EDITORIAL DE AFAPREMA:
Estos días que se habla tanto de la Constitución –ese papel mojado cuando se trata de aplicar con seriedad al ciudadano de a pie– los familiares de presos nos preguntamos a quién querrían tomar el pelo cuando redactaron el Artículo 25.2 que dice así:»Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Pero todos sabemos que solo un reducidísimo porcentaje de profesionales que trabajan por y para las cárceles creen en la reinserción y trabajan por ello, y que nada tiene que ver con las macrocárceles (que se asemejan más a un rentable negocio de las mismas empresas privadas de siempre). Las macrocárceles han sido construidas alejadas de los núcleos urbanos y muchas de ellas no tienen transporte público para que los familiares (madres, hijos, abuelos, amigos…) puedan ir a ver a su ser querido, como por ejemplo en Madrid, la cárcel de Aranjuez, que sigue sin transporte. En Andalucía, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) entregó ayer 3.610 firmas en el Registro del Ayuntamiento del Puerto de Santa María para pedir que se habilite un servicio público de autobuses a las tres cárceles existentes en el término municipal. Tanto dicha asociación como la Pastoral Penitenciaria viene reclamando que se habiliten líneas de transporte público a las prisiones andaluzas. La Apdha recuerda que unas tres mil personas cumplen condena en las cárceles portuenses «que están alejadas del centro urbano y donde no llegan ningún servicio público de transporte, por lo que las personas que tienen familiares en prisión deben abonar cantidades elevadas en taxi para poder visitar a sus familiares».
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