Un Nazi Al Frente De Un Centro De Menores

Pedro Costa, alias Lofer, está siendo juzgado por asociación ilícita y tenencia prohibida de armas, dentro del proceso contra el grupo nazi Frente Antisistema. Este señor era el contable de la organización y miembro de la Junta de Mandos, la cúpula de este grupo fascista. Pero además de un dirigente nazi, también ha sido director de un centro de menores. Le acompañan en el banquillo, entre otros, un concejal de España 2000, dos militares y el asesino de Guillem Agulló. Puedes leer la noticia en El Plural
Pedro Costa fue contratado por la ong Instituto Pedagógico Valenciano en 2008, estando ya imputado por el Caso Pánzer, siendo director del centro de acogida de menores El Carmen (al parecer, el único recurso que gestiona esta entrañable ong) hasta hace unos días. Se trata de un centro concertado con la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, donde viven niños en situación de desamparo de entre 9 y 17 años. El Instituto Pedagógico Valenciano se ha defendido explicando que conoció el pasado de su director en 2013, pero que no actuó porque no tenía medios económicos para afrontar el despido. Niños en desamparo cuyas condiciones vitales dependen en gran medida de las decisiones de un nazi. Esto no es más que otro ejemplo de las situaciones que pueden llegar a producirse en un sistema de protección de menores obsoleto, profundamente burocratizado y además privatizado. Una auténtica vergüenza. No es la primera vez que pasa. CCOO denunció que en el centro de internamiento judicial de menores Es Pinaret (en Palma) un grupo de vigilantes fascistas que se autodenominaban La Camada había instaurado un “régimen de terror nazi”, agrediendo a los menores internos y amedrentando al resto de trabajadores. Que se puedan llegar a producir estas situaciones, además de un atentado contra los menores, supone una humillación para los profesionales del sector. La carencia de medios, la prepotencia patronal de las osigés, la precariedad laboral, la represión sindical y la absoluta arbitrariedad en la toma de decisiones sobre los menores no sólo significan una degradación de la labor del educador, sino que suponen un evidente maltrato institucional hacia los menores.

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