El relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, ha solicitado este martes la prohibición de las técnicas de aislamiento de prisioneros salvo en circunstancias muy excepcionales y por el menor de tiempo posible, con la prohibición total en el caso de menores de edad y personas con problemas mentales.
No se puede exigir reinserción a quien se está muriendo. Bien podrían aplicar humanidad en vez de tanta parafernalia que no se la creen ni ellos.
Según 20 Minutos el Tribunal Supremo ha rebajado en 4 años de cárcel la pena impuesta a un funcionario del centro penitenciario de Alcalá-Meco de Madrid que mantuvo relaciones sexuales con una interna bajo la promesa de facilitarle un puesto de trabajo remunerado en la prisión, lo que finalmente no se produjo.
Entrevista con Ramon Parés director General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
¿La crisis ha provocado un aumento del número de presos?
-Todo el mundo piensa que sí, pero los estudios señalan que no. Que no hay una relación causa-efecto de más gente en paro y más delitos. No se roba para comer, la época del Lute se ha superado, y hoy las personas llegan al delito por procesos de marginación, de problemática psicológica y por libre voluntad.
-¿Cómo afectan los recortes presupuestarios en las cárceles?
-Ahorramos en todo lo que no es imprescindible. El problema de los servicios penitenciarios es que el 75% del presupuesto es de personal y en este punto no hay recortes ni está previsto hacer ninguna reducción de plantilla. El resto del dinero va destinado a alimentación, farmacia, vestuario… en fin, al funcionamiento. Solo hemos hecho pequeños recortes.
Una nueva legislación aprobada en abril 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a EEUU a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de EEUU, seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012. La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) en Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.
El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de EEUU ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.
Miguel Montes Neiro ha abandonado la huelga de hambre que inició el pasado 1 de octubre en la prisión de Albolote (Granada), mientras sigue a la espera de que el Gobierno atienda su petición de indulto.
La Coordinadora para la Prevención de la Tortura dibujó ayer un panorama desolador en lo que respecta a la erradicación del maltrato a manos de las distintas policías. Denunció que el protocolo para la prevención no se aplica ni funciona en manos de instituciones como la Defensoría del Pueblo y resaltó que haciendo caso omiso a numerosas recomendaciones, la incomunicación persiste y está detrás del 39% de las denuncias.
El Derecho penal mínimo y el Derecho penal del enemigo, ofrecen propuestas distintas de Derecho penal y cómo enfrentar el fenómeno social de la delincuencia.
Desde ambas posiciones, de una u otra forma, se construyen modelos distintos de la ejecución penal de tal manera que podemos hacer referencia por un lado a la existencia de un “Derecho penitenciario mínimo” y a un “Derecho penitenciario del enemigo”.
