E.G., de 15 años, apareció ahorcado el pasado 11 de septiembre en el centro de menores Albaidel, en Albacete, donde cumplía una condena de 6 meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real. “No sabemos si mi hijo se suicidó –eso es lo que nos dicen– o si alguien acabó con su vida”, explica su madre, Esperanza Patiño, en una carta publicada por el digital La Comarca de Puertollano a finales de noviembre, en la que afirma que, una hora y media antes de que los funcionarios del centro encontraran muerto a su hijo, había hablado con él “con absoluta normalidad”. E.G. llevaba en el centro de menores Albaidel desde agosto, después de que, tras quebrantar una medida de libertad vigilada ordenada por el Juzgado de Menores de Ciudad Real, este juzgado decidiera transformar la medida en un ingreso en régimen semiabierto. “La madre me pidió que solicitara el traslado al centro de La Cañada porque allí el niño no estaba bien, quería salir de allí”, explica a DIAGONAL el abogado de la familia, José Antonio Ocaña, que señala que el mismo día que tenía preparado el escrito para solicitar el traslado los funcionarios del centro encontraron a E.G. muerto en su celda.
Categoría: <span>Cárceles para niños</span>
En 2009, bajo el título “Si vuelvo ¡me mato!”, Amnistía Internacional publica un informe sobre la situación de menores en centros de protección, sobre todo centros terapéuticos, a raíz del Informe del Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social”(2009). En ambos informes se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual sistema de protección por varias razones:
- falta de una regulación uniforme y común en materia de protección de menores para todo el territorio nacional; cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, existiendo grandes diferencias entre unas y otras;
- la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades por los abusos que puedan cometerse;
- las carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de los centros que se delega en organizaciones privadas;
- la propia situación y gestión de algunos centros; y
- las dificultades con las que se encuentran las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos para su supervisión.
Le dirijo la presente desde la desesperación de una madre rota por el dolor y por la incertidumbre que nos generan, a mí y a toda mi familia, los hechos que a continuación le expongo.
Soy la madre de Emanuel Gómez Patiño, quien con 15 años de edad, se encontraba internado desde el mes de agosto pasado en el Centro de Menores Albaidel, en Albacete, cumpliendo una medida de internamiento de seis meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real.
Encontrándose mi hijo en esas circunstancias, el pasado 11 de septiembre de 2013, recibimos llamada telefónica de la Comisaría de Policía de Puertollano por la que se nos comunicaba que mi hijo había aparecido ahorcado en su habitación de dicho centro de menores, sin que nada pudiera hacerse por su vida. A mi hijo lo enterramos el pasado día 13 de septiembre.
Más información en Tokata: El Negocio Del Maltrato Institucional. Fundación Diagrama, Sinónimo De Lucro
Todos somos conscientes de los recortes sin tregua, y la realidad acuciante de lo que vivimos y vemos en la calle diariamente: el adelgazamiento de lo que hasta ahora creíamos público y de todas, la prácticamente desaparición de derechos formalmente conseguidos para la población en el último siglo, léase derechos laborales, derechos de ciudadanía, educación, sanidad, servicios comunitarios, el recorte de libertades y un largo etcétera que sirve sin duda alguna para justificar la sacrosanta “estabilidad presupuestaria”.
Todo este escenario de ruina y desolación del maltrecho “Estado del Bienestar” tuvo la puntilla demoledora el pasado mes de Julio del año 2012, cuando casi de puntillas y a hurtadillas los dos grandes partidos mayoritarios, PP y PSOE lograron con su acuerdo la MODIFICACION DEL ART 135 CE.
El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta.
Con esto se viene a decir que el Estado tiene PRIORIDAD PARA PAGAR LAS DEUDAS ANTES QUE ASIGNAR EL PRESUPUESTO A CUALQUIER OTRO TIPO DE GASTO.
O lo que viene a ser los mismo: el Estado social y democrático que dice la constitución española que conformamos se ha puesto en manos del capital y del sistema financiero con las lógicas del capital: el lucro y el beneficio, dando lugar a un lema que impera.- PRIMERO EL CAPITAL Y LUEGO LAS PERSONAS.
