supuestamente en vigor. Tampoco es que nos tomemos muy en serio esa «magna ley», democratizadora del régimen franquista, y menos ese artículo por el que también queda abolida la pena de muerte, aunque no del todo, ya que permite a los militares aplicarla en tiempo de guerra. Y eso es lo que pasa con toda la palabrería constitucional y legal, que es difícil poner en claro si está hecha en nuestro favor o contra nosotrxs.
Y, aunque analizando su desarrollo legal, así como la actividad interpretativa correspondiente de la autoridad jucial y la práctica ejecutiva que van de la mano, cada vez nos convencemos más ─¡qué remedio!─ de que está hecha contra nosotrxs, cuando la dureza de la vida bajo el dominio del Capital nos agobia y no parece quedar otro recurso, a todxs se nos ocurre invocar esos derechos “concedidos” por el Estado. Sobre todo, cuando lo que te acorrala es el sistema punitivo y no puede menos que venirte la idea de que, si te castigan por desobedecer la ley, quienes deciden o ejecutan el castigo no pueden, en buena lógica, desobedecer esa misma ley que se supone están defendiendo.
Pero veamos cómo desarrolla el código penal ese principio que, al mismo tiempo que conserva la pena de muerte, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, para el caso de «enfermos muy graves con padecimientos incurables» que se encuentren en manos del Estado condenados a pena de cárcel, ya que la ley orgánica penitenciaria no dice nada al respecto, olvidando en una situación tan sensible la supuesta humanidad exigida por ella misma, en cumplimiento de la ley suprema.
El artículo 91 del código punitivo dicta que, en un caso así, los penados muy gravemente enfermos con padecimientos incurables, sin necesidad de haber cumplido una porción determinada de ella, “podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional”. Y que , entonces, la administración penitenciaria «elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria». Pero, atención a la claúsula de seguridad, porque, igual que unx tiene derecho a la vida salvo que el Estado decida, según su lógica violenta, que no lo tiene, también nos es «concedido» el derecho a ser tratados humana y dignamente, a no ser que la autoridad judicial decida, basándose en informes policiales y carcelarios, que unx no se encuentra suficientemente destrozadx para que su capacidad para delinquir y su peligrosidad hayan quedado considerablente mermadas.
Y el artículo 91 CP continúa: «Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior». Reiterando, para que nadie lo olvide, el conjuro asegurador.
No requiere muchos comentarios esta lógica de la dignidad humana supeditada, incluso en los casos más extremos, al rígido formalismo de la violencia llamada «legítima» y del sometimiento frente a ella. El sentido común ya comprende que toda esa palabrería y los «razonamientos» compuestos a su sombra serían absurdos o grotescos, si no se revelaran al primer vistazo como lo que son, el producto de la petulancia prepotente de un poder arbitrario y abusivo.
Y en manos de esa prepotencia que cumple siempre sus amenazas y rara vez sus promesas de autolimitación «humanitaria» ha estado Alberto Romero Varela esos cuarenta y ocho días, preso en la horrible cárcel de Teixeiro, donde reinan la arbitariedad y el abuso. El último día en total ilegalidad, porque la dirección de la cárcel, cuya inhumana negligencia ha retrasado innecesariamente todos y cada uno de los trámites necesarios para su excarcelación, decidió retenerle por una estúpida duda en la interpretación del auto judicial, haciendo volver a casa a su compañera que ya estaba esperándole en la puerta, después de un largo viaje, para volverla a llamar al día siguiente, notificándole que tenía que viajar de nuevo para recoger a Alberto.
¡Abajo las cárceles! ¡Muerte al Capital y al Estado! ¡Ahí dentro queda mucha gente sufriendo la degradación, el abandono, la inhumanidad y la crueldad de la máquina punitiva española! Nuestra única fuerza es la solidaridad. Las redes de la misma son demasiado débiles, como comprobamos cada vez que tenemos que movernos y vemos que apenas llegan para hacer un poco de compañía a las víctimas en su sufrimiento y ansiedad, ejerciendo muy poca presión efectiva para obligar al estado a aflojar su presa sobre ellas. ¡Es necesario fortalecer esas redes! Y no hablamos de las «redes sociales» o de la «sociedad civil»: ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! ¡Solidaridad, apoyo mutuo, acción directa, de eso estamos hablando! ¿Es que se han quedado para siempre en meros fetiches ideológicos?
