Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Abrirán las cárceles, todas las cárceles de exterminio y de la vergüenza en la geografia ibérica. Eso ocuirrirá el día de la SINCERIDAD.

A la Libertad accederán vagos y maleantes (los traficantes ya accedieron a ella con la Reforma del código Penal de 23 de Diciembre de 2010), contrabandistas de armas, transformistas, timadores, anarquistas, usureros, sabandijas, perturbadores antisistemas, pandilleros, violadores y pederastas (aunque bien pensado, estos indeseables son lo más deseado para la santísima inquisición carcelaria porque, según ellos, son ‘personas’ manipulables, vamos, que acceden a la libertad antes de lo que lo hacemos los demás), rateros, carteristas, forjadores de sueños, expropiadores bancarios, profanadores de cobre, ladronzuelos del cuarto al tres y alguno que otro de ‘cuello blanco’ porque, la mayoría de estos jamás han pisado la cárcel.

El pasado 17 de abril anunciábamos que el tribunal de  ejecución de penas de París había decidido poner en libertad condicional a Jean Marc Rouillan, decisión que sería ejecutada a no ser que se interpusiera el recurso de la fiscalía. Parece ser que este recurso había sido ya presentado desde el 2 de abril y que el tribunal de apelación, actuando más rápido de lo esperado, va a decidir sobre este asunto a partir del 10 de mayo, fecha en que ha convocado al abogado de Jean Marc  para la vista correspondiente.

Jean Marc lleva más de 25 años en prisión, al menos siete de ellos en aislamiento. La fiscalía se ha opuesto sistemáticamente a toda medida que pudiera aproximar su libertad e incluso le fue revocado el régimen de semilibertad en octubre de 2008 por unas declaraciones a la prensa. Ahora vuelve a estar en semilibertad, situación en la que ya lleva un año, por lo que tiene derecho a la libertad condicional. La fiscalía intenta frustrar esa posibilidad demostrando una vez más un odio especial hacia Jean Marc

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

El motivo de esta carta es que el jueves día 12 yo sufrí una caída en la celda y me rompí una costilla, aguanté el dolor hasta el sábado a las 9 de la mañana, momento en que solicité asistencia médica, los funcionarios me la denegaron tratándome con total desprecio, me dirigí a un jefe de servicios y me trató humillantemente diciéndome que soy un mentiroso y que esta lesión era de una pelea, entonces cogí una instancia y cursé una denuncia al juzgado de guardia de Betanzos por denegación de asistencia sanitaria, trato vejatorio y maltrato psicológico, al mismo tiempo llamé por teléfono a mi familia para que fueran a denunciar, pues bien a las 6 de la tarde me sacaron a enfermería (les vino la vista con la denuncia) y se confirmó que tenía una costilla fracturada, bajé de la celda con un cartel colgado en el cuello con la inscripción “cárcel=tortura”, después de una discusión con los carceleros les entregué el cartel, posteriormente me dijeron que ahora que ya me llevaron a enfermería debería retirar la denuncia, llevan 2 días coaccionándome, incluso me dijeron “la denuncia ni siquiera va a salir del centro” , pero bueno, mi familia denunció desde la calle y se ve que les jodió bastante, me tuvieron 9 horas con una costilla rota y solo me atendió un médico cuando vieron la denuncia.

El problema principal, es la propia concepción de los CIES en la Ley, que lo define de manera negativa, es decir, se establece un paradigma que es el penitenciario, para a continuación  decir  que  debe  haber  una  privación  libertad  distinta de  esa  pero  sin regular cómo ha de ser ésta y cuales han de ser sus límites.

CONTRA LAS TORTURAS Y MALOS TRATOS

Mientras estamos sufriendo trágicos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que suponen en la práctica el desmantelamiento de los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más numerosas a consecuencia de la crisis), vemos como los recursos destinados al internamiento forzoso de menores no se ven afectados; incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público (empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de media más de 5000 euros al mes por plaza concertada con las Comunidades Autónomas).

De los 11 jueces que componen el pleno del Tribunal Constitucional, cinco de ellos han mostrado sus discrepancias en la aplicación de la doctrina 197/2006 con distintos votos particulares en las sentencias notificadas hoy.