El pasado jueves, 7 de noviembre, se inició con una charla en el CSO L’Horta un ciclo de charlas por diferentes centros sociales de Valencia sobre el maltrato institucional contra los menores. La segunda es la que aparece en el cartel, que será en el Ateneo Libertario Al Margen.
Cuatro vigilantes del Centro de Menores de Es Pinaret denunciados por agredir a internos continúan trabajando en esta instalación, a pesar de que la Dirección General de Familia y Menores ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía de Menores y los ha puesto en conocimiento de la Abogacía de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha confirmado la directora general de Familia y Menores, Apolonia Socías, quien ha revelado que estos cuatro vigilantes, que, según las quejas recibidas por parte de los internos y de otros vigilantes, son de ideología neonazi, trabajan para la empresa Protección de Patrimonios S.A., encargada de la seguridad en el Centro Socioeducativo, ubicado en la localidad mallorquina de Marratxí.
Desde hace años, numerosos colectivos sociales están denunciando la vulneración sistemática de derechos en los centros de menores, especialmente en los centros de reforma (cárceles para menores infractores) y en los llamados centros terapéuticos (centros de la red de protección donde son internados menores supuestamente aquejados de un trastorno de conducta). En 2009, el Defensor del Pueblo hizo público un durísimo informe sobre los centros terapéuticos, en el que se recogían numerosas irregularidades: privación de libertad con carácter indefinido sin tutela judicial ni asistencia letrada, abuso de psicofármacos, utilización de celdas de aislamiento (que en algunos casos llega a definir como “mazmorras medievales”), castigos vejatorios, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, vulneración del derecho a la intimidad, registros con desnudo integral injustificados… El informe también refleja las precarias y desmotivantes condiciones laborales que sufren los trabajadores y la insuficiente formación continua del personal, conllevando la continua rotación de las plantillas (en sólo un año en el centro Picón del Jarama se produjeron 48 bajas voluntarias, 9 despidos, 7 bajas por enfermedad y 3 bajas psicológicas; y en La Jarosa, la permanencia media de los trabajadores era de 1 a 3 meses. Ambos centros bajo la gestión de O´Belen).
En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel, según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos. Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175 niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema, el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este año que la cadena perpetua a menores era inconstitucional. Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010 declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández, que se enfrentó hace poco a una posible condena de cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su hermanastro de dos años. Librado al final de esta posibilidad, a cambio de una condena hasta 2018, Cristian escapó de unirse a un selecto grupo, el de los niños sentenciados a morir en una prisión norteamericana. . Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó “que cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique pasar toda la vida en prisión”.
RUEDA DE PRENSA: UN AÑO DESPUÉS DE LA MUERTE DE LIBARDO EN EL CEIMJ JUSLIBOL ¡QUEREMOS JUSTICIA!
Participan: Juanita Tavárez (madre de Libardo) y miembros de los colectivos de apoyo –desde Burgos, Madrid y Zaragoza. Convoca: Grupo de Menores de ASAPA. Lugar: Librería la Pantera Rossa (San Vicente de Paúl). Momento: Sábado, 31 de agosto, a las 11.00h.
El próximo sábado 31 de agosto se cumple un año de la muerte de Libardo en su celda de la cárcel de niños “CEIMJ Juslibol” de Zaragoza. Un año vacío de justicia. Un año de vergüenza, dolor y desprecio. Durante los 14 días que pasó encerrado, Libardo fue tratado con psicofármacos sin historial clínico previo, sin diagnóstico conocido y sin recibir visita psiquiátrica, entre otros disparates que ese centro lleva cometiendo desde hace años y que ya fueran denunciados ante los responsables políticos del gobierno y las Cortes de Aragón en 2008. A pesar de la montaña de razones que justifican la necesidad de resolver este caso en todos sus términos, todos y cada uno de los agentes competentes han hecho lo posible por ocultarlo, eludiendo para ello las tareas que por ley les son encomendadas. Todos menos la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha admitido el recurso y ordenado al Juzgado nº8 de Zaragoza que cumpla con su deber, alegando que “existen indicios de una omisión negligente de importancia para impedir el resultado avisado, temido y finalmente acaecido”. Ese «resultado» no es otro que la muerte de Libardo, OTRA muerte de un niño bajo secuestro institucional. Ya son 3 las muertes desde enero de 2013 (en Orense, Pamplona y Zaragoza) y 14 durante los últimos años.