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Por Iñaki Rivera Beiras del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH)
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
El pasado 16 de julio de 2012 el Ministerio de Justicia hizo público un borrador de Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se pretende reformar -y ya van 29 reformas- el contenido de numerosos artículos del Código Penal, tan solo año y medio después de la entrada en vigor de la última modificación que afectó a 152 artículos del Código Penal, casi una cuarta parte de su total.
El gobierno está tramitando este Anteproyecto que afectará de forma muy negativa a la población inmigrante, intentando aplicar medidas más restrictivas respecto a la anterior reforma del 2010. Los artículos que afecta a esta población y sobre los que se quieren aplicar modificaciones son:
En primer lugar desde afapp-gz y los familiares de Noelia queremos agradecer todas las muestras de apoyo que hemos recibido, tanto de asociaciones como a nivel individual de muchas personas. La lucha por Noelia es una lucha por todas las personas presas que sufren las injustas políticas de encierro, políticas cada día más cuestionas que esperamos con la fuerza de todas cambiar.
EDITORIAL DE AFAPREMA:
Estos días que se habla tanto de la Constitución –ese papel mojado cuando se trata de aplicar con seriedad al ciudadano de a pie– los familiares de presos nos preguntamos a quién querrían tomar el pelo cuando redactaron el Artículo 25.2 que dice así:»Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Pero todos sabemos que solo un reducidísimo porcentaje de profesionales que trabajan por y para las cárceles creen en la reinserción y trabajan por ello, y que nada tiene que ver con las macrocárceles (que se asemejan más a un rentable negocio de las mismas empresas privadas de siempre). Las macrocárceles han sido construidas alejadas de los núcleos urbanos y muchas de ellas no tienen transporte público para que los familiares (madres, hijos, abuelos, amigos…) puedan ir a ver a su ser querido, como por ejemplo en Madrid, la cárcel de Aranjuez, que sigue sin transporte. En Andalucía, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) entregó ayer 3.610 firmas en el Registro del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para pedir que se habilite un servicio público de autobuses a las tres cárceles existentes en el término municipal. Tanto dicha asociación como la Pastoral Penitenciaria viene reclamando que se habiliten líneas de transporte público a las prisiones andaluzas. La Apdha recuerda que unas tres mil personas cumplen condena en las cárceles portuenses «que están alejadas del centro urbano y donde no llegan ningún servicio público de transporte, por lo que las personas que tienen familiares en prisión deben abonar cantidades elevadas en taxi para poder visitar a sus familiares».
Ponente: Eduardo Parra Iñesta (Doctorando en Historia, Departamento de Historia, Facultad de Letras, Universidad de Castilla-La Mancha)
El próximo lunes 6 de mayo comienza el juicio en el que nueve funcionarios de prisiones se enfrentan a un juicio acusados de haber cometido graves torturas a un grupo de unos cuarenta presos tras los incidentes que tuvieron lugar en la prisión de Quatre Camins el 30 de abril de 2004. Nueve años después de los hechos se celebrará un juicio por unos hechos que para las organizaciones de derechos humanos y de apoyo a personas privadas de libertad supone uno de los capítulos más graves de vulneración de derechos humanos de la historia reciente.
Es por ello que la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, conjuntamente con un gran número de colectivos sociales y de derechos humanos, convocamos a la ciudadanía a una manifestación que pretende ser un posicionamiento colectivo contra la práctica de la tortura, los malos tratos institucionales y contra la impunidad.
Entrevista a Joaquín Manrique, preso en lucha, desde la cárcel de Brians 2
El absoluto abandono sanitario no es una situación anómala dentro de las cárceles del Estado. Las precarias condiciones materiales existentes y el doble rol en que se inmiscuyen lxs encargadxs de dar atención médica a lxs presxs (aquél de médico y aquél de funcionario carcelero) convierten el ámbito de la salud en un dispositivo más del engranaje punitivo, de control y de tortura que representan las cárceles. “La negligencia es la norma”, afirma Joaquín Manrique, que es un claro ejemplo de cómo la salud de lxs presxs viene utilizada como método sancionador. Se encuentra en el módulo de enfermería de la prisión de Brians 2, su estado de salud es muy delicado y necesita con urgencia tratamientos y medicinas específicas. El hecho de haber mantenido un rol políticamente activo desde el interior de la cárcel -participando en la Campaña Cárcel=Tortura a través de la denuncia de situaciones de maltrato, vividas principalmente en el penal de Lledoners- le ha supuesto que el personal médico haya atendido sus necesidades de salud de forma absolutamente deficitaria, cuando no nula.Descartando cualquier pseudo-función de las prisiones como lugares con objetivos de reinserción y de resocialización, es evidente que la cárcel es, por esencia, una institución a la cual compete la administración del castigo, del sufrimiento y de la tortura. De esta manera, el encierro y el control absoluto sobre el cuerpo de las personas presas −condiciones desnaturalizadoras y enajenantes del ser humano− adquieren un efecto devastador en la salud física y mental de lxs presxs. Dicho de otra forma, la prisión es una maquinaria de tortura que provoca un sinfín de enfermedades, y, siendo el sufrimiento su propósito, la enfermedad es una condición que le permite justificarse y auto-perpetuarse.
NOTA: El martes, 16 de abril,Gabriel pasó ante la Audiencia Nacional. No declaró nada sobre los hechos de los que está acusado en Italia. Así que sólo se trató de la validez de la Orden de detención europea en su contra. Los argumentos presentados por la defensa fueron acogidos por el Tribunal y resulta que la Euroorden no puede ejecutarse por el momento. Por ahora no hay plazos para una próxima audiencia.
Octavilla escrita para diversas iniciativas públicas de apoyo a Gabriel Pombo da Silva en España
El 13 de junio de 2012, después de diferentes operaciones contra otros compañeros, el Estado italiano lanzó una ola represiva contra decenas de anarquistas, denominada «Ardire», llevando a cabo 40 registros, 24 imputaciones y 8 encarcelamientos. Esta vez, iba a darle incluso una dimensión suplementaria, inculpando además a compañeros ya encarcelados en varios países europeos, como Grecia, Suiza y Alemania. Como de costumbre, el Estado pretende ver su rostro autoritario en la sonrisa de sus enemigos irreductibles, construyendo por ejemplo roles de líderes, ejecutantes y de coordinadores en el seno de una enésima «asociación terrorista», allí donde hay afinidades, correspondencia con presos, lucha y voluntades de pelear. Es así que Gabriel Pombo da Silva y Marco Camenish, encarcelados durante largos años, se encuentran en esta investigación tras una huelga de hambre internacional llevada a cabo en diciembre de 2009, tratados como «símbolos y puntos de referencia de un nuevo proyecto subversivo», del cual serían «los ideólogos y los propulsores».
Desde que se aprobara en 1995 el Código Penal vigente, éste ha sufrido veintinueve reformas. Ello no deja de ser preocupante, por cuanto uno de los requisitos que han de cumplir las normas penales es su estabilidad. Un proceso de reforma casi permanente de una legislación cuya aplicación tiene tan graves consecuencias pone en riesgo la seguridad jurídica imprescindible en una sociedad. Si bien es cierto que las normas han de adaptarse a los tiempos, evolucionar para reflejar los principios y valores de la comunidad y dar respuesta a las necesidades de ésta, no es aceptable en un Estado de Derecho que el Código Penal se convierta en un texto programático, que traduzca los postulados del gobierno de turno respecto de acontecimientos coyunturales.