Categoría: <span>Actividad en la calle</span>

Pope nos habla de su experiencia de lucha de varios años exigiendo atención médica adecuada en medio de la situación de catástrofe provocada de la sanidad penitenciaria y el abandono de las personas presas enfermas que él denuncia como una forma de tortura. La charla sirve de preparación para la jornada de lucha del día siguiente por un tratamiento sin discriminación para las personas presas enfermas de hepatitis C.

Según los últimos datos proporcionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado, unas 14.000 personas, padecen el virus de la hepatitis C, frente a la tasa de prevalencia del resto de la población que se sitúa en el 1,6%. A pesar de ello, según datos facilitados por la SESP, Sociedad española de Sanidad Penitenciaria, sólo alrededor del 2,8% de las personas presas en el Estado están siendo tratadas con los nuevos medicamentos.

Así la Administración penitenciaria ideó diversas estrategias para abaratar costes: se prohibió a los médicos penitenciarios prescribir los medicamentos de última generación, condenando a las personas presas a recibir medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y menor eficacia y los tratamientos se centralizaron en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con pocas plazas disponibles. Además se produjo una pugna por ver quién debía pagar el tratamiento de la enfermedad: Instituciones Penitenciarias o las diversas comunidades autónomas. Es decir, a pesar de que la legislación establece que las personas presas deben gozar de una atención médica similar a la del resto de la población, se abordó el tratamiento de las personas infectadas por la hepatitis C con un criterio puramente economicista.

Esta escandalosa situación de discriminación y vulneración de los derechos fundamentales de las personas presas ha sido denunciada por numerosos colectivos de apoyo a personas presas, así como por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Debido a la presión ejercida, la Administración penitenciaria ha propuesto a las comunidades autónomas que se hagan cargo del tratamiento hasta que se dirima judicialmente quién tiene que pagarlos. Ante esta tesitura muchas personas presas son víctimas de una visión que prima el aspecto económico sobre el terapéutico en la atención sanitaria.

Las dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad están encontrando para ser tratados con los nuevos medicamentos, libres de Interferón, que curan la enfermedad en más del 90% de los casos, es un caso insólito en la Sanidad Pública estatal. Los diferentes organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para tratar la enfermedad que los pacientes se pongan “lo suficientemente enfermos”, que estén en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a ser tratado.

Por eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones. Este testimonio de solidaridad y de apoyo por parte de la gente de la calle puede ayudar a romper las condiciones de incomunicación y aislamiento de las personas presas ya que no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura. Desde Salhaketa-Araba también queremos unirnos a la convocatoria realizada por la Plataforma de afectados por la Hepatitis C para exigir el derecho de la población reclusa afectada por Hepatitis C a ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de afectados.

Concentración

25 de septiembre – 11:00

Frente a la sede del Ararteko

(C/Prado – Vitoria-Gasteiz)

Salhaketa-Araba

CONVOCATORIA

Según los últimos datos proporcionados en 2013 por la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el 21,3% de las personas presas en las cárceles del Estado español, unas 14.000 personas, tenían el virus de la hepatitis C (VHC) y una de cada tres estaba también infectada por el VIH. Ocho de ellas fallecieron ese año a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, a pesar de que la población reclusa había disminuido. La secretaría general de prisiones admitía que, de la totalidad de personas afectadas, sólo se estaba tratando al 2,8%, es decir, a 209. El gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006. Y cómo podía ser de otra manera cuando la autoridad carcelera ha estado restringiendo esos gastos con artimañas como prohibir a los médicos bajo sus órdenes que prescribieran, ya no los fármacos de última generación, sino los tratamientos que en la calle estaban siendo rechazados por las asociaciones de afectados al ser menos eficaces que aquéllos, no dando otra opción a las personas presas que conformarse con medicaciones obsoletas, de terribles efectos secundarios y mucho menos eficaces, o someterse a larguísimas listas de espera que les permitieran entrar en los “cupos” establecidos con criterios de ahorro presupuestario. Otro mecanismo encubierto de control y recorte de gastos: sin ninguna razón terapeútica, los tratamientos se centralizaron en la Unidad de Custodiados del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, con muy pocas plazas disponibles. Y, encima, cuando las personas enfermas llegaban allí, después de años de espera, el problema podía seguir siendo el mismo, que las administraciones no se pusieran de acuerdo sobre cuál de ellas debía pagar el tratamiento, y al final, como siempre, los perjudicados los pacientes. Para más inri, una orden de las altas instancias de la administración carcelera, excluía del tratamiento a las personas coinfectadas de VHC y VIH, por tergiversación de los criterios al respecto de la Agencia española del Medicamento, según los cuales, en realidad, la coinfección lo hace más urgente.