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En doce cárceles españolas empezaron a imponerse el martes, 10 de marzo un conjunto de medidas que el jueves, 12 de marzo, se extendieron a todas las demás. Un poco antes que en la calle, se iniciaba así al otro lado de los muros el úl timo experimento de estado de excepción propiciado por el régimen totalitario de dominación y explotación imperante, a cuenta, en esta ocasión, de un simulacro de epidemia, la del coronavirus: un paso más en la fastiscización aparentemente imparable del sistema capitalista mundial que constituye uno de los aspectos fundamentales de su desarrollo actual. Apenas tenemos más información sobre esta tema, el cual parece abrir perspectivas imprevistas, que la publicada en los falsimedios de manipulación de masas –a varias de cuyas «noticias» se puede acceder a través de algunos de los enlaces intercalados en letra coloreada en este texto– así que pondremos unas cuantas aportaciones de gente más o menos afín que ha hecho un esfuerzo para situarse con los ojos abiertos enmedio de la que se nos viene encima. La primera es del «filósofo» italiano Giorgio Agamben, cuyos trabajos, iniciados hace muchos años, sobre el estado de excepción viene a dar por buenos la presente situación. Después, ponemos una encontrada en una red social, en un sitio llamado Presxs en lucha. Y, por último, otra que han publicado en la prensa algunas asociaciones de la “sociedad civil” sobre una queja que le han enviado al defensor de nadie. Arriba ponemos los carteles de varias concentraciones convocadas siguiendo el impulso de hacer algo en defensa de las personas que, como privadas institucionalmente de derechos, están más cerca de la privación generalizada que las medidas de «emergencia» que se están tomando y el «estado de alarma» que supuestamente las justifica están anunciando. En Barcelona y Madrid ya han tenido lugar ayer, 12 de marzo, frente al consulado y la embajada de Italia respectivamente, en solidaridad con lxs presxs amotinadxs allí, y en Valladolid se había convocado para el domingo, 15 de marzo, pero ha sido aplazada por orden gubernativa, según parece.
LA INVENCIÓN DE UNA EPIDEMIA
Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR*, según las cuales no sólo “no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 en Italia”, sino que de todos modos “la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una especie de gripe) en el 80-90% de los casos”. En el 10-15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que sólo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos”.
Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras?
Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “por razones de salud y seguridad pública” da lugar a una verdadera militarización “de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción a todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto: a) prohibición de salida del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier caso en el municipio o zona; b) prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión; c) suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d) suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como al extranjero; g) suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa a las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas.
La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.
El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.
Giorgio Agamben, 26 de febrero de 2020
* CNR es la sigla de El Consiglio Nazionale delle Ricerche [Consejo Nacional de Investigación].
NOTICIAS DE PORTUGAL E ITALIA
Según hemos podido saber por Gabriel, a través de una conversación telefónica, en la prisión de Oporto, en la que se encuentra confinado, ha habido un motín que se ha saldado con varias personas presas heridas en la cabeza por los guardias, después de que el director se haya negado a dar de comer a lxs presxs en las zonas comunes e impedido las visitas a familiares y abogados, a pesar de la propuesta que éstos le hicieron para que tomara las medidas oportunas de prevención y, de esta forma, evitar la “medida” de incomunicarlos de sus seres queridos. Las reivindicaciones han dado su pequeño fruto hasta el punto de que el director ha acabado cediendo en cuanto a no mantenerlos aislados en su celda, a que hayan podido acceder a poder comprar comida y a poder hablar por teléfono. No podemos saber mas, hasta que nuestro compañero pueda comunicarse de nuevo con el exterior.
El control social que ejercen los estados y las empresas se convierte en una malla tan fina que atrapa y sujeta todas las manifestaciones de la vida cotidiana. Es entonces cuando el poder, sin importar quién gobierne, recoge los frutos que le aporta dicha malla. Nos venden su miedo para que, de esta manera, el individuo alienado sucumba a tan perversas sugerencias. De hecho, el Gobierno de Portugal anunció la noche del 6 de marzo, la suspensión de visitas a hospitales, residencias de mayores y prisiones en la región norte del país, donde (hasta entonces) estaban 15 de los 21 enfermos de coronavirus detectados en territorio luso.
En Italia, también debido a la «medida» de no dejar pasar a las familias a comunicar, hay revueltas en 27 prisiones con un saldo de seis muertos, sólo en la prisión de Módena, en circunstancias muy poco claras. Los massmedia argumentan que por sobredosis, causa recurrente y muy común con la que los estados intentan justificar la absoluta dejadez y abandono sanitario en el que se ven sumidas las personas privadas de libertad. La cárcel mata de mil maneras diferentes y cabe esperar una respuesta similar por parte de los carceleros españoles.
En España, una carcelera que “trabaja” en el módulo de jardín de infancia de la prisión Madrid IV, en Aranjuez, ha dado positivo en las pruebas por coronavirus, el primer caso conocido en la cárcel española.
El Estado mediante el monopolio de la sanidad nos hace más dependientes y nos controla. La medicina es utilizada como un instrumento mas de control social al igual que la policía, la religión, los medios de comunicación para perpetuar el poder de dominación y explotación. El control social es la autoridad ejercida por la sociedad sobre las personas que la componen. Como dice Foucault: «El control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solamente a través de la conciencia o de la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista, es la biopolítica lo que más cuenta: lo biológico, lo somático, lo corporal.»
