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Tomado del Informe Anual De La Autoridad Catalana Para La Prevención De La Tortura 2013 donde puedes encontrar referencias a los demás centros de detención e internamiento de Cataluña.

Antecedentes

A principios del año 2012 la institución del Síndic de Greuges detecta un incremento de quejas presentadas por internos que denuncian que han sido objeto de maltratos físicos y psíquicos en el Departamento de Régimen Cerrado (DERT) y de Sancionados (DS) del Centro Penitenciario Brians 2.

Las quejas en cuestión están dirigidas a algunos funcionarios y también hacen referencia a determinadas irregularidades en el funcionamiento de estos departamentos.

Cada una de las quejas presentadas ha dado lugar a la apertura de un expediente con la correspondiente solicitud de información a la Dirección General de Servicios Penitenciarios.

Los cuatro presos del centro penitenciario de Menorca que el pasado miércoles iniciaron una huelga de hambre con el fin de exigir una investigación sobre los malos tratos que aseguran recibir por parte de algunos funcionarios de la cárcel pusieron fin ayer a la protesta, tal y como han confirmado fuentes cercanas a los reclusos.

El conflicto comenzó el pasado miércoles por la noche, cuando uno de los internos se personó en el comedor asegurando  que había sufrido un abuso físico por parte de alguno de los trabajadores del centro. Sus compañeros del módulo 2 decidieron solidarizarse con él negándose a cenar. Sin embargo, cuatro de los reclusos, fueron trasladados esa misma noche al módulo de aislamiento, donde permanecen desde entonces. En estas instalaciones, los internos pasan la mayor parte del tiempo en sus celdas, sin poder comunicarse entre ellos, y con tan sólo dos horas para salir al exterior.

La Fiscalía ha incoado diligencias informativas de investigación para averiguar si es cierto que en la prisión de Juan Grande (Las Palmas II) algunos presos dan palizas a otros internos bajo las órdenes de algunos funcionarios. El Ministerio Público investiga estos hechos después de que una denuncia de uno de ellos llegase a manos del fiscal responsable del área de Vigilancia Penitenciaria.

Desde el año 2003 había sido denunciado por al menos otros nueve presos

El juzgado de lo Penal Número Dos de Almería ha condenado a dos años y veinte meses de multa a un funcionario de prisiones, jefe de servicio, que había sido denunciado en numerosas ocasiones sin resultado judicial.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Federación Liberación, por hechos de los que tenían conocimiento por denuncias de las personas presas desde el año 2003, se personaron como acusación popular en un procedimiento judicial seguido en Sevilla contra dicho funcionario, y como acusación particular uno de los internos víctima de dicho funcionario, que finalizó en junio del 2008. En dicho procedimiento el Ministerio Fiscal formuló escrito de calificación en el que solicitó 3 años de prisión por cada uno de los delitos contra la integridad moral y la inhabilitación por el mismo período de tiempo (total 6 años) y las costas del juicio. El escrito señalaba que: