La actual legitimidad y práctica sistemática de la tortura y de la forma degradante de aplicar la privación de libertad por parte de los estados, instancias supraestatales y grupos de poder vinculados a ellos, es uno de los exponentes del fracaso de la modernidad. Su ideario fundacional se sustentaba en la máxima de construir un orden social que garantizase derechos básicos como la vida, la intimidad o la integridad física de todas las personas. Hoy vemos cómo jamás se superaron las penas corporales y ejemplarizantes del Antiguo Régimen. Muy al contrario, se han incrementado e intensificado en crueldad y sofisticación técnica hasta límites inimaginables.
La modernidad no humanizó la penas ni prescindió de la tortura, de igual modo que no civilizó la barbarie policial y política. Lo que hizo fue construir un discurso destinado a encubrirlas. Las deslegalizó formal y meta-judicialmente, pero no las deslegitimó ni política, ni socialmente. Fabricó, desde el lenguaje ilustrado, dispositivos para invisibilizarlas y adscribirlas geopolíticamente a los lugares propios de los estados emergentes. La situó de un modo central, aunque no exclusivo, en los «espacios oscuros del poder», en las instituciones de reclusión, custodia y detención (comisarías, cárceles, centros de internamiento de extranjeros y menores, etcétera).
