Por El Derecho A Recibir Una Alimentación Vegana En Prisión

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El veganismo es una actitud de respeto hacia los animales no humanos. Consiste en un firme posicionamiento ético que se asienta en la convicción de que los animales, al tener un sistema nervioso central muy similar al de los humanos, pueden sentir el dolor y el sufrimiento, y por tanto son merecedores de respeto y consideración moral, en la misma medida que los humanos. En consecuencia, las personas veganas deciden de manera consciente dejar de consumir cualquier tipo de producto derivado de la muerte o explotación de los animales no humanos.

¿Qué ocurre cuando una persona vegana se encuentra bajo custodia del Estado? ¿Se respetan sus creencias? A priori, cabría pensar que sí ostentan este derecho, puesto que el artículo 266.1 del Reglamento Penitenciario establece que “en todos los Centros penitenciarios se proporcionará a los internos una alimentación convenientemente preparada, que debe responder a las exigencias dietéticas de la población penitenciaria y a las especificidades de edad, salud, trabajo, clima, costumbres y, en la medida de lo posible, convicciones personales y religiosas”. Si consideramos que el veganismo es una “convicción personal” (que, sin duda, lo es), veríamos reconocido su derecho a recibir una alimentación acorde a la misma.

Como es sabido (dada la enorme cobertura mediática que se le dedicó en su momento), el pasado día 4 de noviembre la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional detuvo a seis personas de entre 19 y 25 años por pertenencia a una presunta organización terrorista denominada Straight Edge Madrid. Para quien lo desconozca, el Straight Edge es un movimiento encuadrado en la cultura del “hardcore punk”, bautizado así tomando el nombre de una canción del grupo Minor Threat. Sus seguidores se abstienen de beber alcohol, fumar tabaco, consumir drogas y, en muchos casos, son veganos. Pues bien, dos de los seis detenidos ingresaron en prisión provisional tras pasar a disposición judicial, y actualmente uno de ellos permanece en prisión. A ninguno de ellos se les ha proporcionado durante su tiempo de reclusión una alimentación acorde con sus necesidades y convicciones, con lo que se pone en serio riesgo su salud.


Al día siguiente de ingresar en prisión y comprobar que, de toda la alimentación que se servía en el Centro Penitenciario, únicamente podían ingerir pan y fruta, ambos internos solicitaron mediante instancia al Director que se les proporcionara una alimentación vegana, pero a ninguno de ellos se les proporcionó, obligándoles con ello a mantener una “huelga de hambre” no deseada. Como se ha dicho sobre estas líneas, uno de ellos, Juan Manuel Bustamante Vergara, permanece a día de hoy privado de libertad, bajo estas condiciones tan nocivas para su estado de salud.

La entrada en prisión supone no sólo la privación de libertad, sino que lleva aparejada muchas otras restricciones, que en ningún caso deberían afectar a los derechos fundamentales de las personas. Cuando una persona entra en prisión no solo entra físicamente, sino que lleva consigo todo su sistema de creencias que en modo alguno puede dejar en la puerta a la espera de retomarlas cuando sea puesta en libertad. Es por ello que el Estado, como garante de la vida de las presonas presas que custodia, ha de velar porque se respeten esas creencias. El articulo 25.2 de la Constitución Española establece que el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales […] a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio […] y en todo caso tendrá derecho al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Es evidente que para que una persona pueda desarrollar íntegramente su personalidad tiene que permitírsele ejercer su convicciones más profundas, y en muchos casos estas tienen que ver con la alimentación, bien sea como consecuencias de creencias religiosas (musulmanes, hindues, cristianos, etc) o bien por posicionamientos éticos como es el caso de las personas vegetarianas y veganas.

En consecuencia, los centros penitenciarios no solo deberían dar la opción de acceder a una dieta de carácter vegano a las personas presas que así lo deseen, sino que por lo menos tendrían que disponer en los economatos de dichos centros de productos apropiados para que pudieran ser adquiridos por dichas personas. Hoy en día no sucede ni una cosa ni la otra.


Lo cierto es que son cada vez más las personas que optan por una alimentación basada en el respeto absoluto hacía la vida de los animales no humanos, y ni la sociedad ni las instituciones que la rigen (entre ellas las cárceles) podrán ignorar esta realidad durante mucho tiempo, por lo que se hace imperativo empezar cuanto antes a respetar los derechos fundamentales de las personas veganas privadas de libertad, circunstancia que en estos momentos no se da.

Solicitamos a la Administración Penitenciaria que cambie de rumbo y proceda a proporcionar a Juan Manuel Bustamente una alimentación acorde con sus principios y convicciones personales.

Comisión Penal de ALA

A Nahuel (Encarcelado En La ‘Operación Ice’) Le Impiden Mantener Su Dieta Vegana En Prisión, ¡Solidaridad!

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