Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

El día 21 de febrero iniciamos una huelga de habre  indefinida para rotestar y presionar a las instituciones represivas que nos mantienen encarceladxs por la farza denominada » caso bombas», después de 65 días de inanición hemos decidido dar término a esta redical herramienta de lucha.

Producto de este prolongado ayuno, méritos de la defensa, la solidaridad incondicional de lxs compañerxs y de diversos sectores, creemos haber obtenido alguns puntos de forma completa y otros parciales:   Aquí tenemos que ser clarxs, el fin de la ley antiterrorista, no pasa porque algunxs compañerxs mueran de hambre en las mazmorras. No confundamos la situación represiva, este es un problema colectivo que no sólo atañe a nosotrxs, lxs actuales presxs, sino que es una figura combativa de todxs quienes asumen la lucha anticapitalista.

Según la Agencia EFE, cuatro presos han comenzado una huelga de hambre en solidaridad con Miguel Montes Neiro, el preso común más antiguo de España, al sumar desde 1976 una veintena de condenas, quien inició hace una semana una medida de fuerza similar para reclamar su puesta en libertad.

El tribunal de apelación de París ha desestimado el recurso de la fiscalía contra contra la semilibertad de Jean-Marc Rouillan acordando su entrada en este régimen. Saldrá a trabajar diariamente en la editorial Agone de Marsella con una pulsera electrónica puesta para controlar sus movimientos, pero los fines de semana tendrá que pasarlos enteros en la cárcel, y no podrá hablar de los motivos por que fue condenado. Después de un año así podrá optar a la libertad condicional.

En cuanto a su compañero Georges Cipriani, el tribunal de aplicación de penas había acordado a mediados de  marzo su libertad condicional, pero la fiscalía se opuso y, al cumplir un año en semilibertad sin haberse celebrado la audiencia de apelación, fue devuelto a la cárcel a tiempo completo. Esa audiencia tuvo lugar por fin el 28 de abril y se espera la publicación de la decisón para el próximo 3 de mayo.

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Un auto del juzgado de vigilancia del CIE de Valencia insta a la dirección del centro a cumplir con su obligación de facilitar atención social a los presos, dignificar la atención médica, garantizar la atención jurídica y eliminar las limitaciones de las visitas de familiares, así como el libre acceso al mismo de las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes.

Ayer por la tarde nos asaltaba la noticia de la muerte de una compañera: Patricia Heras, presa por los sucesos del 4F, decidía quitarse la vida antes que volver a la carcel una vez más.

Después de un proceso lleno de irregularidades y mentiras por parte del Ayuntamiento de Barcelona y la Guardia Urbana, Patricia fue condenada a tres años de carcel inculpada por unos hechos que siempre negó haber cometido. Señalamos al por entonces alcalde Joan Clos, a Jordi Hereu como concejal de seguridad y a todos los cómplices de este sistema penal asesino como culpables de la muerte de Patri.

Hoy, los compañeros y las compañeras, secuestrad@s por el montaje «caso bombas», han decidido abandonar la huelga de hambre que llevaban por 65 días, desde el 21 de febrero de este año. Respecto a la decidión que han tomado, esperaremos que sean ellos y ellas quienes se pronuncien, pues ninguna noticia nos hará saber como es que se sienten ni porque lo han decidido, si no sale de sus propias bocas.

A lo largo del 2010, la Defensora del Pueblo abrió dos investigaciones de oficio vinculadas con sendas muertes ocurridas en el centro penitenciario de A Lama. En su informe anual remitido a las Cortes, la institución que dirige María Luisa Cava de Llano hace referencia, por un lado, a que se ambas diligencias se tramitaron ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, por otro, a que una de las investigaciones se refería a una de las reclusas del módulo de mujeres de la prisión pontevedresa.

Miguel Montes Neiro, considerado el preso más antiguo de España al haber enlazado varias condenas que le mantienen en la cárcel desde hace más de 35 años, ha iniciado una huelga de hambre al cumplir 61 años de edad en la cárcel de Huelva y ver que sus peticiones de refundición de penas han sido desestimadas.  

El 33 por ciento de las citas concertadas por los internos en la prisión de Jaén se perdió en 2009. El Defensor del Pueblo manifiesta, en el último informe dirigido al Parlamento, su “preocupación” ante una situación que perdura en el tiempo y recoge que se dirigió a la Fiscalía Superior de Andalucía.