Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Ahí tenéis una carta redactada en Valencia para entregar en el Colegio de Médicos durante la concetración y, en los enlaces, un panfleto, hecho en Valencia, una octavilla y un texto, enviados desde Lleida, y un flyer elaborado en Madrid con un texto redactado en Santander, por si algún grupo los quiere utilizar. Lo de arriba del todo es una pegatina que han hecho en Madrid. Más abajo, los últimos carteles de la convocatoria, en Granada y Palencia

Valencia, 21 de noviembre de 2019

Al Colegio de médicos de Valencia

Desde hace 3 años, aguanta en las cárceles del Estado español un colectivo de presxs en lucha, sustentando una tabla reivindicativa que señala en sus 14 puntos una serie de vulneraciones de derechos y situaciones de trato cruel, inhumano y degradante que se dan allí dentro. Cuatro de esas demandas se refieren a la situación de la sanidad carcelaria y una quinta a las personas muertas en prisión. Estos días, unxs veinte de ellxs están realizando una huelga de hambre rotativa iniciada en septiembre, haciendo hincapié en la desatención sanitaria en las cárceles y, muy especialmente, en el incumplimiento de la legislación que regula la excarcelación de personas presas gravemente enfermas, que se aplica muy restrictivamente a pesar de que el sistema médico-sanitario en las cárceles no puede garantizar ni mucho menos el cumplimiento de la constitución, de la ley orgánica y del reglamento penitenciarios en el sentido de garantizar “a todos los internos sin excepción (…), una atención médica equivalente a la dispensada al conjunto de la población”. Quizá eso podría solucionarse si se cumpliera lo prescrito al respecto por la Ley de Calidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud del año 2003, transfiriendo las competencias de sanidad penitenciaria a las Comunidades Autónomas. Así se evitaría también la complicidad que prestan muchos médicos carceleros a las torturas y malos tratos, al incumplir su obligación legal de enviar al juzgado de guardia, cuando atienden a un preso golpeado, los correspondientes partes de lesiones.

En la reforma del Reglamento Penitenciario de 1996, se estableció un “modelo sanitario mixto”, en el que la atención primaria corría a cargo de la administración penitenciaria “con medios propios o concertados”, pero quedaba casi siempre encomendada al cuerpo de médicos carceleros. De manera que la “relación penitencaria de sujección especial” ha continúado interfiriendo en la relación terapeútica, viéndose los servicios médico sometidos a criterios “regimentales” y a la cadena de mando carcelera, en lugar de basarse en criterios médicos. De la atención especializada debía encargarse el Servicio Nacional de Salud, “formalizándose entre ambas administraciones convenios de colaboración”, pero el abandono por parte de las diferentes administraciones, la descoordinación entre ellas, los recortes presupuestarios y la resistencia de la administración penitenciaria a hacerse cargo de los gastos que le corresponden han tenido como consecuencia que, contra lo que dice la ley, la atención médico-sanitaria y las “prestaciones farmaceúticas y complementarias” que recibe la gente presa sean mucho peores que las de la población en general, alcanzando la sanidad carcelaria en muchos aspectos, los rasgos de una verdadera catástrofe. No es extraño que nadie haya querido cubrir el 37% de las plazas de médico penitenciario que aún están vacantes.

En el año 2018 murieron 210 personas en las cárceles españolas, unas cuatro muertes cada semana. La mayor parte por enfermedades graves, es decir, que deberían haber sido excarceladas para ser cuidadas y tratadas adecuadamente en la calle, lo que quizá hubiera prolongado su vida o dignificado su despedida de ella, pero murieron en la cárcel, probablemente sin tratamiento ni cuidados. La segunda causa de muerte, sobredosis de drogas, casi siempre legales —barbitúricos, neurolépticos, ansiolíticos, metadona—, proporcionadas por la sanidad carcelaria sin diagnóstico ni control terapeútico adecuados. La tercera causa, suicidio; la crueldad, la inhumanidad, la degradación, el abandono, la miseria… matan. Como las torturas y malos tratos, el destructivo régimen de castigo, el desarraigo o el encarcelamiento de enfermos mentales —unos 3600 con trastornos graves y muchos más con patologías relacionadas con las toxicomanías—, que en muchos casos van a parar, como tratamiento, a los departamentos de aislamiento donde se les somete a violencias especiales.

No quisiéramos que le vuelva a ocurrir a nadie lo que a Luis Manuel Acedo Sáenz, fallecido en agosto de 2016, después de meses quejándose de fuertes dolores, sin otra respuesta del equipo médico de la cárcel de Picassent que unos analgésicos y antiinflamatorios, para ser finalmente diagnosticado de cáncer de páncreas y metástasis en el hígado, demasiado tarde, cuando ya nada se podía hacer por él. O a Manuel Fernández Giménez muerto en la cárcel de Albocàsser, en octubre de 2017, a causa de una supuesta sobredosis de metadona, administrada por error, y de negligencia médica en la administración del antagonista, y entregado a su familia con evidentes huellas de violencia que aún no han tenido explicación. O a tantos y tantos otros.

Cosas que vienen sucediendo desde hace mucho tiempo en las prisiones valencianas, lo mismo que en las del resto del Estado español, bajo una Administración que actúa en nombre de todos los ciudadanos y avalada por nuestro consentimiento. Como podéis comprobar, seguramente con mayor facilidad que nosotros, puesto que estas cosas suceden casi siempre ante las narices de colegas vuestros, cuando no con su participación. Y, ya que las instituciones encargadas legalmente de garantizar los derechos de los presos no parecen capaces de hacerlo, o quizá sus titulares no están suficientemente interesados, pensamos que debemos exigírselo y, como estamos dispuestos a afrontar nuestra propia responsabilidad, nos consideramos con derecho a exigiros también a vosotros que os hagáis cargo de la que, como ciudadanos y además como médicos, os corresponde, empezando por aquellos de vuestros colegas implicados más o menos directamente en lo que os hemos contado.

Panfleto

Octavilla

Texto

Flyer delante; flyer detrás

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

Publicamos con algo de retraso dos cartas de presxs en lucha, uno en régimen cerrado –la cárcel dentro de la cárcel– y el otro en régimen especial –la cárcel dentro de la cárcel de dentro de la cárcel–, que están participando en la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Una es de Peque, que sigue con ánimos, a pesar de que le están presionando mucho y ha sido trasldado a un departamento para él solo, en aislamiento absoluto. Xavi nos habla desu participación en la huelga de hambre rotativa y del tema de la salud en prisión. Por cierto, que ya han empezado a darle el tratamiento contra el VHC que estaba esperando. Los carteles de arriba los han hecho compañerxs gallegxs en apoyo de la huelga de hambre rotativa.

Picassent, 2 de noviembre de 2019

¡Salud compañerxs!

Soy José Ángel Martins Mendoza, miembro de COLAPSO (colectivo Anarquista de Presos Sociales) y quiero comunicaros todas las injusticias que ahora mismo me están imponiendo. Como os había dicho en mi anterior comunicado, me encontraba en el FIES que existe en el módulo de preventivos, en 91.3 RP, en la cárcel de Picassent. A los cuatro meses y medio de estar ahí se había solicitado nuevamente mi traslado por las numerosas quejas, huelgas de patio, ayunos, huelgas de hambre y por negarme en dos ocasiones a entrar a la celda, apareciendo como siempre veinte robocops para reducirme, pero siempre acudía el jefe de FIES para tranquilizarme y aprobar las cosas que reclamaba y que eran nuestros derechos fundamentales. A los cinco meses y medio bajó desde Madrid la conducción denegada, –la primera vez en mi vida que me pedían un traslado y bajaba denegado– y, justo el 30 de Octubre, seis meses después de llegar al FIES del Módulo 19, cuando estaba apunto de entrar para la celda, apareció toda la guardia y jefes de tigres. Me ordenaron que únicamente cogiese el televisor, que se me cambiaba de cárcel para Picassent Penados. No sabía ni me imaginaba lo que me tenían preparado. Aquí existe el módulo 11, que es para progresión de 91.2 a segundo grado, pero hay un cubículo donde no meten a nadie, y llevaban dos semanas preparándolo para mi solo. Cuando ya me metieron en la celda y se fue toda la tropa, una persona de la cárcel,  me abrió la celda y me comunicó que jamás habían traído aquí a un 91.3, que llevaban semanas avisándoles de que iban a traer a un “Aníbal Lecter” y que tuviesen mucho cuidado conmigo, que jamás pudiese cogerles. No se que tienen pensado hacer conmigo, pues ni lxs carcelrxs de aquí saben cómo sacarme de la celda a su pequeño patio, que me sacan a mí solo, sin ver a nadie ni contacto con funcionarixs. Ya me ha bajado la apertura del juicio por el intento de fuga de Albocàsser, pero pese a todo lo que me está pasando, compañerxs, que ni me quieren en ninguna cárcel, mis pasos siguen firmes y aún puedo mirarles a la cara horizontalmente y sin miedos. La lucha sigue y, mientras siga notando el amor y solidaridad de lxs compañerxs de fuera y dentro, aunque dentro me tengan solo, sé que lxs que estamos en lucha activa me darán la fuerza y confianza para seguir luchando hasta que nuestros derechos constitucionales nos sean aplicados. Mientras tanto, “que la lucha no pare” por una sociedad sin muros.

¡VIVA LA ANARQUÍA!

PD: Estoy secuestrado y solo por pedir derechos y dignidad.

Salud, ánimo y fuerza.

Peque

Picassent, 21de octubre de 2019

Hola, compañero, espero que al recibo de esta mi carta os encontréis todos en perfecto estado de salud moral, con sonrisas y ganas de seguir con nuestra lucha… Bueno, os comunico, en escrito oficial, que mi huelga de hambre rotativa empieza el día 10 hasta el día 20 de diciembre de 2019, por las reivindicaciones de todxs lxs presxs en lucha activa y presxs enfermos terminales, yo como presx en lucha sigo con mi lucha como la mayoría. Bueno, yo como enfermo terminal, pues hago mi relato como tengo motivos para hacerlo. En primer lugar, en memoria de todxs lxs presxs olvidados y muertos en las cárceles del estado español capitalista. Venimos reivindicamos los 14 punto,s que todxs ya sabemos cuáles son, pero debemos reivindicar de manera especial que lxs presxs enfermxs sean cuidadxs por lxs médicxs de la calle que no sean de instituciones penitenciarias y que sean médicxs independientes de las cárceles. Yo, como otros muchos compañerxs que están con nosotrxs, creo debemos estar en contacto para saber quien hace las cosas y hacerlas como es debido. Bueno otra cosa, que estoy en espera del tratamiento del hígado, pero estxs médicxs pagados por el estado español, por lo menos conmigo, no funcionan pues ya voy para cuatro esperando el puto tratamiento sin ver ninguna salida y la verdad es que estoy bastante mosqueado, primero porque las consultas médicas aquí, lo que es en la cárcel, no funcionan y lo único que nos toca es tirar de boli y ni con esas, porque pasan de nosotrxs y nunca nos dan la razón. El motivo es que el juez está con la cárcel pero no me dejan ni poner abogado para mi defensa, un derecho que me están vulnerando y todos mis derechos tanto igual como personaque  como presx, pero tiempo al tiempo.

Un saludo libertario. ¡Salud y libertad!

Xavier

Propuesta De Lucha Colectiva Para Ser Difundida Y Debatida Dentro Y Fuera (Renovada)

Noticias Sobre La Huelga De Hambre Rotativa De 2019

¡No Olvidéis A Lxs Presxs En Lucha! [Lista Actualizada, 31-X-2019]

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Presxs en lucha

Hablamos con una componente de Familias Frente A La Crueldad Carcelaria y con el abogado que representa a esa asociación en este caso de la denuncia que están impulsando sobre las torturas sufridas por un buen número de personas presas en al Cárcel de Albocàsser en agosto y septiembre. Nos hacemos eco de una convocatoria de apoyo a la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, que se ha hecho pública ya en ciudades como Lleida, Tarragona, Barcelona, Murcia, Santander o Madrid, pero se espera también en algunas otras, se trata de concentrarse ante los colegios de médicos de cada ciudad para pedirles que asuman su responsabilidad en la catástrofe de la sanidad penitenciaria. Hablamos con una persona del SIRECOVI sobre la violencia policial en calles y comisarías de Barcelona en la represión de las movilizaciones de protesta por las condenas contra los políticos independistas catalanes.

Actividad en la calle Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Indefensión jurídica Radio: Tokata Y Fuga

La asociación FFACC (Familias Frente A la Crueldad Carcelaria) se ha empeñado en denunciar pública y judicialmente las torturas que sufrieron entre el 30 del pasado agosto y el 16 de septiembre un número indeterminado de presos –quizá 10 o 12– de los que cuatro han denunciado ya ante el Juzgado de Guardia. Piden apoyo a su lucha contra la tortura, la idefensión de las personas presas y las mentiras y tergiversaciones de los defensores de la crueldad institucionalizada. A continuación, un resumen de lo sucedido y de la valoración de la asociación. Siguiendo los enlaces de abajo del todo se puede encontrar un informe bastante más completo y una serie de documentos relevantes.

TORTURAS EN LA CÁRCEL DE ALBOCÀSSER

La Asociación Familias Frente A la Crueldad Carcelaria está formada por familiares y amigos de personas presas. Su finalidad es defender los derechos de quienes han tenido la desgracia de entrar en la cárcel, denunciar públicamente todas las situaciones que vulneren esos derechos y hacer todo lo posible para corregirlas. Queremos dar a conocer una de esas situaciones, que se dio en la cárcel de Albocàsser entre finales del pasado mes de agosto y mediados del de septiembre, y señalar una serie de aspectos en que, en nuestra opinión, se ha atentado gravemente contra la integridad y la dignidad de más de 10 personas presas en esa cárcel sometiéndoles a tratos crueles, inhumanos y degradantes que en gran parte se pueden calificar con toda propiedad como torturas.

El 31 de septiembre varios medios de comunicación se hacían eco de las informaciones de algunos sindictos de funcionarios de prisiones y especialmente de la nota de prensa del sindicato ACAIP. Según el relato publicado, el viernes, 30 de agosto de 2019, sobre las seis de la tarde, en el módulo 3 de la cárcel de Albocàsser (Castellón II), un interno “agredió a un funcionario, le golpeó en la cabeza con una escoba, hasta el punto de partir el palo, y trató de apuñalarlo con trozos de madera del mismo”, este preso y otro de sus compañeros “se atrincheraron en el patio del módulo y comenzaron a amenazar a los funcionarios con matarlos y a tirarles objetos” alentando al resto de internos a “secundar la agresión” y creando “una situación de máxima gravedad dado que podría derivarse en un motín”, aunque desde Instituciones Penitenciarias “han asegurado que no hubo ningún intento de motín y que el resto de internos no secundó los hechos”. Entre 15 y 20 funcionarios “tuvieron que acudir al módulo y entre todos lograron controlar la situación”, aislando a esos dos internos, “encerrando en el comedor al resto y subiéndoles escalonadamente a sus celdas”. Igualmente, se afirma que “el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración”, pero también que “según fuentes penitenciarias, el trabajador no requirió hospitalización y se encuentra en buen estado”.

Por encargo de nuestra asociación, alertada por la madre de uno de los presos afectados, el abogado Lisandro Giordani González fue a visitar a cuatro de los presos implicados, cuya versión de los hechos resulta bastante diferente de la anterior. Los cuatro manifestaron haber recibido verdaderas palizas por parte de funcionarios de prisiones, a base de porrazos, puñetazos y patadas, incluso en la cabeza. Dos de ellos fueron llevados a aislamiento el mismo día 30 después de ser terriblemente apalizados —hasta el punto de perder uno de ellos el conocimiento— por gran número de funcionarios, en presencia del resto de los internos del módulo 3, que, según la versión de todos los internos denunciantes, se limitaron a protestar verbalmente, pero no hicieron nada más ni se resistieron a cumplir las órdenes de los funcionarios. Los otros dos fueron conducidos a una celda de aislamiento al día siguiente y fueron golpeados en varias ocasiones con porrazos patadas y puñetazos, insultados, amenazados y vejados. Los cuatro permanecieron en celdas de aislamiento más de quince días, sin agua corriente, sin sus pertenencias personales y sufriendo en repetidas ocasiones el maltrato descrito. Fueron objeto también de expedientes disciplinarios, de regresión a régimen cerrado o primer grado de tratamiento desde el segundo grado o régimen ordinario en que se encontraban y trasladados a otras cárceles. A uno de ellos al menos se le privó bruscamente del tratamiento psiquiátrico que estaba recibiendo lo que le provocó un severo síndrome de abstinencia. Aseguran que cierto número de sus compañeros de módulo —quizá unos diez o doce— sufrieron un trato parecido.

Resultan considerablemente divergentes el relato de los “hechos” publicado y el que se hace en las denuncias que se han presentado en los juzgados de guardia, basadas en los testimonios de los presos afectados, concordantes pese a haber sido recogidos individualmente, encontrándose ellos aislados, incomunicados entre sí y sin haber tenido la menor oportunidad de ponerse de acuerdo. Dejando aparte la desproporcionada violencia y la crueldad empleadas por los funcionarios, esos relatos se contradicen, sobre todo, en lo que atañe a la supuesta resistencia opuesta por algunos de los reclusos frente a la actuación de los funcionarios de prisiones con posterioridad a la agresión con el palo de escoba. Y lo mismo en lo que toca a la incitación al motín por algunos de ellos y al supuesto intento de motín e insubordinación subsiguientes de un número aún mayor, aunque impreciso de reclusos. Resistencia e incitación al motín que, en el relato de los presos sencillamente no existió. Pero, pasara lo que pasara, nos consta que —además del castigo reglamentario y la probable denuncia penal— al menos cuatro personas han sido maltratadas y amenazadas como represalia y escarmiento por lo supuestamente sucedido el día 30 de agosto, lo cual constituye tortura, si hacemos caso de la definición de la misma contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores y sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores y sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otrta persona en ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.”

Y también es necesario tener muy en cuenta que el proceder de ACAIP y de los medios que han publicado estas noticias atenta gravemente contra el derecho a la presunción de inocencia de las personas presas interesadas, al difundir un relato, considerablemente sesgado y tergiversado por las ideas fijas que animan las campañas mediáticas de los sindicatos de carceleros a favor de sus intereses “laborales”, relato que presenta como culpables de unos hechos delictivos que no han sido convenientemente calificados, documentados y mucho menos probados a unas personas que, desde otro punto de vista, se pueden considerar, más bien, como víctimas de los mismos que les denuncian. Pero el caso es que quienes difunden esa versión de los “hechos” exagerada y distorsionada son agentes de la autoridad pública y su comportamiento va contra la ley. Por ejemplo, contra lo que dicta la Directiva (UE) 2016/343, de 9 de marzo de 2016 del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en su artículo 4: “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras ni se haya probado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable.” Ese relato de lo supuestamente sucedido el 30 de septiembre fue publicado en varios medios de comunicación el día 31, antes de que se hubiera comunicado oficialmente el inicio de ningún expediente disciplinario o interpuesto denuncia penal alguna, aunque mucho nos tememos que las acusaciones formales coincidan casi exactamente con la versión publicada. Así que nos veríamos ante un juicio paralelo, extralegal, y no solamente en lo que se refiere a la publicidad, ya que los acusados ya han sido condenados y castigados con aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, sanciones disciplinarias, regresiones en el grado de tratamiento con el correspondiente endurecimiento de sus condiciones de vida, traslados por los que se les aleja de su entorno social y familiar, pérdida de sus pertenencias personales, alteración injustificada y punitiva del tratamiento psiquiátrico, etc. Acusados, juzgados, condenados y castigados sin garantía alguna, en una situación de abrumadora inferioridad y total indefensión.

Porque todo lo expuesto hace pensar que los funcionarios penitenciarios responsables de los abusos que estamos denunciando han hecho caso omiso de las instrucciones dirigidas a los directores de prisiones en la orden de servicio sobre el “deber legal parte de lesiones” de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de fecha 1 de julio de 2019 y recientemente publicada. Indicaciones en el sentido de “ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a la legalidad”, para “erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos la función pública” además de cumplir “la legalidad vigente y las indicaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”. De manera que sería necesario comprobar si han sido remitidos por la dirección del centro penitenciario de Castellón II al Juzgado de Guardia competente los partes de lesiones que en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hubiera debido elaborar el médico responsable, acompañados de los “partes de hechos e informes adicionales”; si el director ha acordado “la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo sucedido” y ha remitido al Juzgado de Guardia “copia de lo actuado” y de las declaraciones de los internos afectados; y, por último, si se ha informado de todo ello al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Para nosotras es evidente que no se ha respetado la legalidad vigente ni los principios elementales de la dignidad humana y que la duda sobre la existencia de abusos y desviaciones por parte de los funcionarios de la cárcel de Albocàsser responsables está muy próxima a convertirse en certeza. Nos han llegado, además, una y otra vez, por parte de personas presas, familiares y allegadas de las mismas, informes de que en la cárcel de Albocàsser se infieren rutinariamente a las personas presas desde hace mucho tiempo toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así pues, queremos denunciar públicamente, tal como lo hemos hecho judicialmente, lo que para nosotras son gravísimos abusos de poder y tratos crueles, inhumanos y degradantes inferidos a personas presas por funcionarios de prisiones. Nos proponemos hacer lo necesario para sostener esta denuncia hasta las últimas consecuencias, tanto públicamente como en el terreno judicial.

Familias Frente A la Crueldad Carcelaria

Informe completo sobre torturas en Albocàsser en agosto y septiembre de 2019

Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes

Directiva europea sobre presunción de inocencia

Orden de servicio de la SGIP sobre partes de lesiones

Enlaces a la versión de los hechos difundida por los sindicatos de carceleros

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria

Actividad en la calle Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020

Con apoyo de un abogado enviado por la asociación Familias frente a la crueldad carcelaria, cuatro  presos han denunciado torturas y tratos vejatorios sufridos a manos de los boqueras en la cárcel de Albocàsser entre el 30 de agosto y el 16 de septiembre pasados. El compañero Vicent Almela se hace eco en la página de La Directa dando voz a las personas presas en oposición al relato falaz de los «hechos» difundido por medios serviles con lo que les dictan los sindicatos de carceleros defensores de la tortura  como única fuente y presentando, como suelen, a los agresores como víctimas. A continuación, el artículo de La Directa traducido al castellano.

PRESOS DENUNCIAN TORTURAS EN LA PRISIÓN DE ALBOCÀSSER: «VAS A SALIR DE AQUÍ MEANDO SANGRE»

El testimonio de cuatro reclusos coincide en que, después de un conflicto entre un interno y el jefe del módulo 3 del centro penitenciario el pasado mes de agosto, varios presos sufrieron represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen, vulnerando así diferentes artículos de la Convención contra la Tortura de la ONU. La asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria ha decidido denunciar estos hechos ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón, que ha abierto una investigación sobre el caso.

El pasado sábado 31 de agosto, varios medios de comunicación publicaban en sus cabeceras una noticia sobre los hechos ocurridos el día anterior en el centro penitenciario de Albocàsser (Castellón II), noticias en las que se relataba que un interno había agredido a un funcionario del centro con un palo de escoba y había intentado apuñalarlo con los restos punzantes de este objeto, al tiempo que hacía un llamamiento al resto de internos para rebelarse contra los trabajadores del centro. La única fuente consultada para la redacción de estas noticias era la nota de prensa publicada el mismo día de los hechos por parte del sindicato de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), donde afirmaban que se había generado «una situación de máxima gravedad que podría haber derivado en un motín».

Según informaba esta misma nota de prensa, así como las diferentes noticias publicadas en los medios, fue necesaria la presencia de una veintena de funcionarios para controlar la situación dentro del módulo y el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración, extremo que pocos días después fue desmentido por fuentes penitenciarias: «el trabajador no requirió hospitalización y se encontraba en buen estado». El informe de ACAIP apuntaba que esta agresión derivaba del hecho de que los internos del centro reciben la medicación de tres días de una sola vez, debido a la falta de personal sanitario, por el que «se colocan» y eso les provoca «una gran excitación y agresividad que se traduce en situaciones violentas contra los funcionarios».

Quince días después de la publicación de estos hechos en prensa, la madre de uno de los presos que presenció el conflicto entre el funcionario y el interno se puso en contacto con la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria para hacerle llegar una versión muy diferente, que relataba las represalias que su hijo estaba sufriendo a raíz de esta situación y alertaba de las flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales a las que estaba siendo sometido por el solo hecho de haber presenciado el conflicto. Tras recibir esta información, la asociación de familias decidió contratar los servicios de un abogado para que fuera a visitar a los presos que habían participado o presenciado los hechos y aclarar la situación.

Una vez lograron hablar con algunos de ellos –un hecho difícil, ya que muchos fueron dispersados ​​a diferentes centros penitenciarios del Estado– rápidamente se pudo comprobar que la versión de los presos era muy diferente, a pesar de estar en diferentes centros y por tanto no poder pactar un relato común. Los cuatro presos entrevistados describen la situación de una forma bien distinta y aseguran que después de participar o presenciar esta situación sufrieron fuertes represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen penitenciario. Actos que, en caso de ser probados, vulnerarían los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y muchos de los artículos contemplados en el documento referente al Convenio de Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes de la ONU, aparte de constituir delitos graves tipificados en el Código Penal.

Aislamiento y dispersión para ocultar las denuncias

En estas denuncias, que han sido presentadas ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón y en las que ha tenido acceso la Directa, los cuatro presos coinciden en relatar que tras un rifirrafe entre un interno y el jefe de los funcionarios del módulo 3 del centro, una docena de funcionarios llegaron al patio y golpearon al interno «con puñetazos, patadas y en uso de las defensas reglamentarias hasta dejarlo inconsciente», para luego llevarlo a una celda de aislamiento. La versión de este mismo preso –que participó en el conflicto– asegura que esa misma noche siete u ocho funcionarios entraron en su celda y continuaron golpeándolo, «amenazando con matarlo mientras le propinaban golpes de puño y de porra «.

El interno relata como horas después de la agresión alguien se acercó a la celda para preguntarle por las lesiones a través de la trampilla y, a pesar de detallarle las fuertes contusiones que tenía por todo el cuerpo, no se le hizo ni ningún reconocimiento médico ni se le entregó ningún informe de lesiones. El preso continúa detallando como dos funcionarios volvieron a golpearle repetidamente al día siguiente: mientras el jefe de módulo observaba como le agredían, le introdujeron los dedos en los agujeros de la nariz estirando fuertemente hacia arriba y le dijeron «que iba a salir de aquella habitación meando sangre «. Desde ese mismo momento hasta el día 16 de septiembre, este preso estuvo encerrado en una celda de aislamiento que –según relata en la denuncia– no mantenía las condiciones de salubridad mínimas, «con el agua cortada del inodoro, el lavabo y el inodoro». El día 16 este preso fue trasladado a la cárcel de Picassent, donde se encuentra actualmente.

En las diligencias se explica que este no sería el único preso afectado por esta situación. Otro interno que presenció la situación y que le habría quitado el palo de escoba a su amigo «para evitar males mayores», antes de acompañarle al patio para que se calmara, también denuncia fuertes represalias. Su testimonio describe cómo al día siguiente de estos hechos siete u ocho funcionarios le trasladaron a una celda de aislamiento –aplicándole el artículo 75 del Reglamento penitenciario– y una vez allí comenzaron a golpearlo y a amenazarle repetidamente. Explica que lo cogieron de la tráquea mientras le tapaban la boca y la nariz para que no pudiera respirar, le propinaron numerosos golpes y patadas por todo el cuerpo y amenazaron con matarle.

Tras insistir repetidamente en recibir atención médica, el día 2 lo llevaron a enfermería, donde le hicieron radiografías de la pierna, pero afirma que hasta ahora no ha recibido ningún informe médico. Según su versión, el día 6 de septiembre dos funcionarios volvieron a su celda para golpearle de nuevo debido a su insistencia en comunicarse con el jefe de servicio y explicarle la situación. Tampoco se ha tramitado ninguna de las instancias que interpuso. El miércoles 11 de septiembre se le retiró toda la medicación psiquiátrica que tenía prescrita y sufrió un ataque epiléptico dentro de la celda. Finalmente, fue trasladado al centro penitenciario de Murcia II, donde actualmente continúa privado de libertad.

Los otros dos testigos que figuran en la denuncia también corresponden a internos que presenciaron la pelea y que habrían sufrido represalias en forma de cambio de régimen, amenazas, vejaciones y agresiones físicas por parte de algunos funcionarios del centro los días siguientes a los hechos. Todos ellos relatan que aunque visitaron la enfermería en algún momento, por ahora nadie ha recibido ningún tipo de informe médico sobre las lesiones que acumulaban. A los pocos días de los hechos, todos fueron trasladados a otros centros penitenciarios de todo el Estado, lo que imposibilita la comunicación entre ellos y la denuncia colectiva de estos hechos.

Por todo ello, en las denuncia interpuestas por parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria –que se presentará como acusación popular– contra el centro penitenciario de Albocàsser, se pide que se investiguen estos hechos, que constituirían delitos de torturas y contra la integridad física y moral de, al menos, cuatro presos. Por ello se solicitan las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del patio y los pasillos de acceso a los módulos de aislamiento, así como la identificación de todos los funcionarios que trabajaron entonces en el módulo 3 del centro y los informes médicos de cada uno de los presos que pasaron por la enfermería los días después a los hechos.

Lisandro Giordani, abogado de los presos denunciantes, explica que «si se prueban estos testimonios, estamos ante un delito de torturas por parte de los funcionarios del centro, que el artículo 174.2 del Código Penal penaliza con hasta 6 años de prisión, además de otros delitos por lesiones y amenazas». Según Giordiani, esta no es la primera vez que se denuncian torturas por parte de los funcionarios de la prisión de Albocàsser y recuerda como en noviembre del año pasado, algunos presos ya denunciaron agresiones por parte de los trabajadores del centro a pesar de que finalmente el caso quedó archivado. «Para los presos resulta muy difícil denunciar cualquier situación, ya que es muy complicado presentar pruebas de los hechos porque en las cárceles hay muy pocas cámaras y al cabo de un mes se borran todas las imágenes», asegura el abogado, pese a la existencia de un informe del Defensor del Pueblo que solicita que se preserven las grabaciones para poder certificar las denuncias.

