“Quien quiera salvaguardar su libertad deberá proteger de la arbitrariedad hasta a sus enemigos, o se establecerá un precedente que se volverá contra él”
Thomas Paine
Imaginemos que un afortunado día un poderoso mago emplease su magia para hacer desaparecer todos los ejércitos que en el mundo son. Con sus generales, sargentos y sus soldados rasos. Incluso las fábricas de armas. Todos los ejércitos de todos los países del mundo. ¿Qué ocurriría al día siguiente? Pensamos que nada de nada. La gente seguiría yendo a sus trabajos (quienes los tienen), la infancia a sus escuelas, los políticos y banqueros a sus latrocinios… Y no es por despreciar el papel que la institución castrense juega como herramienta de control imperialista por parte de los países ricos, o como último baluarte de defensa violenta del sistema entero. Pero al menos ese día siguiente la vida seguiría como cualquier otro día del año.
Ahora imaginemos al mismo mago, en lugar de a los ejércitos, haciendo desaparecer todas las prisiones del planeta. ¿Qué ocurriría al día siguiente? Por lo pronto la alarma social y la sensación de desprotección adquirirían proporciones de gran relevancia. Pero lo peor, pensamos, es que ese temor no sería plenamente infundado. En la sociedad desarmónica y enferma en que vivimos existen realmente individuos tendentes a comportamientos criminales capaces de causar daño al resto de personas de la colectividad.
¿No es posible la abolición de la institución de la prisión entonces? En este documento trataremos de establecer que en una sociedad ideal a la que tender, la prisión tal como la conocemos no tendría cabida ni habría necesidad de ella. Pero también intentaremos mostrar como, incluso en la situación actual, una gran mayoría de seres humanos encerrados en las cárceles ni merecen estar ahí, ni tiene sentido que estén, ni su puesta en libertad de forma inmediata supondría el menor riesgo para el conjunto social.
Analizaremos las diferentes respuestas ante la criminalidad que se dan en la sociedad actual y las que cabrían darse tanto en el momento presente como en una sociedad futura mejorada. Las enjuiciaremos tanto desde el punto de vista de la ética partiendo del valor que en el antimilitarismo noviolento damos al ser humano como tal, como desde los aspectos prácticos y meramente utilitarios.
Es teniendo en cuenta estas perspectivas que nuestro grupo se posiciona como contrario a la existencia de la institución de la cárcel y por lo tanto partidario de su abolición gradual.
Un vistazo preliminar.
Tomando como referencia el marco geográfico del estado español, ofrecemos algunos datos para el análisis.
A nivel sociológico:
Una gran mayoría de personas presas pertenecen a estratos económicamente pobres (1). Entre ellas se cuenta un porcentaje muy elevado de personas extranjeras inmigrantes (2).
Otro relevante porcentaje está preso por delitos relacionados con la venta y consumo de drogas (3).
Últimamente se ha elevado exponencialmente la cifra de personas presas por dos comportamientos que han provocado fuertes endurecimientos del código penal desde cierta alarma social inducida: violencia machista e imprudencia al volante (4 y 5)
De forma transversal a lo anterior, un porcentaje también muy elevado de la población reclusa padece algún trastorno mental (6). Resulta sorprendente que aunque la legislación considera inimputables a las personas enfermas mentales, las cárceles se encuentren llenas de enfermos que cumplen condena y que de hecho haya en el estado dos cárceles-manicomio en las que los internos –de forma completamente ilegal- son tratados a todos los efectos como presos y apenas como enfermos mentales.
El tema de la prisión en general y el de la situación de las personas presas en particular despierta un escaso interés entre la población española. En cambio es frecuente que muy diferentes colectivos, de todas las tendencias ideológicas, tengan inquebrantable fe en el encarcelamiento como solución a casi cualquier conflicto o problema de la sociedad (7 y 8).
A nivel jurídico:
El estado español posee uno de los códigos penales más duros de toda Europa, lo cual hace que las condenas de cárcel en general sean más largas que en otros estados y los beneficios penitenciarios sean menores (9). Este endurecimiento legal se ha ido haciendo paulatinamente en las últimas décadas y el proceso aún está en marcha. Para las personas condenadas por delitos cometidos después de 1995, por ejemplo, no existe ya la posibilidad de redimir días de condena por el trabajo.
