Manifiesto Contra La Construcción De La Macrocárcel De Zubieta

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Los agentes sociales aquí presentes, que venimos trabajando en contra de la construcción de macro-cárceles en Euskal Herria, queremos mostrar a la sociedad vasca, a nuestras instituciones y a los partidos políticos en general y, en particular a los partidos con representación en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una cárcel en el municipio de San Sebastián.

El anterior gobierno socialista invirtió 3.000 millones de euros de dinero público en construir nuevas macro-cárceles sin previsión del elevado costo que supondría mantenerlas, sin dotar a los presupuestos generales del estado de partidas para incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. El costo anual de mantenimiento de las macro-cárceles es muy elevado (según nuestros cálculos en el caso de Zubieta de más de 30 millones de euros anuales, que no nos olvidemos salen de nuestros bolsillos).

La inviabilidad de estas macro-infraestructuras se evidencia con la actual política del gobierno popular de recortar el déficit público puesto que supone, entre otros recortes, el no convocar nuevas plazas de funcionarios de prisiones para dotar de personal a estos centros. Tenemos el precedente de la nueva macro-cárcel recién inaugurada en Zabaia (Iruña de Oca-Álava). Esta cárcel no puede llenarse debido a la falta de funcionarios, además la prisión, tal y como se ha denunciado recientemente funciona a medio gas, con escasas actividades y dos personas presas en cada celda para ocupar menos espacio y poder funcionar con el personal que ha sido trasladado de la otra prisión ubicada en el mismo municipio (Nanclares de la Oca).

Nuestro rotundo rechazo a este proyecto responde a los siguientes motivos:

1º La construcción de macro-cárceles que se inicia en 1991 con el Plan vigente de amortización y creación de centros penitenciarios responde a las demandas del negocio penal no a las funciones legislativas que se otorgan al cumplimiento de penas.

2º No existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas (número, tipo, formas de cumplimiento) ni a nivel de Euskadi, ni de Gipuzkoa que fundamenten la pertinencia del proyecto de Zubieta y, se ha utilizado mediáticamente el argumento de que la cárcel de Martutene está en condiciones deplorables no por una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de la nueva cárcel en Zubieta y de cerrar Martutene debido a intereses urbanísticos ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como de la ciudadanía del municipio de Donostia-San Sebastián.

2º El proyecto de cárcel en Zubieta que inicialmente se ha hecho público se pretende ubicar en un espacio de 15 hectáreas, con 504 celdas compartidas, mas 120 complementarias, propuesta que es incompatible con lo que establece la ley y, la convierte en la práctica en una macro-cárcel capaz de albergar a más de 1.200 personas.

Además hemos de tener en cuenta que no es para responder a las necesidades de cumplimiento de condenas de las personas con residencia administrativa o arraigo en Gipuzkoa, la mayoría de las personas que cumplirán sus condenas serán, tal y como ocurre ahora, de fuera de Gipuzkoa, puesto que este territorio no cuenta con más de un total de 600 personas residentes cumpliendo condenas, las cuales en su mayoría cumplen condenas fuera de aquí. Por otro lado, la condición fronteriza de Gipuzkoa hace que  casi la mitad de la población encarcelada en este territorio sea foránea.

3º No se ha tenido, una vez más, en cuenta la opinión de quienes viven en Zubieta, de su vecindario, antes de poner en marcha un proyecto mastodóntico.

4º La política del actual gobierno de construir macro-cárceles y en general de construir nuevas prisiones, responde a un modelo que en lugar de buscar crear las condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como la fundamental, por no decir única respuesta a los conflictos sociales, apuesta que está en el origen del incremento desmesurado de la población recluida.

5º Consideramos que la actual administración de justicia penal ha venido demostrando su ineficacia puesto que es incapaz de proteger y reparar a las personas cuando somos víctimas de un delito, ni de garantizar nuestros derechos fundamentales cuando somos procesados o penalizados como presuntos infractores, por lo que resulta imprescindible revisar su papel.

6º El actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política, no existiendo un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía y no desde los intereses particulares del estado y de sus aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que hemos de articular para la prevención y tratamiento del delito.

Por todas estas razones rechazamos el proyecto e instamos a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento Vasco de Febrero de 2006 en la que se pronuncia explícitamente en contra de la construcción de la cárcel de Zubieta, aprovechando la propuesta de paralización de las obras propuestas por el actual gobierno central para aplicar un modelo de ejecución penal de orientación social acorde con las necesidades de nuestro territorio.

Por eso planteamos al actual gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, al resto de los grupos políticos municipales que lo representan y a los responsables del Gobierno Vasco con capacidad de decisión sobre qué modelo de servicios y centros podrían crearse, que por encima de otros intereses prioricen las necesidades que Gipuzkoa y la CAPV tienen de plazas de ejecución penal para garantizar las  condiciones básicas y lograr la finalidad que la legislación vigente otorga a las penas, que no es otra que la resocialización que evite la recaída en el delito.

Donostia-San Sebastián, marzo de 2012

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