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Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
A pesar de la petición expresa de adoptar medidas cautelares para evitar la obstrucción a la investigación de la muerte de Alik, el ciudadano armenio que fue encontrado muerto en las dependencias del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de zona Franca (Barcelona), este fin de semana la Delegación del Gobierno en Cataluña ha ordenado la deportación de dos de los testigos clave del caso.
Los abogados de Cerremos los CIE y Migrastudium presentaron el pasado jueves por la mañana un escrito al juzgado de vigilancia del CIE –juzgado de instrucción 30– y otro en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona –encargado de hacer el levantamiento del cadáver de la víctima y donde se han abierto las diligencias de investigación–, en el que pedían explícitamente que se acordara la declaración como testigos de varios reclusos del centro de internamiento de extranjeros que habían sido testigos de la agresión policial a Alik antes de ser trasladado a la celda de aislamiento y que pudieron oír los gritos y gemidos del hombre durante las horas previas a su muerte. Dos de ellos ya no podrán testificar, porque ya no están en el CIE Zona Franca. La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía española les ha deportado a lo largo del fin de semana. Estas dos personas eran clave para esclarecer los hechos, ya que habían oído con nitidez desde su celda los gritos de la víctima poco antes de morir.
El número de presos en Estados Unidos se ha multiplicado por seis en 30 años, lo que se traduce en 2 millones de personas, la mayor población carcelaria del mundo. La mitad de los reclusos son inmigrantes indocumentados en manos de las cárceles privadas o “correccionales”. Con la externalización de las prisiones, grandes empresas del sector ya han creado su negocio: a más presos, más beneficios. Cuanto más tiempo se queden los reclusos entre rejas, más dinero de los contribuyentes irá a los bolsillos de las grandes corporaciones. Este sistema penitenciario antepone así el castigo a cualquier programa de reinserción social.
Entre los días 5 a 8 de diciembre nos hemos reunido en Madrid colectivos de todo el Estado en lucha contra las políticas migratorias españolas y europeas para exigir el cierre de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
En los CIEs se encierra cada año a miles de personas inmigrantes por el simple hecho de no tener papeles. La muerte esta misma semana del ciudadano de origen armenio Aramis Manukyan en el CIE de Zona Franca (Barcelona) engrosa la trágica lista de víctimas mortales de estas cloacas racistas del Estado. Decenas de informes detallan las flagrantes vulneraciones de derechos humanos dentro de sus muros. Entre ellas, la violencia específica sufrida por las mujeres migrantes y el encierro sistemático, también, de mujeres víctimas de trata.
Hablamos de la complicidad de la izquierda y la derecha de la partitocracia española en la política de endurecimiento penal, de las últimas muertes de personas en manos de la policía, de la «sustitución» de condenas por expulsión para los sin papeles, del guerrero lakota prisionero político Leonard Peltier y de otros temas de la actualidad carcelaria y represiva.
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A mis amigxs, hermanxs y/o compañerxs
Aún recuerdo como si fuese ayer mismo el día qué ¡por fin!, abandoné (expulsado) ese frío sepulcro aséptico y hermético que fue la prisión de máxima seguridad de Aquisgrán (Aachen) en Alemania…
El 16 de Enero (2013) llegué al Aeropuerto de Barajas (Madrid) escoltado por la Interpol; y de allí me condujeron a los Juzgados de Plaza Castilla; no sin antes haber sido fotografiado (con especial interés en el pecho pues esperaban, en vano, encontrar tatuado el acrónimo de la FAI/FRI), “tocado el piano” (sacar huellas digitales) para cerciorarse que, efectivamente, era yo…
Debo decir que hubiese debido abandonar Alemania en Diciembre y/o Noviembre; pero esto se vio repentinamente “bloqueado” dado que la República de Italia había interpuesto una “OEDE” ante la Bundesanwaltschaft de Karlsruhe con la intención de extraditarme por lo relativo a la “Operación Osadía”…
Por “fortuna” (o por el hecho de ser jurídicamente “ciudadano español”, reclamado por una OEDE presentada con anterioridad por este país) los “Digos” italiotas tuvieron que “quedarse con las ganas” (momentáneamente…), cuando el alto Tribunal alemán (tras varias “gestiones” jurídico-policiales) decidió que las “acusaciones indiciarias” vertidas contra mi persona por el R.O.S eran (y son) insuficientes como para concederle a la República italiana mi extradición.
SOBRE LAS DETENCIONES DEL PASADO 28 DE NOVIEMBRE EN MADRID
El pasado jueves 28 de noviembre varias personas de Madrid éramos secuestradas por el Estado acusados de haber participado en los enfrentamientos con miembros de una organización fascista el pasado 20 de noviembre en el trascurso de una manifestación antifascista en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho. Miembros del cuerpo policial de la Brigada de Información se presentaban en nuestras casas con órdenes de arresto, en muchas casos sin explicarnos siquiera el motivo de nuestra detención o con un desmesurado despliegue policial para sembrar el temor entre nuestros vecinos y vecinas.
A partir de ahí, el espectáculo mediático daba comienzo comandado por la Delegada del Gobierno Cristiana Cifuentes. Los medios de comunicación de distinta cuerda editorial no dudaron en hacerse eco de las informaciones difamatorias y criminalizadoras de la policía y de los responsables políticos contra nosotros. Rápidamente, la mediática figura del «antisistema» o la «extremaizquierda» era sacada a escena con el fin de criminalizar, allanar el camino a la represión e invalidar cualquier práctica de lucha y resistencia contra este podrido sistema y sus representantes. Medios de comunicación y policía jugaron de nuevo un único y común papel represivo para defender los pilares de este sistema.
Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere impulsar el Gobierno aumentaría “la indefensión de los ciudadanos ante los excesos de la policía” y reclamó al Ejecutivo que consulte a las organizaciones antes de poner en marcha “medidas que recortan derechos”, como el de reunión pacífica y el de la libertad de expresión.
En este sentido, se mostró preocupada por que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “amplíe aún más los poderes discrecionales de la policía” y señaló que las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que la norma pretende “proteger a la policía” no debe ser una justificación para restringir el derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión.
El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, subrayó que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, durante el año pasado se celebraron 14.721 concentraciones o manifestaciones y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en 103 ocasiones por actos violentos, “sólo en el 0,7% de los casos”. “¿Justifican estos datos la restricción del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión para proteger a la policía?”, se preguntó.