Alberto Romero Varela fue preso el 10 de junio pasado, hace ahora 43 días. Estaba gravísimamente enfermo de cáncer de colon con metástasis. En cuanto le vieron los médicos, iniciaron el expediente para su excarcelación, en cumplimiento del artículo 196 del reglamento penitenciario. El artículo 91 del código penal dicta que los «enfermos muy graves con padecimientos incurables» podrán obtener la libertad condicional sin necesidad de haber cumplido una porción determinada de la pena y que, constándole a la admistración penitenciaria que la persona presa se halla en esa situación, «elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria, quien, a la hora de resolverlo, valorará junto a las circunstancias personales la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto».
Pero la junta de tratamiento de la horrible cárcel de Teixeiro, de siniestra fama por las noticias de abusos que allí se cometen contra las personas presas, no consideró tan urgente la excarcelación de Alberto que no pudiera aplazar más de una semana considerar su clasificación en tercer grado –requisito todavía indispensable para poder optar a la libertad condicional– y el cumplimiento del artículo 104.4 del reglamento penitenciario, que dice: «Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».
Enseguida, el expediente quedó detenido una vez más por la exigencia de la fiscalía de que se garantizara burocráticamente esa «escasa peligrosidad y dificultad para delinquir» de la que hablan tanto el reglamento paenitenciario como el código penal. No le preocupó al «ministerio público» que se respetara «la dignidad de la persona de Alberto» ni sus derechos «a la vida y a la integridad física y moral», sino sólo que se acreditara el cumplimiento de esa especie de claúsula de seguridad, algo totalemente innecesario tratándose de un enfermo casi terminal que nunca ha cometido ningún delito violento o contra las personas.
Ahora que ya parece haberse cumplido, por fin, ese trámite, tampoco le excarcelan. ¿En qué estará pensando el juez de vigilancia penitenciaria, encargado de la «tutela judicial efectiva» de los derechos de los presos? ¿O es que que tener a una persona desesperadamente enferma de cáncer, abandonada en un patio, mal alimentada, sin que los «servicos médicos» carceleros acierten ni siquiera a cambiarle diariamente la bolsa en la que tiene que evacuar a causa de las operaciones quirúrgicas sufridas, con graves dificultades para recibir el tratamiento médico que tiene prescrito y sin cuidados paliativos para el dolor, no atenta todo eso contra su dignidad? ¿No constituye trato cruel, inumano y degradante?
El que acuña esas expresiones es el artículo 15 de la constitución española de 1978, sobre la que planea el espectro de Franco, y no muy de fiar, además, porque, igual que las leyes que la desarrollan o las instancias oficiales encargadas de inteterpretarlas y ejecutarlas, nunca se sabe si existen, como proclaman, para asegurar el respeto por nuestros derechos o más bien para arrebatárnoslos. «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra», dice el citado artículo, conservando el asesinato legal en caso de guerra, a discrección de los militares, a la vez que pretende proteger nuestra «dignidad humana». Y ya hemos visto como pasa lo mismo en nuestro caso con el reglamento penitenciario –ya que la ley orgánica carcelera ni siquiera tiene en cuenta el tema– y con el código penal que, al mismo tiempo que prescriben, aunque ambigüa y contradictoriamente, la excarcelación de los enfermos y ancianos, crean para la misma un obstáculo difícil de salvar, ya que quienes deciden arbitrariamente sobre la peligrosidad y capacidad para delinquir del interesado son los mismos que aplican contra él la destructividad «legítima» del Estado, con la misma lógica violenta con la que la autoridad militar puede decidir fusilarte si no quieres participar en sus guerras, por ejemplo.
Así que toda esa palabrería sobre derechos o dignidades se nos presenta como una serie ficciones grotescas, como una retahíla de insultos desde la prepotencia y el abuso de quienes nos coaccionan y machacan. Sin embargo, cuando unx se ve empujadx contra la pared o hacia el abismo por la dureza de la vida social y, especialmente, cuando se encuentra acorraladx por el sistema punitivo, no le queda más recurso que invocar esas leyes por cuya desobediencia le castigan a unx, esperando que quienes lo hacen las obedezcan, igual que en lo perjudicial, también en lo teóricamente beneficioso. No es que le estemos pidiendo a nadie ni una pizca de fe en toda esa acumulación de absurdos. La verdad es que los derechos no son más que concesiones arbitrarias, si no se tiene fuerza para imponer su reconocimiento. Lo que nos exigimos es al menos intentar desarrollar esa fuerza, ejerciendo sobre la autoridad responsable toda la presión posible para exigirle que se cumplan los aspectos favorables de sus leyes igual que nunca dejan de cumplirse los más destructivos.
