Categoría: <span>Muertes en prisión</span>

En los siguientes cuadros se muestran los datos por centro y por sexo del genocidio penitenciario  en 2019 en las cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias por lo que no aparecen los datos de las muertes en las prisiones catalanas.¡194 personas muertas en prisión! ¡La cárcel mata! (Fuente: Gobierno).

En el siguiente cuadro se recoge la información solicitada, referida a la distribución por centro penitenciario y por causas de los fallecimientos ocurridos tanto en el centro como en el hospital de referencia en el año 2018. Las causas podrían variar por estar todavía pendientes informes de autopsias y/o resultados toxicológicos, para determinar la causa definitiva del fallecimiento.

Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2018

Así mismo, en el siguiente cuadro se muestra la distribución por centro penitenciario de los fallecimientos ocurridos tanto en el centro como en el hospital de referencia y causas del año 2017

Mortalidad por causas y centro penitenciario en II.PP. en el año 2017.

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A continuación se recoge la distribución según el grado de clasificación en el momento del fallecimiento:

Pese a que desde el 2010 se inició un continuado descenso del número total de personas encarceladas en las prisiones del estado, las muertes que se producen en prisión siguen aumentando su porcentaje y su totalidad (147 en 2017, 210 en 2018). Este año ya ha superado la centena. Mientras se espera el informe oficial de la SGIP referente al año pasado, a iniciativa del diputado de EH Bildu mediante pregunta parlamentaria, llega la oficialidad de las muertes en prisión el año pasado. Estremecedoras las cifras. Con la sanidad penitenciaria desmantelada, con las muertes por abandono médico y sanitario que está habiendo, ahora más que nunca deben ser escuchadas y atendidas las reivindicaciones de los presos que mantienen un pulso con la institución penitenciaria.

Extraemos el contenido de la noticia que aparece en naiz.eus donde en el primer párrafo se hace un resumen demoledor

Cada semana murieron cuatro personas presas en las cárceles del Estado español en 2018. En total fueron 210 muertes mientras su vida y su salud dependían de las autoridades penitenciarias. 33 de esas personas se suicidaron y 62 fallecieron a consecuencia de una sobredosis de drogas. 105 presos murieron por causas que se califican como «naturales». De ellas, 59 lo hicieron en la propia cárcel y 46 después de haber sido hospitalizadas.

En 2018 en las cárceles vascas se produjeron dos muertes, que se dieron en la prisión de Basauri. Se definen como muertes «naturales». Llaman la atención las cifras de los centros penitenciarios de Puerto 3, en la que se produjeron 13 muertes, Sevilla 2, con 12 fallecimientos, y Sevilla 1, con 10. Son las únicas cárceles con más de la decena de decesos.

Son datos remitidos por el Gobierno al Congreso, a petición del diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, que se interesó también por saber cuáles son las enfermedades por las que se produjeron los fallecimientos, a lo que no se ha dado respuesta alegando la legislación vigente en protección de datos.

En cuanto a 2017, el numero total de personas presas muertas fue de 147. De ellas 28 a causa de sobredosis de drogas y 27 por suicidios.

De los 357 presos fallecidos entre 2017 y 2018, un total de 223 estaban clasificados en segundo grado, 19 en primer grado y 28 en tercero; 48 figuran como «sin clasificar» y 10 como «internado judicial».

Cuatro muertes en Zaballa

Por otra parte, cabe recordar que en lo que va de 2019 se han producido ya cuatro muertes en la prisión alavesa de Zaballa. Según los datos remitidos por el Gobierno al diputado Jon Iñarritu, dos de estos presos, de 22 y 24 años de edad, se suicidaron, mientras que otros dos, de 28 y 30 años, indiciariamente murieron por sobredosis de drogas.

La respuesta gubernamental indica que «en los últimos años se viene observando un incremento de ingresos en el centro penitenciario por parte de personas cuyo perfil les sitúa en una situación grave de vulnerabilidad: internos jóvenes, baja formación académica, con un historial toxicofílico dilatado cuyo inicio se remonta a edades tempranas (preadolescencia). En muchos casos presentan enfermedades mentales y/o trastornos de la personalidad, así como situaciones de desestructuración y abandono social.»

