Los presos detenidos en la cárcel de Bouwer continúan exigiendo sus derechos, a pesar de la represión sufrida el 2 de octubre para que terminen con la huelga de hambre que realizaban en protesta a la desigualdad ante la ley que administra el poder judicial, después del fallo de la Suprema Corte. El mismo obliga al Superior Tribunal de Justicia a flexibilizar los criterios para otorgar el cese de prisión preventiva, debido al alto porcentaje de personas procesadas, en la provincia. En Córdoba existen alrededor de siete mil personas privadas de la libertad. Así, hay cuatrocientos veintiocho presxs, por cada cien mil habitantes, el doble de lo que tiene Buenos Aires que es de doscientos treinta y cinco, por cada cien mil. Eso nos pone a la altura de los países con la mayor cantidad de presxs. El hacinamiento en nuestra provincia supera nueve veces la media nacional, es por todo esto que los detenidos en ese complejo carcelario, realizan la siguiente denuncia.
DENUNCIA COLECTIVA POR INCUMPLIMIENTO DEL PODER JUDICIAL
Solicitamos a quien corresponda, inmediata intervención de Organismos Nacionales, competentes.
Por la presente, nos dirigimos a Ud./s al efecto de denunciar la gravedad de hechos, que suceden en el ámbito Judicial de la Provincia de Córdoba. A citar:
Presos, Reos, Privados de libertad, Secuestrados… por circunstancias vividas semejantes, voluntaria decisión (c/u), concordamos, adherimos y ratificamos lo siguiente:
Atropellos anticonstitucionales
Detalles: En la gran mayoría de las vituperaciones, los que estamos privados de libertad, en esta provincia sufrimos un Adelantamiento de Pena o Condena Anticipada, cuando el cautiverio carcelario es Preventivo. Los Pedidos de Cese de Prisión son sistemáticamente denegados, la explicación: PELIGROSIDAD PROCESAL eludiendo el Art. 281 del C.P.P provincial con soslayados y redundantes argumentos. Es sospechosamente exagerada y extremista el accionar justiciable. Una vez acusado se nos aplica por las dudas la condición más desfavorable para escarmiento. Generalmente (salvo puntuales y llamativas excepciones) somos estacionados en la cárcel a la deriva y desesperanzados de una supuesta defensa. Presos de uno de los Poderes del Estado, que oprime y reduce a la defensa legal a una mera formalidad burocrática. Es poco lo que queda en cualquier término, para quienes intentamos defendernos invocando derechos que nos asisten, enunciados en la Constitución Nacional.