Aunque la constitución española habla de la función rehabilitadora de la prisión, sentencias del propio tribunal constitucional se han encargado de abrir la puerta de la legitimidad legal a otras dos funciones: la punitiva y la disuasoria, las cuales en la práctica son casi las que se dan de forma principal (10).
A nivel político y económico:
Teniendo el estado español una de las más bajas tasas de criminalidad de los países de su entorno tiene uno de los mayores ratios de personas presas por habitante (11 y 12).
Algunos estudios sobre diferentes delitos (tráfico de drogas, violencia machista…) han establecido desde hace ya cierto tiempo que el alargamiento de las condenas no afecta a la tasa de comisión de esos delitos. Este dato es obviado sistemáticamente por las autoridades (y por la sociedad), las cuales prosiguen su política de endurecimiento punitivo y de generación de alarma social (13, 14 y 15). Para ello, además, se oculta sin pudor un dato importante: el bajo porcentaje de personas condenadas por delitos graves que, una vez libres, reinciden (16). Mientras tanto, estos pocos casos se explotan hasta la saciedad en los medios de comunicación.
La cárcel es cada vez más un recurso de control social en manos de las autoridades estatales, quienes crean nuevos tipos penales o endurecen otros ya existentes con el fin de amenazar con la prisión y en su caso encarcelar a las diferentes disidencias (17).
Desde hace unos años y en la actualidad, el estado vive un desaforado impulso constructor de nuevas prisiones (si bien en los dos últimos años parece estarse frenando a causa de la crisis). Hay un suculento negocio en esta obra pública del que se benefician unas pocas pero grandes empresas (18). No es menor negocio, cada vez más privado o privatizado, el mantenimiento de dichas cárceles (19 y 20).
La población reclusa es utilizada por algunas empresas como mano de obra industrial empleada en condiciones de semiesclavitud. Este tipo de trabajo está generalizado en la mayoría de prisiones del estado (21).
Determinadas políticas penitenciarias, como la creación de prisiones de alta seguridad o el llamado régimen FIES, han proporcionado a las autoridades estatales una gran capacidad de intervenir en el interior de las prisiones y sobre la más estricta intimidad de las personas reclusas, las cuales están sometidas a tan férreo control que cualquier movimiento social o político en el interior de una cárcel es prácticamente inviable, a diferencia de lo que sucedía hace unas décadas (22).
Como ocurre presuntamente con la tortura policial en las comisarías, la política del estado es –también presuntamente- la de dotar de impunidad a la figura de los carceleros, eufemísticamente denominados “funcionarios de prisiones”, los cuales, según denuncian una y otra vez organizaciones de derechos humanos, se valdrían casi de cualquier medio para mantener el control de la prisión, violando los derechos de los presos de forma sistemática mucho más allá de los límites del llamado estado de derecho (23 y 24). Toda la institución: políticos, magistrados, jueces de vigilancia, carceleros, forenses e incluso medios de comunicación cooperarían para que este orden de cosas se mantenga invariable (25).
Crímenes y castigos.
Nuestra sociedad occidental, como bien denunció Michael Moore en su documental “Bowling for Columbine” (26), padece un sentimiento de inseguridad colectiva ante la delincuencia que es desproporcionado con respecto al riesgo real. Es una especie de paranoia compartida que no ha llegado a darse fruto de la casualidad. La intencionalidad de quienes detentan el poder para que tal cosa sea así, parece más que clara. Y el beneficio que extraen de tal fenómeno en forma de una sociedad atemorizada y más y mejor controlada, también.
Este temor extremado y generalizado es el caldo de cultivo perfecto para la ideología vindicativa que hoy impera. La mayoría de personas de la sociedad no observan la delincuencia como un fenómeno como cualquier otro al que cabe abordar con un estudio pormenorizado de sus causas y aspectos concretos a fin de resolverlo del mejor modo posible. Hay una dimisión general del esfuerzo de querer determinar causas de la delincuencia. Tampoco se desea analizar en profundidad el desarrollo y magnitud real del fenómeno en sí y mucho menos evaluar si las soluciones que el poder implementa tienen algún grado de eficacia o producen resultados en el tiempo. Por el contrario, cual si fuera una epidemia, impera la más irracional de las fes en el simple castigo como elemento disuasorio y punitivo. Parece como si los castigos, más cuanto mayor sea su dureza, actuaran aliviando en cierta forma los sentimientos de angustia y miedo de la gente.