Traducimos al castellano este artículo, firmado por Vicent Almela y publicado en Des de dins, «suplemento informativo sobre la lucha por los derechos de las personas presas», editado por La Directa.

Según los datos recogidos por juristas, familiares y grupos de apoyo a personas presas, en los últimos cuatro meses (del 1 de diciembre de 2018 al 1 de abril de 2019) al menos 64 personas han perdido la vida en centros penitenciarios de España y Cataluña

Las principales causas de muerte en la mayoría de prisiones siguen siendo los suicidios, que multiplican por cinco la media de los que se producen en el exterior; las muertes por sobredosis, que habitualmente se producen los lunes, después de que los internos consuman de golpe toda la medicación programada para pasar el fin de semana, y las muertes por enfermedad, que en los últimos cuatro meses han supuesto un 17% del total. La cifra es muy elevada teniendo en cuenta que la ley –el artículo 91 del Código Penal y el artículo 196 del reglamento penitenciario (RP)– prevé «el derecho a la libertad condicional» o la clasificación en tercer grado penitenciario –según el artículo 104.4 del RP– de las personas con enfermedades graves o incurables, o cuando se da un peligro patente para la vida.

El artículo 208.1 del RP, aprobado en 1996, regula que «a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población». Desde 1986, la administración penitenciaria es la encargada de la atención primaria dentro de las cárceles, y el Sistema Nacional español de Salud (SNS) se encarga de la atención especializada de las personas internas, según los convenios fijados con cada comunidad autónoma. Uno de los problemas del modelo es que la atención primaria queda en manos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), dependiente del Ministerio español de Interior y, por tanto, los servicios sanitarios se ven limitados a criterios que dependen de convenios presupuestarios, de la seguridad del centro o del orden regimental, en lugar de basarse en criterios médicos. Esto se traduce en el hecho de que muchas veces un médico debe obedecer un superior jerárquico –que no es sanitario– o que una plaza no se cubra inmediatamente, como sucedió recientemente en la prisión de Dueñas (Palencia), donde se quedaron sin médico de noche durante varias semanas con una población reclusa de casi 1.000 personas.

En 2003 el Congreso español aprobaba la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que obligaba al gobierno, entre otras medidas, a transferir los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas en un plazo de dieciocho meses. Pasados ​​quince años de la aprobación de la ley, y después de varias mociones presentadas por diferentes fuerzas políticas para su aplicación efectiva, sólo Cataluña y el País Vasco han transferido las competencias a su sistema de salud autonómico.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) hace más de veinte años que denuncia la constante vulneración de los derechos sanitarios que sufren las personas presas –que también están reconocidos en los artículos 14 y 43 de la Constitución española– y que el servicio médico dentro de las cárceles del Estado español, que afecta actualmente a más de 50.000 personas, debería estar regulado por la misma administración sanitaria que presta el servicio a la ciudadanía que se encuentra en libertad. Según Francisco Miguel Fernández, miembro del área de prisiones de la APDHA, «no puede ser que las competencias sanitarias de ninguna persona dependan del Ministerio de Interior, que prioriza la vigilancia y la seguridad del Estado sobre la atención sanitaria de las personas «, y explica que está demostrado que, cuando se hace la transferencia de las competencias médicas al sistema de salud de las comunidades autónomas, estas condiciones mejoran considerablemente.

Según explican desde Osabideak –asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad–, si siguen muriendo tantas personas a causa de enfermedades, sobredosis y suicidios en las cárceles es porque en el ámbito sanitario y jurídico penitenciario, así como en gran parte de la sociedad, «todavía está muy presente el modelo de derecho penal más punitivo del siglo XVIII, donde prima el castigo de pena de prisión por encima del derecho a la salud ya una vida digna. Al mismo tiempo, sigue habiendo una escasa comprensión de las consecuencias de las enfermedades mentales, la exclusión social y la limitada voluntad rehabilitadora del sistema penitenciario». Desde la asociación vasca concluyen que sólo podremos poner fin a estas altas tasas de mortalidad en las cárceles «entendiendo que la salud penitenciaria y pericial forman parte de la salud pública, que no pueden estar separadas de ella ni ser dependientes de otras administraciones. La medicina penitenciaria y la medicina legal y forense deben formar parte de la red de salud pública».