Los agentes sociales aquí presentes, que venimos trabajando en contra de la construcción de macro-cárceles en Euskal Herria, queremos mostrar a la sociedad vasca, a nuestras instituciones y a los partidos políticos en general y, en particular a los partidos con representación en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una cárcel en el municipio de San Sebastián.
El anterior gobierno socialista invirtió 3.000 millones de euros de dinero público en construir nuevas macro-cárceles sin previsión del elevado costo que supondría mantenerlas, sin dotar a los presupuestos generales del estado de partidas para incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. El costo anual de mantenimiento de las macro-cárceles es muy elevado (según nuestros cálculos en el caso de Zubieta de más de 30 millones de euros anuales, que no nos olvidemos salen de nuestros bolsillos).
La inviabilidad de estas macro-infraestructuras se evidencia con la actual política del gobierno popular de recortar el déficit público puesto que supone, entre otros recortes, el no convocar nuevas plazas de funcionarios de prisiones para dotar de personal a estos centros. Tenemos el precedente de la nueva macro-cárcel recién inaugurada en Zabaia (Iruña de Oca-Álava). Esta cárcel no puede llenarse debido a la falta de funcionarios, además la prisión, tal y como se ha denunciado recientemente funciona a medio gas, con escasas actividades y dos personas presas en cada celda para ocupar menos espacio y poder funcionar con el personal que ha sido trasladado de la otra prisión ubicada en el mismo municipio (Nanclares de la Oca).
Nuestro rotundo rechazo a este proyecto responde a los siguientes motivos:
