Según La Vanguardia, Amnistía Internacional ha denunciado este viernes, en su Informe Anual 2011 (Ver informe referido a España) sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que en España persisten las «torturas y malos tratos» y que las investigaciones sobre ellas «siguen siendo inadecuadas». Además, la organización ha criticado que España «no escuche» las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal , que distingue entre atentado «grave» de tortura y atentado que no es grave, y se niegue a abolir la detención en régimen de incomunicación. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos a manos de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo custodia policial. El informe detalla asimismo varios casos en los que denuncias de torturas y malos tratos se han desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos. Otro apartado destacado en el informe es el relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de «castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente».
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No es que tengamos ni una pizca de fe en las instituciones supranacionales europeas para la prevención de la torura, pero es interesante observar como el gobierno español recurre a esos mecanismos internacionales de legitimación y lavado de cara para asegurarse impunidad y manos libres en la elección de los medios con que garantizar, no la vigencia de los derechos humanos, sino la del régimen de dominación al que todos esas “administraciones” sirven. Lo mismo que, como hemos visto, hace dentro de las fronteras del Estado español al designar «Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)» a la Oficina del Defensor del Pueblo español, institución cuya actuación en este campo ha consistido, desde su creación en 1981, en ocultar la existencia de esa lacra en lugar de combatirla [ver artículo sobre el tema]. En este caso se trata de la designación por el gobierno, sin publicidad ni consulta, es decir, saltándose los preceptos formales correspondientes, del “juez estrella antiterrorista” Baltasar Garzón como integrante de la terna de candidatos a miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), encargado de vigilar que no se cometan torturas. Un verdadero escarnio encomendar esta función a un magistrado de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción que utiliza sistemáticamente la detención incomunicada, la cual ha sido denunciada como un espacio de impunidad que permite la existencia de las torturas y restringe derechos fundamentales de las personas detenidas por numerosos organismos internacionales (entre ellos la propia CPT) y relatores de la ONU, que han recomendado asímismo que los delitos de terrorismo también fuesen juzgados por los jueces naturales y no por la Audiencia nacional, como garantía del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas. Muchas de las que lo han sido por orden de Garzón han denunciado torturas sin que este juez haya facilitado lo más mínimo la tramitación de las denuncias. Por razones como estas, una serie de asociaciones y colectivos han firmado una carta protestando contra esa candidatura.
Tras la escandalosa designación, a finales de 2009, de la Oficina del Defensor del Pueblo español como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la actual titular María Luisa Cava de Llano, antigua diputada del PP, resaltó que «lo que vamos a hacer, lo venimos haciendo desde hace muchos años». Y efectivamente, la actuación posterior de dicha Oficina con respecto a la tortura ha sido la misma que ha mantenido desde su creación en 1981. La de ocultar la existencia de esa lacra en lugar de combatirla.
Desde el pasado lunes, día 2 de Mayo, Gabriel Pombo Da Silva, compañero anarquista preso en la cárcel de Aachen (Aquisgrán, Alemania), se encuentra en completo aislamiento, mayor, si cabe, del que ya venía soportando. Tras tres horas de registro a su celda por parte de una docena de carceleros bien dispuestos a romperlo todo haciendo que buscaban algo, y varios partes disciplinarios, así acaba por ahora la pataleta del nuevo jefe de servicios, Stelten, emperrado en ganarse medallas reduciendo a un irreductible.
Recopilación de textos, noticias y documentos contra las macrocárceles:
Los cuatro reclusos de la cárcel de Huelva que el pasado sábado iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con el preso más antiguo de España, Miguel Montes Neiro, han abandonado su protesta a petición del propio interno, que dejó de comer el pasado día 23 en protesta por su situación y las continuas denegaciones judiciales de refundir sin condenas.
Georges Cipriani, encarcelado injustamente desde el 15 de abril, ha salido hoy en libertad de la prisión Ensisheim. Podrá por fin reanudar su trabjo y volver a su casa cada noche, libre.
Después de la audiencia de la semana pasada, el tribunal de apelación de París ha confirmado, en efecto, rápidamente la decisión tomada en primera instancia que había sido cuestionada por la fiscalía general.
El 4 de mayo empieza pues para George el último recorrido judicial, todavía cinco años de una libertad sometida a condiciones y acompañada además de severas restricciones de desplazamiento
Si tuviera:
Un fiscal honorable,que tuviese respeto por sus semejantes,que no fuera condicionado, autómata programado a dictar condenas sin tener en cuenta de qué significa la palabra discernir.
Según el CDDT (Centro de Documentación contra la Tortura), en lo que va de año han muerto en manos de los esbirros del Estado 14 personas, 12 de ellas en las cárceles. El año pasado fueron 113.
El pasado 25 de marzo, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa publicó el informe de su visita en 2007 a España, donde muestra su preocupación por las alegaciones de severo maltrato que recogieron -unidas a evidencias médicas- e insiste en sus recomendaciones concretas para prevenir la tortura.