Según www.europapress.es: «Un funcionario de prisiones del establecimiento de Picassent (Valencia) ha aceptado este lunes en la Audiencia de Valencia cumplir un año de prisión y otros tres de inhabilitación para empleo, por pedir dinero a un recluso con la promesa de mejorar su situación penitenciaria.
El juicio contra este funcionario estaba previsto para este lunes en la Audiencia, ante un jurado popular. Antes de comenzar la vista, se ha llegado a un acuerdo entre la fiscal y la defensa, por el que se le ha rebajado la pena al acusado tras aceptar éste los hechos que se le imputan.
Así, inicialmente se pedía para el acusado la pena de un año y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial para el empleo de funcionario, y el pago de una multa de 1.800 euros, por un delito de cohecho. Sin embargo, tras el acuerdo, se le ha rebajado la pena hasta el año de prisión, tres años de inhabilitación, y una multa de 900 euros.
El acusado desempeñaba desde enero de 2010 el cargo de encargado de vigilancia interior, en el módulo cinco del centro de Picassent. En esa misma época, la víctima estaba interno en el establecimiento penitenciario, cumpliendo pena de prisión por sentencia dictada en enero de 2007.
El recluso se encontraba en el módulo cinco desde el 13 de noviembre de 2009, módulo al que había sido trasladado desde el módulo tres —módulo de respeto— tras un informe emitido por los subdirectores de tratamiento, seguridad y el educador por inadaptación al departamento.
En enero de 2011, otros internos del módulo cinco —tal y como contempla el escrito fiscal— manifestaron al reo que, para averiguar el motivo del traslado de módulo, o llegar a conseguir el tercer grado o, incluso, la libertad, debía hablar con un funcionario —el acusado—.
Días después, el acusado y el recluso mantuvieron una conversación en la que el primero le ofreció la posibilidad de averiguar las circunstancias del cambio de módulo por si se debiera a un informe negativo, conseguirle un tercer grado, la obtención de permisos o adelantar su libertad a cambio de que le entregara 3.000 euros. Le solicitó 600 euros como adelanto para ir moviendo papeles.
Para ello, el acusado le pidió el teléfono de su pareja sentimental, a fin de que ésta le entregara el dinero. Según este plan, a los días, el acusado se puso en contacto con la pareja y quedaron en verse en la estación de Renfe de Valencia. Una vez allí, éste le comentó que pese a ser un funcionario «normal», al estar muchos años en el centro, podía hacer y había hecho muchas cosas, y le puso como ejemplo que en anteriores ocasiones había sacado a cinco o seis internos.
300 EUROS
El acusado le dijo que podía averiguar cuando quisiera por qué habían cambiado a su pareja al módulo cinco, y le requirió 600 euros, pero como ésta solo le podía dar 300, se quedó este dinero. Seguidamente, el procesado mandó un mensaje a la mujer y le comentó que un funcionario, compañero suyo, le había leído un informe negativo de su pareja, en el que constaba un supuesto tráfico de drogas. Este hecho habría motivado el cambio de módulo.
Posteriormente, la mujer, ante las insistentes demandas de dinero del acusado, contactó con el director adjunto del centro penitenciario y le trasladó lo ocurrido. También presentó una denuncia ante el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Picassent.
En febrero, el acusado solicitó otra cita con la mujer, y le dijo que le podía conseguir permisos e, incluso, ahorrarle dos años y pico de prisión a su pareja y que, entregándole otros 600 euros, «ya estaría todo pagado». Así, quedaron otro día, y después de que ella le efectuase el pago, el hombre fue detenido. El procesado no llegó a realizar ningún informe favorable al reo.»
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