Tal cosa va de la mano de la desvalorización de la persona como tal, y de la pérdida de peso de la dimensión ética y moral en general (27). A la hora de enjuiciar acontecimientos que afectan al cuerpo social, tal como el fenómeno de la criminalidad que analizamos, un número cada vez mayor de personas y en grado creciente tiende a anteponer opciones egoístas antes que apuestas por el amor a todo ser humano o la simple y llana búsqueda del bien.
En tal contexto el valor Justicia no es tenido apenas en cuenta. Ni siquiera comprendido en forma positiva como una búsqueda de lo mejor para todas las partes sino como una especie de ecuación matemática. Para la mayoría de las personas de la sociedad la justicia no va mucho más lejos de una especie de “ojo por ojo, diente por diente”, es decir “cometiste tal acto, pues te corresponde tal castigo y es legítimo que se te aplique”. Esta forma antihumanista de ver las cosas está extendida hasta la náusea. Incluso en un amplísimo sector de la izquierda, y aun dentro del mismo anarquismo, se concede un valor escaso a la vida humana, la cual casi siempre se encuentra subordinada a cualquier interés utilitario de tipo estratégico. Aunque lamentablemente esta forma de ver las cosas y de actuar es más bien una inercia adquirida y no reflexionada por parte de sus defensores, no faltan argumentarios intelectuales. Por ejemplo esta frase de H. D. Thoreau, padre de la Desobediencia Civil, refiriéndose a los asesinatos de hacendados esclavistas en el EEUU del siglo XIX por parte del activista antiesclavitud Capitán Brown: “No hubo muerte en esos casos porque no hubo vida; simplemente se pudrieron y se degradaron bajo la tierra del mismo modo que se habían podrido y degradado en vida”. En virtud de esta ideología ampliamente extendida no hay movimiento social que se precie, sea el feminismo (28), el ecologismo (29), el animalismo (30), el anticapitalismo (31) etc. dentro del cual no haya una tendencia importante que reivindique cárcel y más cárcel para sus oponentes. Verdaderamente triste y peligroso.
Resulta evidente que desarrollar las instituciones judiciales de una sociedad desde esta manera de entender las cosas y los parámetros que resultan de ella no tiene validez ética ni tampoco razón lógica (a no ser los propios intereses del poder) y no puede generar mecanismos válidos y proporcionados.
Decía el filósofo italiano Lanza del Vasto:
“Si devuelves mal por mal, no reparas el mal: lo duplicas. ¿Cómo puedes llamar bien al mal que devuelves? Si para castigar al asesino, lo matas, no devolverás por eso la vida a su víctima. Habrá dos muertes en vez de una y dos asesinos: él y tú. ¿Cómo puedes afirmar que es un mal menor, cuando tu justicia exige un castigo igual al crimen? ¿Cómo puedes creer que es un modo de detener el mal, cuando tú mismo agregas un eslabón al que irán a unirse otros más? (32)
Por su parte el antropólogo Marvin Harris hablando de los nuer, un pueblo pastoril y agrícola que vive en el Alto Nilo, del cual afirma que no hay noticia de liderazgo centralizado políticamente en todo su territorio, muestra otra forma de entender y abordar el fenómeno criminal:
“Los nuer resuelven sus venganzas de sangre (o al menos las amortiguan) transfiriendo 40 o más cabezas de ganado vacuno al linaje de la víctima. (…) Los parientes del hombre fallecido están obligados a rehusar la oferta de ganado vacuno, exigiendo en su lugar una vida por otra. Sin embargo, los miembros de los segmentos de linaje que se ven implicados por ser parientes cercanos no están obligados. Hacen todo lo que pueden para convencer al grupo de parentesco perjudicado de que acepte la compensación. En este esfuerzo los ayudan algunos especialistas semisagrados que hacen de árbitros. Estos últimos, conocidos como «los jefes de la piel de leopardo», son normalmente hombres cuyos linajes no están representados localmente y que pueden, por tanto, actuar más fácilmente como intermediarios neutrales. El jefe de la piel de leopardo es el único que puede, ritualmente, purificar a un homicida. De ahí que si ocurre un homicidio, el asesino se refugia inmediatamente en su casa, santuario respetado por todos los nuer. Sin embargo, el jefe de piel de leopardo carece hasta de los más elementales atributos del poder político; lo más que puede hacer es amenazar a los miembros reacios del linaje del hombre asesinado con diversas maldiciones sobrenaturales. Con todo, la determinación de impedir una venganza de sangre es tan grande que el linaje perjudicado finalmente acepta el ganado vacuno como compensación (Verdón, 1982)”. (33)
Es interesante, también en este tema, echar un vistazo a diferentes sociedades primitivas, y comprobar que sus soluciones ante el crimen son fundamentalmente preventivas y pasan más bien por reforzar los lazos comunitarios de interdependencia. Ello hace que la pena más temida por los posibles infractores sea precisamente el verse excluidos de esas relaciones comunitarias (el ostracismo por ejemplo) y no aplicaciones de castigos físicos. Mucho menos la reclusión carcelaria, la cual es inexistente en esas sociedades e incluso no se daba como forma de castigo penal institucionalizado en nuestras sociedades occidentales hasta hace apenas un siglo (34).
