Si finalmente se aprueba en 2013 la reforma que introduce la cadena perpetua ―dado que solo se podrá aplicar a los delitos cometidos a partir de su entrada en vigor, no a los casos que ahora enardecen la iniciativa legislativa―, la primera persona que resulte condenada estará en prisión al menos hasta el 2045, momento en el que, si sigue viva, comenzará a plantearse su continuidad en prisión hacia la perpetuidad o su salida en régimen abierto, es decir, solamente dormir en prisión. Al menos hasta ese año seguiremos oyendo que las leyes penales son blandas, porque los condenados por delitos anteriores al 2013 podrán seguir saliendo de prisión solo con 20, 30 ó 40 años de cárcel; «poca cosa».
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La Sección Primera de la Sala del Penal de la Audiencia Nacional resolvió el 12 de septiembre el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto del juzgado central de vigilancia penitenciaria que concedía la libertad condicional por dolencia grave e incurable al preso Josu Uribetxebarria. La resolución de la Sala puso fin a un largo proceso que acompañó la tramitación de este expediente de libertad condicional. Pero nosotros, trabajadores y trabajadoras en el mundo de Derecho, queremos reseñar el desprecio al imperio de ley mostrado por algunos responsables políticos en sus declaraciones y alargar el foco desde el caso de Josu Uribetxebarria al de tantos presos y presas con enfermedades graves que están en las cárceles y que, de prevalecer algunos de los postulados retribucionistas y vindicativos escuchados en estos meses, verían comprometida la obtención de este derecho.
Las entrañas se nos estremecen cuando conocemos hechos tan difícilmente asumibles por la ciudadanía como los del caso Bretón. Son acontecimientos que nos unen de manera especial con quienes padecieron y están padeciendo en primera persona la violencia y la perversión de la que es capaz el ser humano. La empatía se antoja fácil, y todos, a una, reclamamos esa justicia, que se convierte casi en la única medicina posible para seguir viviendo, sobre todo para los más allegados. Y teóricamente todos reconocemos que por más que se castigue al que infringió el daño, nada puede hacer que se devuelva a la vida a dos seres inocentes. Pero aún así, vemos como la única salida que calma el profundo dolor, cargar lo más duramente posible contra el infractor, llegando incluso a pedir el mismo final para el victimario de su víctima. De ahí que, a primera vista, la cadena perpetua revisable sea el siguiente paso lógico a dar para endurecer una ley penal que parece no disuadir a aquellos que deciden actuar monstruosamente.
Ya está aquí la cadena perpetua. Nueva vuelta de tuerca del populismo punitivo. La nueva (trigésima y pico desde 1995) reforma del Código Penal no apunta nada nuevo pues sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social.
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El alcalde de Sevilla acaba de nombrar a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesor del grupo municipal del PP en el Consistorio hispalense, con una categoría de técnico medio y unas retribuciones de 36.000 euros anuales. En unos de los actos de la plataforma de apoyo a los niños desaparecidos en Córdoba, sus convocantes reconocieron que la infraestructura de la movilización se la proporcionó el Partido Popular de Córdoba. La delegada del Gobierno del PP en Madrid, Cristina Cifuentes ha declarado al diario ABC que “no tiene sentido que el sistema penitenciario esté enfocado a la rehabilitación del delincuente”. El Ministro Gallardón prepara una reforma del Código Penal que contempla la cadena perpetua en nuestro país bajo la eufemística denominación de “prisión permanente revisable”.
Carcelero, Carcelero, que te ofende el término de tu trabajo donde tu conciencia vendes y pactas por un poco de dinero…¡Puto carcelero!
Dice la Real Academia de la Lengua de todo aquel que custodia prisioneros.
¿Funcionario? Por tu puto salario del trabajo remunerado eres un carcelero asalariado que machaquea y tortura para tu puto estado.
¿Mi estado? Prisionero, civil y sin compromisos… “con vosotros” verdugos que os llaman en los telediarios, cuando hoy se refieren al maltrecho compañero “Josu” por vosotros exterminado.
En Estados Unidos hay 2 266 800 personas adultas encarceladas, según datos del año 2010 del Buró de Estadísticas de la Justicia, el 0,7 por ciento de la población; adicionalmente 4 933 667 estaban en probatoria o libertad bajo palabra, una suma que ubica al 3,1 por ciento de los adultos residentes en situación de vínculo con el sistema penitenciario, la mayor tasa de todo el mundo. En el 2008, el diez por ciento de esa población penal estaba condenada de por vida. Son datos que pueden encontrarse en la Internet y van diciendo bastante de un sistema que busca castigar, sin ahondar mucho en agravantes que incrementan el delito, como las desigualdades, la pobreza y la discriminación racial; y por otro lado, ese sistema no intenta la rehabilitación del reo, sino someterlo a dolorosas y hasta desproporcionadas penas y sufrimientos.
Hablaremos de una de ellas: la práctica bastante extendida del confinamiento en solitario, que provoca el repudio de grupos y activistas de los derechos humanos, los cuales, desde hace décadas, comenzaron a catalogar de tortura ese encierro en incomunicación, que en no pocas ocasiones tiene entre sus principales víctimas a prisioneros políticos, disidentes, reclusos rebeldes y condenados a cadena perpetua.