Citamos a la compañera de Alberto, Maku, en un escrito suyo dirigido al juez de vigilancia; «cada día vivido en prisión es un día menos de vida para mi esposo. A fecha de hoy , se han remitido por parte del abogado todos los informes requeridos sin obtener contestación alguna. Entiendo que habrá internos con circunstancias peores que la de mi esposo pero creo también que no será el deseo de su señoría que la vida de mi esposo se deteriore más y pueda llegar a morir en prisión ya que la pasada semana no pudo recibir sesión de quimioterapia por tener las defensas muy bajas y corre grave riesgo de infecciones. Ante todo lo que le he expuesto espero sepa entender la súplica que le hago para que no se demore en demasía la libertad de mi esposo para que los días de vida que puedan quedarle los viva con un tratamiento adecuado y digno y rodeado de su familia porque ¡el ser preso no conlleva dejar de ser un ser humano!»
Y también el final de su llamamiento a la gente solidaria: «Os pido que difundáis todo lo posible este llamamiento en apoyo de Alberto y de toda la gente de abajo que sufre el abandono y los abusos de la máquina trituradora carceleria. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Libertad y Anarquía!»
Más información sobre la situación de Alberto
MANDAR CORREOS ELECTRÓNICOS EXIGIENDO LA LIBERACIÓN DE ALBERTO:
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria: vixilancia1.coruna@xustiza.gal
Cárcel de Teixeiro: teixeiro@dgip.mir.es
PARA COLABORAR EN LOS GASTOS JURÍDICOS, ENVIAR TRANSFERENCIA A LA SIGUIENTE CUENTA:
Titular: Gabinete de Esudios Xuridicos Avogacía SLP. Cuenta: ES62 20800209593040021098
Poner en «concepto» Alberto Romero Varela y enviar el comprobante a rodriguezrodriguezmaku@gmail.com
Hace ya algunos años (2014, 2015) hicimos un llamamiento a la solidaridad de la gente sensible para que que se pudiera reunir a un niño de 8 años que estaba en un centro de menores bajo la tutela de la Junta de Castilla León con sus padres que ambos estaban en prisión. El llamamiento era en especial para con su madre si, como era humano, se le concedía la libertad condicional. Esa información la puedes encontrar AQUÍ
Años más tarde la trituradora que es la cárcel ha hecho el daño suficiente en el cuerpo del padre, Alberto Romero Varela, que se encuentra muy grave y sin tratamiento alguno y que incluso el cuerpo médico de esta prisión ha pedido su excarcelación. Nos hacemos eco del llamamiento a la solidaridad con él y, tal cual, lo reproducimos.
Alberto Romero Varela de 56 años de Cubillos del Sil, EI Bierzo (León), actualmente preso en el centro penitenciario de Teixeiro, se encuentra gravemente enfermo. El propio médico de esta cárcel de Teixeiro ha pedido la excarcelación de Alberto y supuestamente debería de estar en la Junta de tratamiento.
Alberto Romero Varela padece de Neoplasia de unión rectosigmoidea de carácter estenosante y tumor sincrónico (CE) de región orofaríngea (amigdalar) izquierda con metástasis ganglionar ipsilateral.
Tiene tres citas pendientes para consulta externa o prueba diagnostica en el hospital clínico universitario para las fechas 27/6/2022 a las 09:40, 1/07/2022 a las 11:00 y 13/07/2022 a las 17:35 y de las cuales nadie sabe nada en prisión.
Según las leyes penales (artículo 91 CP) y penitenciaria (artículos 104.4 y 196 RP), debería ser clasificado en tercer grado y puesto en libertad condicional, por tratarse de un «paciente muy grave con enfermedades incurables».
Considerando, al mismo tiempo, que la deficiente sanidad penitenciaria no posibilita que reciba un tratamiento médico-sanitario equivalente al que tendría derecho en la calle cualquier ciudadano o ciudadana, no llegaría a cumplir su condena que finalizaría en el 2024, falleciendo dentro de prisión.
Reclamamos su liberación para que pueda recibir tratamiento oncológico y unos cuidados médicos adecuados y, si tiene que morir, sea dignamente y rodeado de su familia.
