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Según cuenta el diario EL País, que recoge la versión oficial, un preso de 23 años falleció el sábado por la mañana en el centro penitenciario Madrid- VII, situado en el municipio de Estremera. A. M. R., de origen dominicano, murió de una parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado una portavoz de las Instituciones Penitenciarias, cuando era reducido por varios funcionarios. Dos internos  ayer sostuvieron que vieron todo lo sucedido y que «unos 20 funcionarios» golpearon a A. M. R.

Más adelante reproducimos  el comunicado de AFAPREMA

Una vez más, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Delegación de Córdoba) APDHA, vuelve a visibilizar y ser la voz de las últimas denuncias realizadas por los presos del Centro Penitenciario de Córdoba o sus familiares, contra los malos tratos, inhumanos y degradantes realizados por parte de algunos funcionarios de prisiones.

Se logra parar el exterminio. ARENAS fuera del aislamiento total, en Módulo con presos políticos vascos y sin agresiones.

Cesada la brutal situación del último mes y medio en Castellón II

Le han puesto en un Módulo normal, con presos políticos vascos y han cesado los chantajes diarios (amenazas de muerte de fascistas, aislamiento absoluto, prohibición hasta de simples lapiceros, cacheos con agresiones, maltrato a sus familiares…)

Se han sumado a la huelga de hambre, en solidaridad con ARENAS y denuncia de su situación de exterminio TOD@S l@s pres@s polític@s militantes del SRI, PCE(r) y de los GRAPO en cuanto han tenido conocimiento de su situación. -Las y los presos enfermos, rechazo de bandejas-.

Más información:

http://www.presos.org.es/.

A José Carlos Vila Mateo,  preso en el C. P. de Villabona, le ha sido aplicada la doctrina Parot.

En respuesta a esta nueva situación renuncia a ningún tratamiento personalizado incluido el médico y el grado penitenciario. Ahora mismo se encuentra en aislamiento.

José Carlos Vila Mateo participo en las movilizaciones contra la cadena perpetua entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.

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En 2010 la oficina del Defensor del Pueblo ha visitado 22 centros penitenciarios. La sobreocupación continúa siendo el mayor problema detectado y por este motivo, la institución mantiene su recomendación a la administración competente para que evalúe los efectos en la salud de los internos del uso compartido de celdas.

En relación a las denuncias de malos tratos, la Defensoría ha indicado a la administración penitenciaria la conveniencia de contar siempre con material fotográfico en los informes médicos que se realizan a los denunciantes.

Otra preocupación de la Institución es el uso de medidas alternativas a la prisión, por lo que reclama una eficaz planificación de los recursos que existen o puedan llegar a existir para la aplicación de las penas de trabajo en la comunidad, sustitutivas de las de privación de libertad.

Aquí puedes ver el Informe referido a la Institución Penitenciaria

Aquí puedes ver el informe completo

Noticia relacionada en Tokata:

Sobre Visitas Asépticas Del Defensor Del Pueblo A La Cárcel

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Hoy (el 5 de abril) la fiscalía sur a presentado los cargos con los cuales pretende condenar a nuestrxs hermanos y hermanas secuestradxs hace más de 7 meses, quienes llevan una huelga de hambre de 44 días (desde el 21 de febrero a la fecha) por su libertad.

El esbirro de terno (fiscal a cargo) Alejandro Peña, cree contar con todo a su favor y ha amenazado con páginas de investigación en donde dice poseer pruebas irrefutables de los ficticios cargos que son imputados hoy a lxs compañerxs, en donde existen 794 testigos, 221 peritos y 6744 evidencias materiales, documentos e informes periciales.

Por ahora, falta esperar la citación a una audiencia de preparación del juicio oral, en donde se discutirán las pruebas de la fiscalía versus las de la defensa.

Desde los intramuros de la cárcel de mujeres de Ezeiza, en Buenos Aires, vengo a presentarme: soy Karina Dana Germano López. “La Galle” me dicen los compañeros.

Me encuentro detenida desde el 1° de febrero de 2002. Caí en Sao Paulo, Brasil, junto a 5 compañeros, acusados de un secuestro. Nos condenaron en primera instancia a 16 años. Por la apelación por parte de la fiscalía nos aumentaron la pena a 30 años de prisión. No sólo se trata de una causa llena de irregularidades técnicas legales, sino de una farsa circense típica de los poderes judiciales, para encarnizarse con luchadores populares, y ni siquiera reconocernos como presos políticos, que es lo que somos.