Informe Sobre La Tortura En El Estado Español 2016

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CONTENIDO DEL INFORME:

Por decimotercer año consecutivo, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) presentó en mayo su informe anual sobre los casos de tortura, malos tratos y muertes bajo custodia conocidos en el Estado español. [1]

En este nuevo informe, que se refiere a lo acontecido durante el año 2016, se mantiene la estructura y el formato del informe de los dos últimos años: junto al análisis de los datos y la descripción individualizada de cada una de las situaciones conocidas se presenta una serie de artículos específicos con los que se pretende analizar algunas de las cuestiones consideradas más importantes para entender y prevenir el fenómeno de la tortura y los malos tratos en el Estado español en el último año, o en los últimos tiempos.

Mantenemos los mismos criterios de selección de los casos, así como las categorías de análisis que se utilizaron en los informes precedentes al objeto de facilitar, dentro de lo posible, una perspectiva sobre la evolución de la práctica de la tortura en el Estado español. Creemos que el conocimiento y análisis de esta realidad es el primer paso para su transformación y erradicación, por este motivo pretendemos que los datos que aquí presentamos sean lo más rigurosos que nuestros limitados medios nos permiten ofrecer.

Toda vez que uno de los objetivos fundamentales de la CPDT es la correcta aplicación en el Estado español de los mecanismos de prevención y control previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, nos limitamos a aquellas denuncias de torturas y/o malos tratos o tratos degradantes que pudieran ser incluidas dentro de la definición de tortura efectuada por la Convención de NN.UU. [2] 

Respecto a los artículos con los que queremos analizar algunos de los aspectos que nos han preocupado durante el año 2016, son los siguientes:

El primero, realizado por la Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ), se titula “Investigación Judicial de las muertes bajo custodia. Un vistazo práctico a algunos obstáculos estructurales para la investigación eficaz” y en él se analiza, desde la presentación de dos casos prácticos, las dificultades que afrontan los equipos jurídicos que tratan de llevar adelante las denuncias que las familias de las personas fallecidas bajo custodia del Estado español interponen para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las posibles responsabilidades penales y/o civiles.

El segundo artículo, realizado por la Asociación SalHaketa Bizkaia, también se preocupa de las muertes bajo custodia, pero en un espacio más concreto (los centros penitenciarios del Estado español). El artículo se titula: “Un análisis cuantitativo y una valoración sociopolítica de las muertes en las prisiones del Estado español (2006-2016)”, y como se indica, pretende hacer una valoración sociopolítica de las implicaciones del elevado número de fallecimientos en las cárceles del Estado a través del análisis de los datos oficiales conocidos en los últimos once años.

El tercer artículo, escrito por SIRA-Grupo de Acción Comunitaria, se titula “El deber de investigar las alegaciones de malos tratos y torturas ¿Un cambio jurisprudencial con la STS 620/2016 de 12 de julio?” y analiza una reciente Sentencia del Tribunal Supremo que traslada a la jurisprudencia española algunas de las cuestiones planteadas por varias sentencias del Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo. La cuestión a debate es si la traslación de la jurisprudencia europea es total, parcial o, lo que es más importante, realmente eficaz a la hora de garantizar la correcta investigación de las denuncias.

El cuarto estudio, presentado por la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CCPDT), se titula “El camino en la lucha por la erradicación de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado en Cataluña”, donde partiendo del principio de que el aislamiento penitenciario puede constituir por sí mismo una forma de maltrato, se resumen los esfuerzos de la CCPDT por investigar la realidad del aislamiento penitenciario en las cárceles catalanas así como el esfuerzo por conseguir la abolición de este régimen penitenciario a través, entre otras estrategias, de la constitución de un Grupo de Trabajo sobre los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado en el Parlament de Catalunya.

El quinto trabajo, realizado por el Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura (CDDT), se titula “Orígenes de la prevención de la tortura” y pretende hacer un análisis tanto de las ideas básicas sobre la prevención de la tortura, como de las dificultades que esta debe afrontar en unas sociedades donde esta práctica se ve, cada vez más, socialmente justificada y culturalmente aceptada.

El sexto y último, un escrito de Jaiki Hadi, se titula “La dimensión psicosocial de la tortura” y plantea la necesidad, desde una visión humanista, de trabajar la solidaridad con las personas que han sufrido la tortura desde la filosofía de la recuperación que permite la visión psicosocial, complementando y trascendiendo los habituales abordajes jurídicos.

A través de estos artículos, con los que completamos el análisis de los datos sobre denuncias enunciados en la primera parte del informe, pretendemos dar una perspectiva más cualitativa a los datos cuantitativos y su análisis, tras haber presentado esta perspectiva en la primera parte del informe sobre la tortura y los malos tratos en el Estado español durante el año 2016.

Notas:

[1] Los informes pueden verse en http://www.prevenciontortura.org

[2] Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Aprobada por el Plenario de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Ratificada por el Estado español, entró en vigor en España en octubre de 1987 El texto completo puede verse en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm

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