¿POR QUÉ MUERE NUESTRA GENTE EN LAS CÁRCELES?
¿No será por la suma de tratos crueles, inhumanos y degradantes de todo tipo que se le hace sufrir en ellas cotidianamente?
Porque allí son habituales las torturas y malos tratos. Existe un régimen de castigo que destruye física y mentalmente a sus víctimas. Se traslada arbitrariamente a la gente, desarraigándola de su entorno social y familiar. Se obstaculizan las comunicaciones con la calle, imponiendo despóticamente su intervención y todo tipo de restricciones. El acceso a la cultura casi no existe. Se censuran las publicaciones «por motivos de seguridad». No existe libertad de expresión ni de asociación. La explotación laboral es enorme. Las mujeres presas están doblemente discriminadas, por presas y por mujeres.
La situación sanitaria es catastrófica, porque la administración penitenciaria incumple sistemáticamente su obligación legal de asegurar a las personas presas unas prestaciones médicas, sanitarias y farmaceúticas iguales a las de cualquier ciudadano. Se abandona a los enfermos sin proporcionarles la medicación y los tratamientos que podrían salvarles. Y, sin embargo, no se aplica la legislación que dispone que deben ser liberados los enfermos graves con padecimientos incurables más que cuando ya es inevitable su muerte a corto plazo. Los enfermos psiquiátricos constituyen un porcentaje muy elevado de la población reclusa, sin que se les reconozca su condición ni se les cuide, yendo a parar muchos de ellos, por el contrario, al régimen de castigo, de donde han salido muertos unos cuantos. En las cárceles no existe psiquiatría ni psicoterapia que valga. Y no es que pensemos que la actividad corriente de los «profesonales de la salud mental» sea ninguna panacea, pero siempre será mejor que el aislamiento, las porras de goma, el gas pimienta o las sujecciones mecánicas.
No es extraño que casi la mitad de los puestos de trabajo médico-sanitario permanezcan vacantes: ¿quién va a querer trabajar en condiciones tan indignas? De los que tienen estómago suficiente, muchos médicos suelen hacerse cómplices de las frecuentes torturas al hacer la vista gorda ante las lesiones resultantes. El tráfico de drogas ilegales está consentido, pero, además, se proporciona a los presos todo tipo de drogas legales adictivas sin apenas control médico, para que no molesten. Se suministra metadona sin necesidad y con tal negligencia que ha habido muchas muertes por sobredosis, administradas por los mismos servicios médicos carcelarios. La mortalidad ‒muchas veces por causas como sobredosis, suicidio o «muerte súbita»‒ es en las cárceles mucho más elevada que en la calle y abundan los fallecimentos en circunstancias extrañas y dudosas, que nunca se aclaran, ya que no se cumplen los trámites prescritos legalmente para ello ni se da a los familiares la oportunidad de exigirlos.
Las personas presas están indefensas frente a todo eso y ante multitud de decisiones de las administraciones carcelaria y judicial que les perjudican gravemente. Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria y la justicia gratuita son insuficientes. Los Juzgados de Vigilancia, encargados de la “tutela judicial efectiva” de los derechos de los presos, inoperantes. El poder punitivo del Estado se ejerce sin respetar ninguno de esos derechos que, en teoría, lo justifican.
Somos familiares y gente solidaria con las personas presas. Muchas hemos sufrido la muerte de nuestros hijos, hermanos o compañeros, supuestamente confiados al “cuidado” de las instituciones estatales. Estamos intentando apoyarnos mutuamente, organizarnos y coordinarnos para afrontar, denunciar y, a ser posible, detener esa situación degradante. Hacemos un llamamiento a unirse a nosotras a todas las familias, amistades y vecindario de personas presas, y a toda persona sensible y respetuosa de la dignidad humana.
¡BASTA DE ABANDONO MÉDICO EN LAS PRISIONES!
¡NI UN MALTRATO, NI UNA MUERTE MÁS!
