Este verano Richard James Verone, un hombre de 59 años residente de Gastonia, Carolina del Norte, entró en un banco, le entregó una nota a una cajera indicando que estaba realizando un robo y exigió efectivo. Extrañamente, no quería mucho dinero. Pidió un dólar a la cajera. Luego le dijo que esperaría desarmado, sentado en el sofá del vestíbulo, a que llegara la policía.
Verone, que está desempleado, tiene un tumor en el pecho y discos herniados en la espalda, pero le había sido imposible obtener un seguro de salud. No estaba robando el banco por dinero. Lo que en realidad buscaba era atención médica gratuita en prisión.
El ladrón se equivocaba al pensar que una vez encarcelado obtendría una buena atención médica. Hace mucho que privar a prisioneros de un tratamiento adecuado ha sido un hecho tácito del castigo criminal en EE.UU., tema de reclamaciones judiciales y de informes de derechos humanos. Pero él tiene razón en que, incluso en una época de austeridad, las cárceles siguen siendo un centro de crecimiento y financiamiento gubernamentales.
