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Se sabe desde hace tiempo que las “medidas alternativas a la prisión” no sirven para disminuir el número de personas presas, el cual, por el contrario, no ha dejado de aumentar desde que se empezaron a introducir masivamente, allá por los años 70, en los sistemas penales del mundo capitalista. Para lo que sí han servido ha sido para aumentar enormemente la extensión de las redes de control social que, entre otros factores, gracias a esas medidas, han ido alcanzando dimensiones totalitarias y atrapando a más y más personas. Y también han servido, desde luego, para aumentar las posibilidades de explotación de “la industria del control del delito” y proporcionar puestos de trabajo a la clase media consumista, al servicio incondicional de la dominación. Así que no parece haber motivos para el optimismo en las manifestaciones de Ángel Yuste durante la lección inaugural de un curso llamado «Alternativas a la Prisión y asistencia de penados”, organizado, del 22 al 26 de julio, por la Universidad de Granada y la ciudad autónoma de Melilla, cuyo presidente dice es pionera en ese tipo de medidas.

El actual secretario general de instituciones penitenciarias, veterano en mil batallas represivas y uno de los responsables, por ejemplo, de la instauración y aplicación, ilegal durante muchos años, del régimen destructivo FIES, expresó “el deseo que existe desde hace mucho tiempo sobre la necesidad de revisar la pena privativa de libertad”  defendiendo que es necesario llevar a cabo acciones alternativas, por dos motivos fundamentales: el alto coste que supone y las dudas que existen sobre su eficacia. Según él, existe actualmente una crisis de la prisión que hace necesario evitar las penas cortas y apostar por otro tipo de mecanismos, como los servicios a la comunidad, donde la persona condenada deja de convertirse en una carga para ser un trabajador.

Teniendo en cuenta la temática de las ponencias y las “personalidades” que las imparten, entre las que destaca el actual carcelero mayor pero no faltan otros “técnicos” carceleros de alto rango, algún magistrado y diversos apologistas del castigo, no hay motivos para alegrarse por las aparentes buenas intenciones que proclaman. Más bien hay que sospechar que se trata de otro nuevo proyecto de administración de la catástrofe social que causa el régimen de dominación y explotación capitalista, por parte de sus partidarios y agentes. Impresión que se ve confirmada por la palabrería sobre la “crisis” de la prisión en boca de un decidido partidario de los recortes y pionero de la privatización de los “servicios penitenciarios”.

Fuente: www.afaprema.com

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