La cuestión sería tratar de averiguar cómo el muy racionalista, utilitarista y cartesiano Occidente en esta cuestión del crimen y su reparación se ha apartado tanto de los conceptos de pura lógica que expone Lanza del Vasto, los cuales pueden llegar incluso a comprenderse como naturales a tenor del ejemplo de los nuer, y en su lugar ha levantado un sistema de castigos legales desproporcionado, injusto e inútil para acabar con o disminuir el fenómeno.
Lo que sería lógico.
Más allá de las dimensiones éticas, que habrían de ser siempre las que imperasen y marcasen la pauta, en buena lógica también una sociedad debería desear que el fenómeno de la criminalidad no se diese en ella en absoluto. O en su defecto que se diera con la menor incidencia posible. Hacia tal fin deberían apuntar todos los esfuerzos en este sentido. En caso de cometerse crímenes la lógica también nos dice que lo preferible sería, a/ que cualquier daño causado fuese reparado de forma íntegra si ello es posible y, b/ que las personas infractoras recibieran un tratamiento social o psicológico adecuado para evitar su reincidencia y para proceder a su completa recuperación para la sociedad. No hay beneficio ninguno para la colectividad en la venganza hacia y/o aniquilación de un sujeto potencialmente recuperable. Y aún en el caso de que pudiera haberlo sería ilegítimo sacrificar una sola vida humana en el altar del interés y la utilidad. Estas acciones, las venganzas, suponen en mayor o menor medida la negación de la propia dignidad humana, la apuesta por ceder al odio irracional el control de los actos sociales y el empobrecimiento axiológico de la sociedad toda.
Volviendo al punto de vista pragmático, lo que queda despejado tras los análisis preliminares, los datos sobre la realidad actual de las prisiones aportados más arriba, es que las venganzas per se no reparan ningún daño causado, no ayudan a la regeneración social de las personas infractoras y ni siquiera actúan claramente como elemento disuasorio, como aviso a navegantes, ante la posible comisión de nuevos delitos. Es decir, no tienen una función de prevención.
Como ya quedó explicado, las penas de prisión en nuestra sociedad del estado español no están planteadas para la reparación de los daños causados y la rehabilitación de las personas infractoras, sino como mecanismo de castigo y de control social por parte del poder. Por lo tanto son instrumentos inadecuados para los fines a alcanzar por una sociedad que desee enfrentar el fenómeno de la criminalidad según los parámetros del sentido común y la razón. Por si fuera poco, tampoco son admisibles desde el punto de vista ético.
En la sociedad que deseamos sería así.
Es de creer que una sociedad futura, por muy evolucionada que se encuentre con respecto a la que conocemos hoy, nunca será perfecta. El crimen y el delito seguirán dándose en su seno y ella habrá de protegerse ante tales fenómenos y darles la respuesta adecuada de la que hablábamos antes. Una aproximación general a cómo podría enfocarse en la práctica el tratamiento de la criminalidad en una sociedad evolucionada podría ser la que sigue:
En primer lugar y como factor más importante se encuentra la prevención. En nuestra sociedad actual advertimos que detrás del delito se encuentran en forma abrumadoramente mayoritaria situaciones de pobreza, marginación, migración por causas económicas, drogodependencia o falta de salud mental, cuando no programación deshumanizadora a cargo de la propia educación del sistema. Ello sin hablar de personas presas por causas políticas. Un modelo social basado en mayor medida en relaciones sociales y económicas justas, democráticas y armónicas eliminaría en forma muy importante la causa que provoca la mayoría de estos comportamientos o motivos de encarcelamiento. Un modelo educativo dirigido a orientar a la persona hacia la propia autonomía, la libertad y al desarrollo de sus capacidades éticas y convivenciales (poco que ver con el modelo actual que apuesta desembozadamente por el individualismo, el materialismo, la sumisión al poder y la competitividad egoísta) incidiría aún más en el descenso estadístico de situaciones de criminalidad. Por último, la sociedad de la que hablamos habría de disponer de mecanismos preventivos concretos para la detección precoz y evitación de los posibles comportamientos delictivos remanentes, ya en su mayor parte, pensamos, debidos a situaciones de desequilibrio mental.
