La reciente comparecencia en el Senado del ministro del interior, Sr. Fernández Díaz, el pasado mes de marzo, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento ha venido a confirmar lo que su colega, el titular del ministerio de justicia, Sr. Ruiz‐Gallardón, ya había anunciado en sus comparecencias previas ante la comisión de justicia del Congreso de los Diputados en enero anterior, y ante el mismo Senado dos semanas antes: la inminente puesta en marcha de unas políticas criminales que, con la excusa de proveer a la seguridad de los ciudadanos y de velar por la protección de sus derechos individuales y su libre ejercicio, en realidad enmascaran la aplicación de medidas legislativas de marcado carácter regresivo y contenido represor.
Así pues, si todo se desarrolla conforme tiene anunciado el ministro de interior, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, el Gobierno tendrá lista la que será la vigésimo octava reforma del Código Penal en quince años, que afectará fundamentalmente a dos grandes bloques de materias penales, el orden público y la multirreincidencia.
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