Según www.europapress.es: «Un funcionario de prisiones del establecimiento de Picassent (Valencia) ha aceptado este lunes en la Audiencia de Valencia cumplir un año de prisión y otros tres de inhabilitación para empleo, por pedir dinero a un recluso con la promesa de mejorar su situación penitenciaria.
El juicio contra
Las organizaciones sociales piensan que es «un reglamento que no cambia lo que tenemos. A pesar de que introduce cláusulas nuevas, están vacías de contenido». Y ademas «consolida el modelo policial de gestión y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas». También «supone un retroceso por ejemplo con las comunicaciones de las personas internadas con el exterior y las visitas».
Los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, son definidos por el Defensor del Pueblo como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se ingresa a ciudadanos extranjeros pendientes de que se ejecute su expulsión o devolución, estando sometidos a control judicial tanto la autorización del ingreso como el control del internamiento que tendrá una duración máxima de 60 días”.
Nos sumamos a la denuncia de la Coordinadora por la Prevención de la Tortura, ante la sistemática política de ocultismo de las muertes que se están produciendo en prisión. Con los últimos casos ocurridos, la Coordinadora por la Prevención de la Tortura indica que “ahora ya las muertes ni se notifican pasados unos días, ni aparecen en los medios de comunicación, sino que se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de presos en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas”. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Porqué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?
Según www.otrosi.net: «La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha convocado concentraciones de protesta para el próximo lunes ante las sedes judiciales de toda España para exigir la «inmediata» retirada del proyecto de Ley de Tasas impulsado por el Ministerio de Justicia y tramitado por vía de urgencia en el Parlamento.
El preso político de los GRAPO Marcos Martín Ponce sufrió una brutal paliza la mañana del miércoles 14 en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) al intentar obligarle a que se desnudara. Se defendió de la múltiple agresión, y al parecer un carcelero también está herido.
He perdido a mi hijo el día 3 de noviembre, en la cárcel de «Sevilla 1». Con solo 25 años.
Mi hijo falleció el día 3 de noviembre a las 3 de la mañana,en la cárcel «Sevilla 1». En el tanatorio de San Jerónimo estaba a las 4, pero a mí me llamaron de prisiones a las 6,45 horas, me dicen que ha muerto y que no saben qué ha pasado.
Le hacen la autopsia y la forense me dice que es de un edema pulmonar y que va a mandar a Madrid pruebas para ver qué le causó ese encharcamiento de pulmones, ya que está completamente sano, ni siquiera neumonía y que nunca ha padecido de corazón tampoco.
Entró en prisión por el robo de 4 móviles (llevaba 3 meses) el juez lo mandó a prisión sin fianza, y el fiscal le pedía 9 años y medio. Haré todo lo que pueda para defender los derechos de mi hijo, que desde que entró en prisión los perdió.
Estoy hablando con AFAPREMA y APDHA para ver si me pueden ayudar a saber qué pasó. Junto con mi abogado solicitaran al defensor del pueblo una investigación, aunque yo como madre me gustaría hacerlo saber a España entera y ponerme en la puerta de Sevilla 1 para que lo sepan todos los familiares de presos, porque mañana les pueden pasar a sus hijos
Según www.europapress.es :«El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará el próximo día 23 el debate sobre la vigencia de la «doctrina Parot'»después de que la reunión que sus 19 magistrados han celebrado este jueves haya finalizado sin ningún acuerdo, según informaron fuentes jurídicas.
Los magistrados han debatido durante cerca de tres horas sobre las consecuencias que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a España por alargar la estancia en prisión de la etarra Inés del Río tras aplicarle la «doctrina Parot» podría tener sobre otros 17 presos que se encuentran en una situación similar.
Sólo la mitad de los reclusos penitenciarios diagnosticados de hepatitis C está siendo tratado a día de hoy, tal y como han afirmado los expertos que están participando estos días en el IX Congreso Nacional, las XVI Jornadas y el I Congreso Internacional de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP).
Hoy (15 de noviembre) a las 11 horas ha tenido lugar una Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía, en la que abogados, entidades sociales y familiares de personas presas se han reunido al mismo tiempo que el Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía respondía a una pregunta en el Pleno, relativa a la suspensión de la defensa gratuita en las prisiones andaluzas (el llamado Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria – SOAJP) desde el pasado mes de mayo.
Los colectivos promotores (1) de la “Campaña por la Reanudación del Servicio de Asistencia Jurídica Penitenciaria YA” nos sentimos completamente defraudados. El Consejero falta al respeto a los abogados, colectivos sociales y personas presas al afirmar que éstos ya cuentan para ser defendidos con el Fiscal de Vigilancia Penitenciaria, El Juez de Vigilancia y el Defensor del Pueblo, que en Andalucía, por cierto, no tiene competencias sobre las prisiones.
Según Gara: «El Gobierno español asume que ni siquiera cumple con sus propios planes de Derechos Humanos a la hora de prevenir la tortura en las detenciones incomunicadas. Esta es la principal conclusión que se desprende del borrador del informe de seguimiento que fue presentado el pasado miércoles en el Congreso por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. La valoración corresponde al plan elaborado por el anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, cuya vigencia concluye en este mismo año. En principio, el actual Gabinete de Mariano Rajoy se ha comprometido ha poner en marcha un nuevo programa de acción, tal y como se recogió en una Proposición no de Ley presentada por el PNV en febrero. Una nueva iniciativa que no oculta el hecho de que, en cuatro años, apenas se ha cumplido la mitad de las 172 propuestas incluidas en el primer plan. Unos porcentajes que se reducen drásticamente en los apartados de «Libertad personal y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», que apenas llega al 35%, y a los Derechos Sociales, con un escaso 30%. El documento achaca estos déficits, entre otras cuestiones, a la «grave incidencia que la crisis económica y finaciera global» ha tenido en el Estado español. Además, reconoce que, pese a que en algunos casos «se han dado pasos para el cumplimiento formal» de estas medidas, «no se ha producido un cumplimiento efectivo de los objetivos perseguidos».
