Piden 23 Años A Dos Boqueras Por Traficar Con Cocaína

La Fiscalía Provincial de Córdoba solicita sendas penas de once años y seis meses de prisión y multas de 3.000 euros para dos funcionarios de prisiones, acusados de introducir cocaína en el Centro Penitenciario de la capital cordobesa, además de 33 años de prisión y multas de 150.000 euros para otros tres procesados, por supuestamente conseguir la droga y planificar las acciones para entrar la misma en la cárcel. El juicio se prevé celebrar en la Audiencia Provincial desde el miércoles 6 de noviembre.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la investigación de la Guardia Civil, tras intervenciones telefónicas, seguimientos y registros en domicilios, se comprobó que los tres acusados, con antecedentes penales, en los últimos meses de 2010 y principios de 2011, integrados en un grupo organizado, supuestamente planificaron realizar los actos necesarios para introducir en el Centro Penitenciario de Córdoba sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, por parte de los dos funcionarios de prisiones que, «incumpliendo los deberes inherentes a sus destinos y cargos, habrían de intervenir en ilícito tráfico, a cambio de precio».

Así, dentro de la citada estructuración de funciones los procesados antes referidos presuntamente eran los encargados de organizar la infraestructura personal y material necesaria, de pagar y recibir la ilícita mercancía, de disponer lo necesario para llevar a cabo su transporte al lugar de depósito, de custodiarla hasta el momento de su ulterior comercialización y de abonar las cantidades de dinero pactadas con los mediadores y funcionarios de prisiones, «implicados en los hechos».

Para ultimar los preparativos de las operaciones proyectadas, se produjeron frecuentes contactos entre los organizadores de «la ilícita actividad», en concreto uno de los funcionarios llamó por teléfono a otro de los acusados para pedirle cinco gramos de cocaína, que fue recogida el mismo día, con la entrega de otro de los tres acusados, en la Barriada de las Palmeras, y posteriormente el funcionario supuestamente introdujo la droga en la prisión y la suministró a varios presos.

En otra ocasión, el segundo funcionario supuestamente introdujo en el Centro Penitenciario la sustancia estupefaciente antes mencionada, entregándosela a un preso, declarado rebelde, quien se encargó de distribuirla en el módulo de mujeres. Por otra parte, al otro funcionario le intervinieron en su coche varias cantidades de cocaína, cuyo «destino final era la venta a terceras personas ingresadas en prisión».

Además, en tres registros domiciliarios, los agentes hallaron diversas cantidades de cocaína, por valor de 51.186 euros, así como distintos instrumentos utilizados para las sustancias, y una escopeta de dos cañones y dos pistolas de aire comprimido, en casa de uno de los tres presuntos narcotraficantes, que supuestamente carece de licencia para estas armas.

En otras viviendas, también se halló marihuana, al tiempo que les intervinieron seis teléfonos móviles y más de 1.500 euros del tráfico ilícito. Mientras, Instituciones Penitenciarias inició sendos expedientes a los funcionarios de prisiones acusados, los cuales se encuentran suspendidos a expensas del resultado del mismo.

Por estos hechos, el fiscal pide sendas penas de prisión de once años y seis meses y una multa de 3.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de funciones públicas para los funcionarios, por la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, mismo delito del que acusa a los otros tres procesados, para quienes solicita 32 años de cárcel y una multa de 150.000 euros para cada uno de ellos, al tiempo que pide un año de prisión para uno de ellos por tenencia ilícita de armas.

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