El segundo aspecto a salvaguardar sería el de la reparación. Quien fue víctima de un acto criminal de forma directa o indirecta (familiares afectados, por ejemplo) debería ser compensada, hasta donde sea posible y justo, en primer lugar por quien cometió el crimen y subsidiariamente por el resto de la colectividad en caso de insolvencia de aquél. Para ello deberían estar previstos de antemano los medios materiales necesarios. Las compensaciones, tanto si hubo daños materiales como personales, podrían ser de carácter material (restitución de lo destruido o robado, indemnización económica, trabajo comunitario en su beneficio…) o inmaterial (distinciones honoríficas, discriminación positiva, simple implicación y apoyo emocional por parte del resto…). Sería óptimo en estos casos poder contar con mecanismos de mediación penal gracias a los cuales tanto la víctima como la persona agresora pudieran si ambas lo desean – y con el apoyo necesario- encontrarse, comunicarse, en su caso reconciliarse y acordar la compensación justa si ello fuese posible.
Una aproximación que nos resulta de interés en esta cuestión es comprender el acto criminal como un conflicto más, aunque teniendo en cuenta sus efectos más destructivos, y ver su abordaje como una forma de regulación y/o resolución del mismo por parte de las personas concernidas. (35)
Pensamos también que hay que recuperar y poner en su lugar valores y acciones de tanta importancia y tanto posible efecto positivo en todo el cuerpo social como la generosidad, la gratuidad, el perdón y la reconciliación. El amor en definitiva. Hoy día se encuentran, más que despreciados, denostados. Ser capaces de perdonar e incluso volver a admitir en una relación personal fraternal y comunitaria a la persona que nos causó un mal objetivo, recibiendo o no compensación alguna, debería verse como un ideal a alcanzar y a aplaudir (desde luego no como algo exigible u obligatorio) en lugar de entenderse como una forma de debilidad.
En tercer lugar, debe haber una opción por la recuperación y rehabilitación de la persona con comportamiento criminal, también siempre que sea posible, y una renuncia expresa a cualquier tipo de castigo o venganza. La recuperación de estas personas requerirá esfuerzo e implicación social así como aplicación individualizada de los tratamientos especializados necesarios. Habrá quien precise tratamiento psicológico o psiquiátrico y quien necesite un simple apoyo social o algún tipo de intervención en sus circunstancias ambientales. Habrá quien sea un enfermo incurable o una persona de inmoralidad recalcitrante, pero la apuesta de esa sociedad será por realizar los esfuerzos necesarios para la más pronta recuperación y plena reintegración en la vida social de cada persona que delinque.
La cuarta y última cuestión a abordar sería el qué hacer con las personas delincuentes a efectos de la necesaria protección de la sociedad ante ellas. Resulta evidente que una sociedad no puede permitir la libre circulación de personas de las cuales consta su peligrosidad hacia el resto debido a desequilibrio mental o por una simple opción no-ética conocida y que supone riesgos tangibles para el cuerpo social. En estos casos y tanto por su bien como por el de la colectividad estas personas deberían ser recluidas temporalmente en lugares cerrados. Dichos lugares nunca serán prisiones y la estancia en ellos no revestirá el más mínimo indicio de castigo. Antes bien serán ámbitos terapéuticos en los que los derechos humanos de las personas recluidas estarán plenamente salvaguardados (exceptuando el que se restringe por la misma reclusión, claro está). Serán consideradas personas con mayores necesidades de atención que el resto y como tal serán tratadas recibiendo la atención social o médica necesaria y adecuada para su bienestar y su más pronta recuperación, rehabilitación y reintegración social. La reclusión solo durará el tiempo estrictamente necesario, pero podrá ser prolongada incluso durante toda la vida, por ejemplo, en el caso de graves e incurables enfermedades mentales de gran peligrosidad.