Giordani también considera un factor importante el hecho de que muchos presos tienen miedo de denunciar por las posibles represalias, por lo que está siendo complicado añadir más denunciantes a la causa. «Después de presenciar esta situación, muchos presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios para dificultar la comunicación entre ellos y que les resultara difícil denunciar, pero nosotros estamos yendo a verlos a todos y de momento ya hemos presentado cuatro denuncias que se unirán en una única causa», remacha. El abogado también considera que a diferencia de otras situaciones similares, en las que el caso se archiva rápidamente, esta vez una juez ya ha fijado unas fechas para que los denunciantes acudan al juzgado a declarar y ha solicitado las imágenes de las cámaras y la identificación de los funcionarios que prestaron servicio ese día: «todo parece indicar que esta vez la causa tirará adelante», concluye.

Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Presxs en lucha

Hablamos de las recientes torturas en la cárcel de Albocàsser y en algunas otras. De La huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas y de algunas actividades anticarcelarias que ha ha habido últimamente en la calle, como el tatu cirkus de Karcelona o una charla del grupo La Corda en Granada de la que reproducimos una parte

Actividad en la calle Cárcel=Tortura Familias Frente a la Crueldad Carcelaria Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Radio: Tokata Y Fuga

Lxs compañerxs del Grupo anticarcelario de Tarragona publican esta carta que Francisco Aroca Lisón «Piyayo» les ha hecho llegar. Se trata de una copia de lo que ha mandado al Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz Gonzalez, para denunciar las muertes en prisión, la desatención sanitaria y los abusos dentro de las cárceles. La fotografia corresponde a una imagen de carteles que se han ido pegando en las calles de Tarragona para difundir, mes a mes, la huelga rotativa.

Cárcel de Albolote, 24/10/2019

Yo, Francisco Aroca Lisón, preso en su cárcel de Albolote y cuyos datos ya tienen ustedes. Llevo 3 décadas en sus prisiones, cosa que pueden comprobar fácilmente.

Me dirijo de nuevo a usted para preguntarle a titulo personal y también colectivo hasta cuando usted, como máximo responsable de las cárceles de este Estado, va a seguir permitiendo que se nos mate aquí dentro, especialmente a nuestra juventud. Como las ultimas muertes que ha habido en la prisión de Albocàsser, en Castellón. La primera a últimos del mes de septiembre, y la segunda a principios del mes de octubre. Uno por denunciar con conocimiento de causa todo lo que sigue pasando en esa prisión. El segundo, por reclamar y quejarse que le habían cortado los vis a vis con la familia durante dos años, se lo llevaron a aislamiento y apareció muerto. En esa prisión, como en tantas otras, siguen las palizas y las torturas, se asesina a las personas, engrosando la lista de muertos.

No le voy a citar ningún articulo ya que me indigna hacerlo porque todos los derechos se nos vulneran. Yo a día de hoy menos que nunca creo en la ley. Sr. Angel, ustedes solo se pronuncian a cara descubierta hacia la sociedad, predicando y rodeándose con la bandera española y hablando de la constitución y diciendo que la ley es igual para todos. ¿Para quiénes? Le recuerdo que con fecha del 10 de mayo de este mismo año la asociación de funcionarios de prisiones hicieron publico a través de “necrológicas” las 69 muertes de las que hay constancia desde el mes de diciembre del 2018 al mes de abril del 2019. Tan solo 4 meses. Y la cifra sigue aumentando… Toda clase de atrocidades pasan en sus cárceles, lo dicen hasta sus trabajadores, las estadísticas hablan por si solas. Ya no es que lo denuncia yo o mis compañerxs. Le recuerdo también sobre las muertes en la cárcel de Zaballa, en Vitoria-Gasteiz.

Todo esto también se lo he transmitido a la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, doña Carmen Martinez Aznar. ¿Cuando se van a parar las muertes lentas de lxs enfermxs? ¿Hasta cuando van a estar mirando hacia otro lado? ¿Donde está aquí su ley? Explíqueme tanta barbarie y tanta impunidad. A las familias se les entrega a sus muertos y nadie paga por ello, como mucho un cambio de prisión, solo una pequeña mancha en sus expedientes, pero a seguir cobrando la nomina todos los meses.

Yo estoy cumpliendo íntegramente mi condena, sin ni un solo permiso, y he sido apaleado y maltratado. ¿Qué hacen sus trabajadores, de los cuales usted es el responsable? Pero parece que aquí todo queda en que yo soy el delincuente. Nosotrxs no somos dinero andante, que es como nos ven. Hacen caso omiso a nuestras denuncias y reclamaciones. Actúe en consecuencia y si piensa que le ofendo con mis palabras, póngame el castigo que usted considere sr. Ortiz.

Sin mas. Me despido diciéndole que espero que tenga la dignidad de contestar.

Piyayo

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Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Presxs en lucha

Compartimos esta publicación del Grupo Anticarcelario de Tarragona La Corda, que en esta ocasión da voz a un compañero preso en la cárcel de Mas d’Enric, en esa misma ciudad. Exponen la situación de Raul Tomás Cuenca, con el que están manteniendo contacto a pesar de que están teniendo problemas para recibir sus cartas. Este hecho y otros abusos que sufre el compa –especialmente por parte de un carcelero– son los que explican en este texto. La imagen de arriba nos la han hecho llegar desde Radio Aporreo, una radio libertaria de Jaén, y corresponde a una pegada de carteles en Cazorla.

