Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

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Entrevista con  Ramon Parés director General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.

¿La crisis ha provocado un aumento del número de presos?

-Todo el mundo piensa que sí, pero los estudios señalan que no. Que no hay una relación causa-efecto de más gente en paro y más delitos. No se roba para comer, la época del Lute se ha superado, y hoy las personas llegan al delito por procesos de marginación, de problemática psicológica y por libre voluntad.

-¿Cómo afectan los recortes presupuestarios en las cárceles?

-Ahorramos en todo lo que no es imprescindible. El problema de los servicios penitenciarios es que el 75% del presupuesto es de personal y en este punto no hay recortes ni está previsto hacer ninguna reducción de plantilla. El resto del dinero va destinado a alimentación, farmacia, vestuario… en fin, al funcionamiento. Solo hemos hecho pequeños recortes.

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Una nueva legislación aprobada en abril 2011 aumentará la rentabilidad del negocio de las cárceles privadas para inmigrantes, pero también incrementará dramáticamente la cantidad de gente que llega a EEUU a rasguñar el “sueño americano” y termina presa, según la quinta noticia importante más censurada por los grandes medios de EEUU, seleccionada por el ranking anual Proyecto Censurado 2012.  La historia periodística fue divulgada por Peter Cervantes-Gautschi (1) en Social Policy (Políticas Sociales), bajo el título “Wall Street y nuestra campaña por descriminalizar al inmigrante”.

El informe relata que en los últimos cuatro años el gobierno de EEUU ha encerrado a un millón de inmigrantes en peligrosas prisiones del sistema carcelario privado financiado por los contribuyentes. Allí se cometieron abusos de niños, violaron mujeres y dejaron morir hombres por falta de atención médica básica. La “Corrections Corporation of América” (CCA), que tiene su sede en Nashville, Tennessee, y el Grupo GEO, corporación global asentada en Boca de Ratón, Florida, son las principales fuerzas ocultas que agitan entre bambalinas una oleada de esfuerzos legislativos en curso contra el inmigrante, en una nación que se construyó con emigración.

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La Coordinadora para la Prevención de la Tortura dibujó ayer un panorama desolador en lo que respecta a la erradicación del maltrato a manos de las distintas policías. Denunció que el protocolo para la prevención no se aplica ni funciona en manos de instituciones como la Defensoría del Pueblo y resaltó que haciendo caso omiso a numerosas recomendaciones, la incomunicación persiste y está detrás del 39% de las denuncias.

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El Derecho penal mínimo y el Derecho penal del enemigo, ofrecen propuestas distintas de Derecho penal y cómo enfrentar el fenómeno social de la delincuencia.

Desde ambas posiciones, de una u otra forma, se construyen modelos distintos de la ejecución penal de tal manera que podemos hacer referencia por un lado a la existencia de un “Derecho penitenciario mínimo” y a un “Derecho penitenciario del enemigo”.

 

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«Etxerat se ve de nuevo en la obligación de denunciar públicamente la criminal política penitenciaria y sus terribles consecuencias. Mediante la comparecencia pública de hoy queremos encender una alarma roja en la sociedad vasca para pedir de una vez por todas, antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos con alguna situación de carácter irreversible, el final de la política penitenciaria vigente.

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Según lo publicado en  http://www.diariovasco.comel 11 de ocubre pasado:

El gobierno municipal de San Sebastián ha dado su visto bueno a la construcción de la nueva cárcel de Gipuzkoa que se ubicará en la parte alta de Zubieta, un ámbito denominado Eskuzaitzeta. Instituciones Penitenciarias ha sacado a concurso las obras, tras haber obtenido garantías del Ayuntamiento de que la nueva cárcel tendrá todas las conexiones necesarias para funcionar.

Macrocárceles

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