Luis Manuel Acedo Sáenz llevaba dos años cumpliendo condena en la cárcel de Picassent. Trabajaba en talleres para mantener a su hijo y hacía deporte, intentando llevar una vida activa y positiva que le permitiera salir de la cárcel con la mayor integridad posible. Pero un mal día empezó a sentirse demasiado cansado para mantener el ritmo de vida que había decidido adoptar. Poco después, le salieron unos bultos de los que en la enfermería de la cárcel no supieron decirle qué eran ni darle ningún remedio eficaz. Enseguida empezaron los dolores en el abdomen; “me duele por dentro”, decía. Iba a la enfermería todas la semanas, pero el médico carcelero ni sabía lo que tenía ni se dignó enviarle al hospital de la calle para que le hicieran ningún tipo de prueba. Se limitó a dar palos de ciego con diversos analgésicos y antiinflamatorios, que no paliaron ni poco ni mucho ni nada los terribles dolores que estaba sufriendo Luis.
En poco tiempo, debido al dolor y al cansancio, fue bajando el ritmo en el gimnasio hasta que tuvo que dejarlo definitivamente. Pronto tuvo que dejar también el trabajo. Le dieron una baja de cuatro días y, después, sin más, lo echaron al patio definitivamente. Iba perdiendo peso, mientras el dolor se hacía cada día más fuerte y continuo. Y así pasó dos meses, tirado en el patio, bajo la mirada indiferente o despectiva de los responsables, sin diagnóstico ni tratamiento adecuados para el cáncer de páncreas con metástasis en el hígado que padecía. Seguía visitando la enfermería y pidiendo inútilmente ayuda a quienes estaban legalmente obligados a cuidarle. Mandó dos cartas a los responsables rogando por su vida, a las que ellos no hicieron ningún caso.
Cuando, bajo la presión de la madre de Luis, alarmada por el estado en que veía a su hijo, decidieron sacarle al hospital para hacerle las pruebas correspondientes, ya era demasiado tarde. Aún tuvo que aguantar algún tiempo en la situación miserable que hemos descrito, hasta que, una vez fue seguro que no tenía salvación, siguiendo la inhumana política al respecto de la SGIP, decidieron excarcelarle para que muriera fuera. Eso sucedió a mediados de agosto de 2016, después de un corto tratamiento que solamente alcanzó a paliar un poco los terribles dolores, pues ya no se podía hacer nada más. No le habían dejado ninguna otra opción que el abandono, el dolor y la muerte.
De eso va a hacer seis años, durante los cuales no ha mejorado la situación en las cárceles nI en el aspecto médico-sanitario ni en nigún otro, y la gente presa sigue muriendo, algunxs por enfermedad, ya que no excarcelan a lxs enfermxs graves y ancianos como sería legal; otrxs por supuesta sobredosis, pues el tráfico de drogas ilegales está consentido en las cárceles y se reparten sin control médico las drogas legales y la metadona como si fueran golosinas; otrxs suicidados, ya que la existencia en prisión quita las ganas de vivir de múltiples maneras, la salud mental es difícil de mantener y a quienes la pierden o entraron ya sin ella se les castiga en lugar de cuidarlos; otrxs mueren en extrañas circunstancias en medio de la impunidad de la que gozan los carceleros torturadores o en el régimen destructivo de aislamiento y privación de todo vigente. Los familiares de la gente fallecida continúan siendo maltratados por las administraciones judicial y penitenciaria que les ocultan información y dificultan enormente la investigación de las circunstancias que se debería realizar de oficio y se sustituye por rutina burocrática y oscurantismo.
Lo que aprenden en carne propia las familias de la gente presa, si no lo sabían ya, es que las cárceles no deberían existir y que, mientras sus seres queridos estén en poder del sistema punitivo, peligra su vida y su integridad, por eso la familia de Luis, con sus compañeras de la asociación de familiares y amigxs de gente presa Familias Frente A la Crueldad Carcelaria, se mantiene en lucha contra ellas y por la defensa de la gente presa y convocan por sexto año una concentración frente a la horrible macrocárcel de Picassent (Valencia).
MÁS INFORMACIÓN EN TOKATA:
Dejamos la intervención de Libertad Francés (Salhaketa Nafarroa) sobre salud y sanidad penitenciaria dentro de una mesa redonda titulada «Salud: acceso y cobertura universal ¿para todas?» organizada por Red Navarra de Lucha contra la Pobreza Y Exclusión Social. La charla se divide en dos partes. La primera toca los aspectos más genéricos de la falta de acceso a la sanidad y la segunda está más centrada en la cárcel de Pamplona ya que Navarra ya tiene asumidas las competencias en materia de sanidad en el ámbito penitenciario.