Y como parte del engranaje, los carceleros, militares y policías, pero también las personas trabajadoras, que seguirán produciendo (unxs, dolor y destrucción y otrxs, como esclavos del sistema). No veremos jamás cerrar fábricas, pero asistimos impasibles como sociedad “democrática” –una vez más- a vulneraciones de derechos de gente pobre y, dentro de la “categoría” de pobre, a los derechos de lxs presxs.
¿Seguiremos pagando las crisis económicas, humanitarias, sanitarias, las transiciones energéticas, mientras los ricos y poderosos siguen siendo excluidos de la cárcel, pero también de la “lista de exclusiones”? ¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a permitir que se nos pisotee de esta manera?
¡¡¡FUEGO A LA CÁRCEL Y A LA SOCIEDAD QUE LA NECESITA!!! ¡¡¡POMBO LIBERTAD!!!
RAZONES PARA UNA QUEJA POR LAS MEDIDAS CONTRA EL CORONAVIRUS EN PRISIÓN
Hace unos días, el Gobierno italiano anunció la aprobación de un paquete de medidas para prevenir el contagio del ‘Covid-19’ o coronavirus. Y, por supuesto, los centros penitenciarios no se libraron. Entre otras, el Ejecutivo de Conte suspendió hasta el 22 de marzo las visitas de amigos y familiares a las que tienen derecho los presos con carácter semanal (que en muchos casos suponen su único contacto con el exterior), así como la concesión de permisos penitenciarios durante 15 días. También acordó la restricción al máximo de los movimientos de los presos en el interior de las prisiones italianas.
El 3 de marzo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano advirtió, en relación a las medidas adoptadas en el interior de sus prisiones, que «son preocupantes ciertas decisiones que van más allá de las indicaciones emitidas y que tienden a configurar un concepto de prevención absoluta que, superando los criterios de adecuación y proporcionalidad, acaba configurando el mundo penitenciario como separado del mundo exterior y portador de un factor intrínseco de morbilidad. […] El resultado es que se han notificado restricciones injustificadas de los derechos de las personas privadas de libertad y que parecen ser el fruto de un alarmismo que, a su vez, causa una alarma cada vez mayor que no encuentra base o justificación en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas».
Parece que sus preocupaciones se encontraban justificadas. El pasado domingo, hartos de las restricciones acordadas en un contexto de hacinamiento (téngase en cuenta que Italia cuenta con una población penitenciaria de 61.230 presos, aunque solo tiene capacidad de albergar a 50.950), varios internos iniciaron motines en una decena cárceles italianas. Y el lunes las protestas se extendieron a otros diez penales, como el de San Vittore de Milán, uno de los más grandes de Italia, donde un grupo de presos consiguió subir a la azotea del centro; o a las prisiones de Palermo y Bari. Las mismas se han saldado con la muerte de seis reos en Módena, la fuga de trescientos de ellos y la quema de diez cárceles.
El pasado 6 de marzo, tres días después de las advertencias públicas realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura italiano, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española acordó, entre otras, las siguientes medidas de prevención del coronavirus:
«se suspenderán las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión comunitaria, de acuerdo a la actualización permanente determinada por las autoridades sanitarias».
«se prohibirán las salidas a diligencias judiciales de reclusos que hayan dado positivo en coronavirus o sean sospechosos. En ambas situaciones los presos tampoco podrán ser trasladados a otras cárceles salvo por razones estrictamente sanitarias».
se suspenderán las «reuniones o acción formativa dirigida a trabajadores o internos que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios» y se aplaza también «los congresos, jornadas, seminarios o cursos de formación de los profesionales sanitarios fuera de los habituales de su centro».
En otras palabras, al igual que en Italia, se ha acordado la restricción absoluta de derechos y libertades de las personas presas. Quizás esto se explique mejor si atendemos al contexto de nuestro sistema penitenciario, en el que contamos con una población penitenciaria de 58.369 personas (excluyendo a Catalunya, que tiene las competencias transferidas) y tan solo 285 médicos y 6 psiquiatras para todo su sistema de salud. Y es que resulta mucho más sencillo y barato restringir injustificadamente los derechos de las personas presas (pese a que, en virtud de sus sentencias condenatorias, el único derecho que han perdido temporalmente es la libertad de movimiento) que invertir en un modelo sanitario eficiente y humano. Una ratio absolutamente insuficiente.
Preocupada por la repercusión que estas restricciones pudieran tener en la población reclusa, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se ha presentado en el día de hoy una queja ante el Defensor del Pueblo (el mecanismo de prevención de la tortura en el Estado español) con la esperanza de que revise el protocolo de Instituciones Penitenciarias y realice recomendaciones, como así lo hizo su homólogo italiano. A la misma se han adherido Irídia, Red Jurídica, Salhaketa Nafarroa (Asociación de apoyo a personas presas y sus familiares), Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón (C.A.M.P.A), Asociación Libre de Abogadas de Zaragoza, Oteando (Observatorio para la defensa de los derechos y libertades), Federación Andaluza Enlace, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, Salhaketa Bizkaia, Salhaketa Araba y Osabideak. Esperemos que la petición sea oída y que, en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, la Defensoría salvaguarde los derechos de quienes se encuentran privados de libertad.
Francisco Fernández, de APDHA y Daniel Amelang, de Red Jurídica
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