Es en esta última propuesta donde adquirimos un grado mayor de contradicción, puesto que el hecho de recluir forzosamente a un ser humano, a pesar de hacerse con todas las condiciones antes expresadas y como última solución cuando no se encuentra otra alternativa mejor, no deja de ser una forma de anular un derecho fundamental de una persona, disponer de su vida y por lo tanto de empobrecerla como tal y quizá causarle sufrimiento.
Lo que podemos hacer ya.
El tramo a recorrer para el cambio entre la situación actual y lo que sería deseable es de una magnitud muy elevada, no solo en cuanto a las condiciones materiales de quienes hoy padecen penas de prisión, sino también en cuanto a los paradigmas e ideologías imperantes con respecto a lo que se considera delincuencial y lo que la sociedad debe hacer ante ello.
Ningún esfuerzo conseguirá resultados tangibles si no hay avances sociales. Es decir, si primero una minoría de personas y después un sector importante del espectro social no despierta del ensueño de las alarmas inducidas y de la fe irracional y morbosa en el castigo como solución a los conflictos. Cabe realizar, pues, una titánica labor de educación y concienciación, tanto en valores como en mera racionalidad, que logre contrarrestar los discursos que emanan del poder. El valor que se da a la persona humana, como venimos explicando, cotiza a la baja en todo Occidente, como en general la mayoría de los valores éticos. A esta inercia no es en absoluto inmune el sector de población autodenominado “de izquierda”. Es imprescindible sentar las bases de una revolución axiológica que recupere estas dimensiones. El maquiavelismo materialista según el cual el fin convierte en justo cualquier medio y todo debe ser sacrificado a la utilidad (o a la táctica si hablamos en términos de activismo político) ha de ser delatado primero y superado después. Si no se recupera como base fundamental para entender una sociedad futura y las estrategias necesarias para llegar a ella una nítida base ética asumida y deseada por una mayoría social hay poco que hacer en este campo y en cualquiera. Ninguna lucha valdrá la pena ni tendrá opciones de triunfo si no despierta en un sector importante de la población anhelos verdaderos de justicia y libertad que se antepongan a los miedos y egoísmos de cada cual.
Es de cajón también que cualquier esfuerzo que tenga presente los sufrimientos de las actuales personas presas no puede conformarse con obtener meros paliativos. Si no se apunta a las causas del problema éste se seguirá dando ad infinitum con mayor o menor virulencia según la voluntad del poder y los esfuerzos filantrópicos de unos pocos grupos asistencialistas. Quedó dicho arriba que la causa principal de este problema, como de casi todos los demás, es el hecho de que esta sociedad se fundamente en un sistema que es injusto en lo económico y no-democrático en lo político. Es imperioso, pues, el trabajo decidido para la superación de este modelo.
Pero lo que sí es verdad es que mientras el modelo evoluciona o no y las personas de la sociedad van adquiriendo una conciencia no manipulada de la realidad, hay miles de individuos sufriendo el tormento de un sistema de pseudojusticia estatal fuertemente vindicativo e inhumano. Entendemos que sin caer en actitudes reformistas y cortoplacistas sí cabe en la situación actual ir denunciando estos hechos como elemento añadido para la toma de conciencia colectiva antedicha. También es lícito tratar de ejercer la presión política que se pueda sobre quienes a día de hoy se arrogan el poder, para tratar de obtener una mejoría de los sufrimientos concretos de todas estas personas.
Sería un enorme avance para la situación de la población presa del estado español algo tan simple como que el propio estado cumpliera e hiciera cumplir sus propias normativas legales. Ello acabaría con las torturas, los encubrimientos, el abuso de poder, determinados regímenes penitenciarios como el FIES, el hacinamiento, la mayoría de las muertes en prisión etc. Quizá la reforma más sangrante y urgente de las prisiones españolas sea la de las personas enfermas mentales diagnosticadas, inimputables según la ley y que deben ser tratadas como personas enfermas y solo enfermas a todos los efectos, pero que hoy se encuentran recluidas en cárceles, privadas de cualquier derecho, sufriendo todos los abusos y crueldades posibles y sin ni siquiera las ventajas de que disfrutan las personas presas convencionales (penas con finalización concreta, progresiones de grado, permisos, libertad condicional…).