Después de la concentración –que, como anunciábamos el otro día, tendrá lugar el sábado, 9 de abril, a las 12:30, en Valladolid, frente a la antigua puerta del Zambrana, en el paseo juan carlos I, en homenaje al chaval muerto violentamente por quienes deberían haberle «protegido» en la cárcel de menores Zambrana de Valladolid–, habrá una charla en el centro social okupado La Molinera de la misma ciudad (C. de las Eras, 1), a las 17:00, donde se hablará de las condiciones de «corrección» y encierro en las que «actividades educativas» como la que causó la muerte del muchacho vienen siendo costumbre desde hace muchos años, así como sus teribles resultados.
CONCENTRACIÓN en RECUERDO y HOMENAJE a KD, chaval menor de edad, MUERTO VIOLENTAMENTE en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid, el pasado 3 de marzo de 2022.
La concentración será el próximo sábado 9 de abril a las 12’30h en el Paseo Juan Carlos Iº a la altura de la antigua entrada del Zambrana hoy abandonada.
UN NIÑO MUERTO VIOLENTAMENTE EN ZAMBRANA
Fue el pasado 3 de marzo después de que el personal de seguridad “lo redujese” provocándole “supuestamente” un fallo cardiaco que acabó con su vida. Todo supuestamente, porque rápidamente han dado carpetazo al asunto: la autopsia apuntó que la edad del menor no era de 14 si no de 17, pero no hemos sabido nada más sobre su muerte y las circunstancias más que sospechosas por la “contención” a la que fue sometido.
Según la Junta el niño permanecía en el Centro Zambrana desde el pasado 25 de enero de 2022, tras llegar solo a Valladolid procedente de Suiza, donde había sido sometido a una cirugía abdominal. Que un niño menor de edad estuviese solo en este mundo hace necesaria su protección, pero él acabó encontrando la muerte de parte de quienes se supone que debían cuidarlo y protegerlo.
En la prensa de estos días hemos podido constatar la poca vergüenza y total falta de empatía de la responsable de la Junta recalcando una y otra vez el supuesto comportamiento agresivo del niño en los meses que ha estado en el centro. Tanta insistencia nos hace preguntarnos por qué es necesaria tanta justificación en la actuación del personal de seguridad, adelantándose incluso a las distintas investigaciones que de esta muerte deberían realizarse y otorgando total impunidad a este gravísimo hecho.
A este chaval se le aplicaron “medidas de contención física y mecánica”, lo que quiere decir que dos personas adultas, de mayor edad, mayor peso y seguramente mayor envergadura aplicaron su fuerza física sobre él y además usaron esposas para supuestamente “reducirlo”. Tampoco sabemos qué más contempla “su protocolo de contención” pero lo que está claro es que esto solo puede llamarse violencia y las consecuencias de sus actos es el asesinato de un niño. Incluso la ley de protección a la infancia recoge de forma expresa la prohibición de la contención mecánica, así que es totalmente injustificable: ¡No podemos permitir que esta muerte quede impune!
No es el primer niño que muere en un centro-cárcel de menores. Un sangrante goteo de niños y niñas ha muerto en los últimos 20 años. No hay datos oficiales porque no interesa que existan, pero no olvidemos que son niños bajo la tutela del estado y por tanto es responsabilidad de todos procurar su bienestar y sobre todo que sigan con vida después de estar encarcelados.
Es complejo analizar y explicar la situación en la que se encuentran estos niños: El sistema capitalista genera grandes desigualdades y hace negocio con la pobreza que crea; el endurecimiento de la ley penal, la privatización de la gestión de los centros donde grandes empresas como grupo Norte, Fundación O´Belen, Ginso, etc., ganan millones de euros en un negocio redondo donde poco importa el “interés superior del menor”, y una sociedad cada vez más punitiva y alejada del sufrimiento que este sistema provoca, hacen parecer que la muerte de un niño sea un daño colateral.
¡Que no se nos disloque el cuello de tanto mirar hacia otro lado! Si justificamos la violencia institucional, si justificamos la muerte de un niño, si justificamos la impunidad con la que estos centros actúan…. ¿Cuántos niños más tendrán que morir? ¿Cómo protegeremos a nuestros niños?
Una vez más comprobamos que en las cárceles de menores el supuesto carácter educativo y de reinserción es una falacia. Castigo, sometimiento, violencia y, como en esta ocasión, la muerte, es lo que sufren los niños y niñas que deberíamos educar y proteger.
NO MÁS NIÑOS ASESINADOS EN CENTROS DE MENORES
ZAMBRANA = CÁRCEL