Cárcel de Mas d’Enric, octubre, 2019

Raúl Tomás Cuenca, preso en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) nos cuenta una serie de hechos que quiere que se difundan. Nos gustaría poder publicar directamente su carta y los papeles con las sanciones que le han puesto, y que nos mandó hace unas semanas, pero dicha carta no ha llegado, igual que la anterior que ya nos mandó hace casi dos meses. Ese es uno de los hechos que quiere denunciar: los “problemas” que está teniendo para tener relación con el exterior. Parece que él sí recibe las cartas, pero sus respuestas no llegan. Esto está dificultando mucho la comunicación con el compañero. Nos hemos quejado tanto en ventanilla como por teléfono, y lo único que saben decir es que el correo allí funciona perfectamente, y que esto debe ser cosa de Correos.

Por otro lado, decir también que Raúl está teniendo serios problemas especialmente con uno de los carceleros de su módulo. Allí ha coincido con un carcelero con el que tubo mala relación y denuncias hace tiempo, y le está haciendo la vida imposible. El compa nos dice que hace unas semanas esta persona entró en su celda con la excusa de un registro habitual, pero que una vez allí le tiró todo de malas maneras. Cuando se iba a ir, con el codo dio un golpe a su televisión, tirándola al suelo, y después le dijo Ay, perdona, ha sido sin querer. Esta televisión ni siquiera era de Raúl, ya que él aun no ha podido comprarse una, sino que era de un compañero de dentro que se la había prestado. Además, cuenta que este carcelero le dijo Tú lo que eres es un mierdas. Ante esto Raúl le respondió que si quería ver más cosas de cómo era, que cerrara la puerta y se quedara a solas con él, como hace con otros presos para poder darles cuatro ostias. Ante esta discusión, el carcelero le dijo que la puerta no la iba a cerrar, pero que le iba a meter una sanción que se iba a enterar. Al cabo de poco a Raúl le llegó un parte que dice que en este registro se le encontraron cosas prohibidas como una regla (que él hace tiempo que tiene y nunca le habían dicho nada) y que también se le había encontrado un pincho. El compañero está seguro que lo volverán a meter en aislamiento.

Raúl se siente muy nervioso, con ansiedad y asustado con esta situación y la relación con el carcelero, que dice que siempre que se cruzan lo mira mal y desafiante. Aun así, comenta que quiere difundirlo, porque ya no sabe qué hacer.

Además, tanto él como su familia, comentan arbitrariedad a la hora de qué cosas poder entrarle, y qué cosas no. Según quién hay en la ventanilla te dejan pasar unos rotuladores, y según quién hay no. Sin ninguna clase de lógica. Le metieron hace semanas un paquete que no le ha sido entregado.

No vamos a dejar solo al compañero y seguiremos pendientes de él. Animamos a mas gente a escribirle y apoyarle, y a denunciar los abusos de poder que se cometen en esta cárcel.

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Cárcel=Tortura

Aquí va un escrito publicado en la página del Grup de Suport a Presxs, de Lleida, donde se exponen las reflexiones que les han hecho llegar otras compañeras que fueron a visitar a Carmen. Carmen comenta que le han sancionado con una falta grave acusada de simular un infarto. La imagen que acompaña esta publicación es de una de las pancartas que se colgaron el pasado verano en Galicia, después de una jornada anticarcelaria en solidaridad a Antonio Nieto Galindo. Concretamente se colocaron en distintos puentes de las autopistas.

Cárcel de Zuera, octubre 2019.

Carmen Badía Lachos, presa en Zuera y enferma desde hace años, quiere denunciar públicamente una nueva arbitrariedad de esta cárcel, que la ha sancionado con una falta grave de la que ha tenido conocimiento el 30-10-2019.

Los hechos que han motivado esta sanción disciplinaria tuvieron lugar el domingo 27 cuando, tras acudir a misa, empezó a sentirse mal y pidió que la llevaran a enfermería, negándose en principio el funcionario de turno. Seguramente y como ya le ha ocurrido en otras ocasiones, se trate de una bajada de azúcar que termina en desmayo. Finalmente, es atendida en enfermería por una ATS, al faltar durante los fines de semana un médico de guardia , que le toma la tensión y ella vuelve a su celda. El funcionario al que ella acudió para avisar de su estado de salud, la acusó luego de simular un infarto y la Comisión Disciplinaria ha acordado imponerle falta grave por divulgación de noticias falsas. Así, ella pagará ahora el castigo, con privación de paseos y actos recreativos comunes entre 3 y 30 días.

Carmen es una mujer valiente que no duda en denunciar los abusos y arbitrariedades que se cometen contra ella; que ha solicitado en numerosas ocasiones  su excarcelación por padecer dolencias graves, que por ello se ha visto obligada a hacer huelgas de hambre aún con el riesgo de empeorar todavía más su salud. Su manera de afrontar las injusticias la sitúa en el punto de mira de la institución, que no pierde ocasión para dificultar más su vida, demostrando una falta de humanidad que raya lo absurdo, lo patológico, lo criminal.

Queremos recordarle a la máxima responsable de esta prisión, María del Carmen Gambaro, su obligación de velar por la vida y la salud de las personas que tiene bajo su custodia, su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás normas penales.

Por nuestra parte nos parece de justicia seguir exigiendo la puesta en libertad de Carmen, presa gravemente enferma, apelando a sus propias reglas, es decir, la aplicación de los artículos 104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario.

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