Otro cambio que sería factible hacer con carácter inmediato, ya que hay otros estados capitalistas que funcionan así (por ejemplo los del Norte de Europa), sería el de humanizar las penas potenciando aspectos de rehabilitación en lugar del simple castigo. Para ello habría que acortar las condenas, establecer mecanismos de redención, mejorar el carácter físico de las propias prisiones, potenciar todo lo que sean sistemas penitenciarios de carácter abierto o semi abierto, aumentar la presencia de especialistas en tratamientos psicológico y sociológico e introducir mecanismos de mediación penitenciaria para la resolución de conflictos en el interior de las prisiones.
Evidentemente un paso imprescindible para que los anteriores tuvieran sentido sería apostar por una política judicial menos punitiva que tuviese ya en cuenta otros métodos de prevenir y abordar la delincuencia alternativos a las penas privativas de prisión. Como decimos, el código español es de los más duros de Europa y tiene un amplio margen de mejora en este sentido. Es urgente, puesto que hay miles y miles de personas afectadas y es una amenaza dirigida contra todas nosotras y nosotros, encontrar la fórmula para que el actual poder deje de endurecer las leyes y de construir nuevas prisiones. Aunque sea como un primer paso.
Primer paso al que deben seguir otros. En nuestro colectivo estamos convencidos/as de que la inmensa mayoría de las personas actualmente presas lo están por razones relacionadas con la pobreza, la drogadicción o los propios arbitrios del sistema. Ninguna razón material ni justificación se da, más allá de la interesada decisión política de quienes se arrogan el poder con la anuencia de quienes les votan, para que estas personas continúen en las prisiones un solo día más. Evidentemente ello debe ir de la mano de importantes cambios tanto en el sistema judicial, que es quien adjudica los castigos previstos en las leyes y gobierna la aplicación de las penas en las prisiones. También en la propia legislación, en especial el Código Penal. Este instrumento legal habría de ser reformado en profundidad haciendo reversión de todos los endurecimientos que ha padecido década tras década para que, lejos de ser la formidable herramienta para el control social que hoy es, se enfoque, como mínimo, hacia las funciones preservadoras de derechos y de rehabilitación de las personas delincuentes que la propia Constitución Española establece pomposamente.
Notas:
1.- http://www.grupotortuga.com/Montes-…
2.- http://medios.mugak.eu/noticias/not…
3.- http://www.grupotortuga.com/El-70-d…
4.- http://www.grupotortuga.com/Cordoba…
5.- http://www.grupotortuga.com/Los-jue…
6.- http://www.grupotortuga.com/El-80-d…
7.- http://www.grupotortuga.com/Mas-car…
8.- http://www.grupotortuga.com/Estamos…
9.- http://www.grupotortuga.com/El-PP-s…
10.- http://www.libertaddigital.com/opin…
11.- http://www.grupotortuga.com/Evoluci…
12.- http://www.grupotortuga.com/El-dire…
13.-http://www.uca.edu.sv/virtual/comun…
14.- http://www.diagonalperiodico.net/Ma…
15.- http://www.fepsu.es/justicia/politi…
16.- http://elpais.com/diario/2009/04/02…
17.- http://www.grupotortuga.com/Agarrar…
18.- http://www.grupotortuga.com/Constru…
19.- http://www.grupotortuga.com/Vigilan…
20.- http://www.grupotortuga.com/A-quien…
21.- http://www.grupotortuga.com/Que-emp…
22.- http://www.grupotortuga.com/Cesar-M…
23.- http://www.grupotortuga.com/Protest…
24.- http://www.grupotortuga.com/Denunci…
25.- http://www.grupotortuga.com/Sobre-l…
26.- http://video.google.com/videoplay?d…
27.- http://www.grupotortuga.com/El-47-d…
28.- http://www.murcia.com/cartagena/not… (Entre las medidas que se han reclamado se encuentra el endurecimiento de las penas a los maltratadores…)
29.- http://www.20minutos.es/noticia/138…
30.- http://aaae71.wordpress.com/2011/04… contra-el-maltrato-animal/
31.- http://www.20minutos.es/noticia/138…
32.- http://www.nodo50.org/tortuga/Lanza…
33.- http://es.scribd.com/ceeesaar/d/293…
34.- http://www.grupotortuga.com/Resena-… Aunque el libro trata de la pena de muerte, el autor también analiza la progresiva implantación de las penas prisión en el estado español.
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